Faltando un poco más de 10 meses para los comicios parlamentarios de marzo de 2018 hay cuatro marcos circunstanciales que priman en el inicio de la campaña.  

En primer lugar, que no hay certeza sobre cuáles serán las reglas del juego que se piensan aplicar en estas elecciones, ya que, de un lado, no se han terminado de concretar los cambios que se impondrán por cuenta del acuerdo de paz con las Farc para su activación como partido político y, por otro, está cocinándose una reforma política y electoral de más amplio espectro que no se sabe si alcanzará a ser aprobada este año y tampoco si, aun teniendo el visto bueno del Congreso, sus efectos entrarán en vigencia para los comicios presidenciales y parlamentarios de 2018.

En cuanto a lo primero, ya el Congreso aprobó sendos proyectos en los que da vía libre a la creación del partido político en que deben transformarse las Farc una vez terminen su proceso de desarme y movilización. Un partido que tendrá varias prerrogativas en materia de financiación, herramientas logísticas, medios de comunicación propios y  excepción en materia de umbral electoral mínimo, entre otras.  

Así mismo, también por medio del ‘fast track’, se dio vía libre en el Congreso al proyecto por medio del cual se autoriza la creación de 10 curules, cinco en Senado y cinco en Cámara, para los comicios de 2018 y 2022, que le serán otorgadas a las Farc de manera semiautomática. Es decir, que la guerrilla deberá presentar candidatos a ambas cámaras legislativas y someterse a las urnas, pero si no logra los votos suficientes para conquistar esas 10 curules, estas de todos modos se le otorgarán como excepcionalidad a una facción armada que aceptó abandonar la guerra y hacer política sin armas.

A lo anterior se suma que el Gobierno presentó esta semana otro proyecto de acto legislativo que crea 16 curules en la Cámara, a elegir mediante circunscripciones especiales en igual número de zonas del país especialmente afectadas por el conflicto armado. A competir por estos escaños no podrán presentarse candidatos de los partidos políticos tradicionales ni el de las Farc, aunque se teme que unos y otro puedan acudir a movimientos alternativos y de fachada para tratar de adueñarse de varias de esas curules.

Así las cosas a 10 meses de los comicios parlamentarios las curules en el Senado ya van en 107 y las de la Cámara suman 187. Lo que implica, de entrada, que el 11 de marzo de 2018 se escogerán ya no a 268 senadores y Representantes sino a 294 ‘padres de la Patria’.

La otra reforma

Pero los cambios políticos y electorales no vienen solo por el lado del acuerdo de paz con las Farc, sino que también se piensa tramitar un proyecto de reforma política electoral aparte, pero todavía no se sabe si será vía ‘fast track’ o por procedimiento ordinario.  

Como se sabe en el acuerdo de La Habana se pactó crear una Misión Electoral Especial compuesta por expertos nacionales e internacionales con el fin de que proyectaran las bases de una reforma estructural al sistema político, partidista, electoral e incluso de jurisdicción. 

Esa Misión trabajó en tiempo record y a mediados del mes pasado ya le presentó al Gobierno un informe con sus recomendaciones, las que generaron una gran cantidad de reacciones encontradas.

La Misión recomienda crear una jurisdicción electoral independiente, en la que los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado -que hoy definen los procesos de pérdida de investidura y todos los pleitos electorales- serían los llamados a conformar la primera Corte Electoral. De igual manera el Consejo Electoral sería la autoridad responsable de la vigilancia y control de los partidos políticos y de los procesos electorales.

La Misión también recomienda que las listas al Senado continúen siendo de circunscripción nacional, pero que sean cerradas y bloqueadas, lo que implica entonces que todos los partidos solo podrían presentar una plancha de candidatos y se acabaría el voto preferente.

Para la Cámara plantean un sistema mixto de circunscripciones plurinominales departamentales, pero también por distritos uninominales. Las primeras tendrían listas cerradas y bloqueadas, y los segundos candidaturas unipersonales. También aumentaría el número de parlamentarios a 173. Es decir que plantean crear otras siete curules. 

