Hay tres circunstancias que son evidentes tras lo ocurrido con el paro cívico en Buenaventura. En primer lugar, más allá de los desórdenes, saqueos, y otras alteraciones de orden público que se presentaron el fin de semana, que los propios líderes de la protesta rechazaron enfáticamente, la mayoría del pliego de peticiones no tiene nada de nuevo. Es decir, se trata de las mismas quejas que por años e incluso décadas han expuesto los habitantes de esta región.   

La de Buenaventura, entonces, termina siendo una situación de crisis social, política, económica e institucional similar a la que han denunciado de manera reiterada otras poblaciones del Pacífico colombiano, como Quibdó y Tumaco. No hay que llamarse a engaños: el Estado ha incumplido, en gobiernos sucesivos, una y otra vez las promesas de inversión social y resolución de las problemáticas estructurales de toda esta región. No es casualidad que las mayores tasas de pobreza y desigualdad estén, precisamente, ubicadas en la región Pacífica. 

En segundo lugar tampoco puede esconderse que si bien hay una justificación clara al paro cívico en la ciudad portuaria, se perciben también asomos de manipulación política y oportunismo electoral entre algunos de los líderes de las protestas. 

Y, en tercer lugar, está sobre la mesa el eterno y desgastado, pero no por ello ajeno a la verdad,  debate en torno a qué  tanto las esferas regionales y locales del poder en Buenaventura  y el Valle del Cauca también tienen una alta cuota de responsabilidad sobre las problemáticas de vieja data de una población que ha sido blanco en los últimos años de la guerra a muerte entre milicias subversivas, bandas criminales, pandillerismo, narcotráfico y todo un universo  delincuencial que tiene en la pobreza y la exclusión social un caldo de cultivo que les permite a los violentos afincarse y dominar a sangre y fuego vastos sectores del puerto. 

El problema entonces radica ahora no tanto en lo que se pueda pactar para levantar la actual protesta, sino en cuáles van a ser las nuevas garantías del Estado para esta vez asegurar el cumplimiento de los compromisos de vieja y nueva data. Ese, en realidad, es el elemento central para la resolución de la crisis en el principal puerto que tiene Colombia sobre el Pacífico. 

El Gobierno debe ser consciente de que en Quibdó y Tumaco así como en otras poblaciones que también han realizado recientemente protestas, se  tiene el ojo puesto sobre la forma en que termine enfrentándose desde el Ejecutivo la protesta en el puerto.  Es apenas claro que la respuesta debe ser una negociación con metas y cronogramas  claramente establecidos, y debe evitarse lo más posible caer en actos de provocación  que lleven a un enfrentamiento  abierto con la ciudadanía.  Para ello es clave alcanzar algunos pactos iniciales en torno a que los propios manifestantes denuncien a los infiltrados y saboteadores. 

De otro lado es más que evidente que el país va rumbo a un clima social bastante exaltado, por cuenta de múltiples paros y manifestaciones que se han anunciado en distintos frentes. A la protesta de los profesores, la semana pasada, se sumará la de los trabajadores de la rama judicial, también la de los funcionarios públicos que presionan el aumento salarial, al tiempo que desde sectores de los camioneros, los taxistas, los recicladores, y varias organizaciones campesinas se ha advertido que podrían hacer movilizaciones en el corto tiempo. No es extraño que esto suceda precisamente cuando arranca la precampaña electoral para el Congreso, porque algunos movimientos sociales y sindicatos aprovechan para perfilar a ciertos de sus líderes como eventuales candidatos a Senado y Cámara. 

En medio de un panorama económico tan preocupante, a tal punto que el crecimiento del PIB en el primer trimestre fue de un pobrísimo 1,1 por ciento, es obvio que los sucesivos paros amenazan con afectar aún más el lento proceso de reactivación  productiva. Por ello es urgente que la Casa de Nariño y todo el Gabinete se muevan con rapidez para neutralizar la mayor cantidad posible de estas protestas y evitar así un impacto negativo  sobre distintos sectores económicos.  

Como se ve, la protesta de Buenaventura no se puede analizar como un caso aislado, sino dentro de un contexto mucho más amplio en el que el clima social está cada vez más exasperado y pareciera que se le sale de control a un Gobierno que no solo tiene una aguda crisis