De este proyecto de reforma se ha dicho que el Gobierno lo viene consultando con todos los partidos políticos en busca de un consenso para presentarlo al Congreso en este mismo mes. Incluso el titular de la cartera del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que la iniciativa podría radicarse al amparo del ‘fast track’, lo que implicaría que podría estar aprobado en cuestión de dos o tres meses, aunque muchas colectividades no son amigas de acudir a la vía rápida legislativa.

Sin embargo, a la posibilidad de una reforma política y electoral le han salido muchos peros. De un lado, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado se oponen a la creación de una jurisdicción electoral. De otra parte, varias colectividades han advertido que faltando 10 meses para los comicios no tiene presentación alguna plantear una reforma política y electoral que, al ser tramitada por la vía rápida legislativa, tendría que entrar en vigencia en esas elecciones. Advierten, en consecuencia, que no se pueden cambiar las reglas del juego electorales en medio de la campaña.

También se ha dicho que faltando 15 meses para que termine el segundo mandato del presidente Santos no hay tiempo ni margen de acción política para tramitar un proyecto de reforma política y electoral que no solo modifique la mecánica partidista y la forma de postulación de los parlamentarios, sino que además cambiaría de forma radical lo que tiene que ver con la financiación de las campañas, más aún porque la Casa de Nariño insiste en que por los dos próximos períodos la actividad proselitista sea sufragada única y exclusivamente por el Estado, prohibiendo cualquier aporte de personas naturales y jurídicas. 

Esto último, como se sabe, se plantea en reacción al escándalo por la infiltración de dineros de la cuestionada multinacional brasileña Odebrecht  en las campañas presidenciales de 2010 y 2014 tanto del uribismo como del santismo.

Y como si todo lo anterior fuera poco, ya hay en el Congreso varias iniciativas aumentando los castigos por delitos electorales, así como otras relacionadas con la financiación  de las campañas o las sanciones a los partidos cuyos candidatos resulten procesados y condenados penal, disciplinaria y fiscalmente. 

Stand by presidencial 

A 10 meses de la cita en las urnas para escoger a los 294 congresistas, otro de los elementos que se está atravesando en la campaña parlamentaria tiene que ver con la incertidumbre que está generando la demora de muchos partidos para definir las reglas del juego con que escogerán su respectivo candidato único presidencial.

Como se sabe, salvo el Polo Democrático, que tendrá como candidato al senador Jorge Enrique Robledo, el resto de las colectividades gobiernistas, independientes y de oposición todavía debaten el cómo y cuándo de la mecánica para elegir a su aspirante en la contienda por la Casa de Nariño. 

El Centro Democrático, precisamente, citó este fin de semana a una convención descentralizada con el fin de avanzar sobre este tema. Sin embargo en las toldas uribistas hay incertidumbre porque mientras Oscar Iván Zuluaga continúa con su campaña suspendida, tras salir salpicado en el escándalo de Odebrecht, por lo menos tres nombres de senadores siguen sonando en el ramillete de precandidatos, como es el caso de Iván Duque, María del Rosario Guerra y Paloma Valencia. Es claro que mientras no se esclarezca cómo se va a escoger al candidato, si es por consulta, convención o aclamación, al Centro Democrático le quedará difícil definir cómo será su lista cerrada al Senado para marzo de 2018 y quiénes la integrarán.

Igual pasa con los liberales, que sólo en la última semana de julio tendrán su convención interna para definir este mismo asunto, lo que resulta clave para dirigentes como el senador Juan Manuel Galán, que ya anunció su precandidatura presidencial pero que está pendiente de que su partido fije las reglas del juego de una campaña en donde es muy posible que su principal contendor por el tiquete sea el ex vicepresidente  Humberto De la Calle.

Lo mismo ocurre en las toldas del Partido Conservador en donde tampoco se ha establecido cómo se escogerá candidato presidencial, lo que mantiene en vilo las posibles aspiraciones de la excandidata Marta Lucía Ramírez o el ex procurador Alejandro Ordóñez. También genera ruido en los predios azules la discusión que se viene dando en torno a si el partido debe mantenerse dentro del Gobierno o, por el contrario, salirse del todo, lo que implicaría entregar los ministerios y otros altos cargos a nivel nacional y regional, maniobra que impactaría fuertemente la posibilidad de muchos senadores y representantes para retener sus curules en  los comicios de marzo próximo. 

La U tampoco se escapa a esta coyuntura y todavía no tiene fecha para definir quién será y cómo se escogerá su candidato presidencial. Esto último interesa de forma primordial al precandidato y hoy senador Roy Barreras, quien tras oficializar su aspiración semanas atrás urgió a otros dirigentes como el embajador Juan Carlos Pinzón o el ministro Aurelio Iragorri a que renunciaran a sus cargos y se lanzaran al agua. 

En las todas de la Alianza Verde tampoco hay todavía una decisión al respecto, pese a que su principal precandidata, la hoy senadora Claudia López, le ha venido ganando terreno en las encuestas al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano. Semanas atrás se venía pensando hacer una alianza que fuera encabezada por él, pero a la luz de los últimos sondeos de opinión esa posibilidad se está reconsiderando.

Incluso en Cambio Radical, cuyo candidato presidencial se sabe que será Germán Vargas Lleras, también hay pulsos internos entre quienes prefieren integrar las listas al Senado y Cámara, y otros que, confiados en un posible triunfo en la puja por la Casa de Nariño, prefieren reservarse para un eventual alto cargo en ese gobierno.

Como se ve, mientras no se aclare el panorama del arranque de la campaña presidencial, los mecanismos de selección de los candidatos y el mapa de las posibles alianzas y coaliciones, la campaña para el Congreso se mantendrá con muchas dudas a bordo, sobre todo por los varios congresistas que hoy figuran como precandidatos pero que, de no competir por la sucesión de Santos, bien podrían ser los cabezas de lista a esta corporación legislativa.

Cambio de tercio 

A comienzos de este año la mayoría de los analistas coincidían en que el tema de la implementación del acuerdo con las Farc sería, de lejos, el que concentraría la campaña para el Congreso. Se apostaba porque se generarían bloques de partidos y candidatos a favor de respaldarlo cien por ciento y, en la otra orilla, otros tantos buscando el apoyo popular para introducirle correctivos  a lo pactado con la guerrilla. Sin embargo, cursando ya la primera semana del quinto mes de 2017, el panorama político y electoral ha cambiado.

En primer lugar, si bien es cierto que el país se mantiene polarizado alrededor del santismo y uribismo, y por esa vía en torno al pulso entre contradictores y partidarios del acuerdo con las Farc, en la opinión pública hay otros temas que han empezado a ganar terreno y convertirse en las principales preocupaciones a corto y mediano plazos.

Es así como tras los escándalos de Odebrecht y Reficar, para la ciudadanía más importante que el tema de la paz es hoy por hoy el de la lucha contra la corrupción. Esto implica un gran reto para la campaña electoral al Congreso, no solo porque esta institución continúa siendo una de las más desacreditadas en el país y de las que menos confianza genera, sino porque las encuestas evidencian que esas mismas descalificaciones recaen sobre la mayoría de los partidos y movimientos políticos, ya sean gobiernistas, independientes o de la oposición.  

Es decir que el gran reto hoy para los que busquen repetir curul o conquistar una por primera vez será la capacidad que tengan para proponer planteamientos válidos y creíbles para acabar con la corrupción, el desgreño administrativo y la percepción de que en Colombia todos los políticos ven al Estado, no como una oportunidad para servir a los demás, sino como un botín.

La crisis económica también está hoy en el top de las preocupaciones  de los colombianos, no solo por el apretón que están sufriendo todas las familias en materia de gastos e ingresos, sobre todo después de la entrada en vigencia de la reforma tributaria, sino porque hay una ola de pesimismo nacional muy marcada sobre el rumbo del país.

La principal prueba de ello son las encuestas que señalan que la desfavorabilidad presidencial y la descalificación de la gestión gubernamental se encuentran en rubros superiores al 75 por ciento, poniendo de presente el poco margen de acción política real del Jefe de Estado. 

Como se ve, faltando 10 meses para las elecciones parlamentarias estos cuatro escenarios circunstanciales descritos están marcando el arranque accidentado de una campaña en la que hoy son inciertas las reglas del juego para escoger 294 curules, la contienda presidencial se está atravesando en la estrategia parlamentaria de los partidos y las banderas de la anticorrupción y del salvavidas económico están desplazando a la paz como principal foco de los discursos políticos y, sobre todo, de las expectativas de los electores sobre a quién premiar o castigar con el voto.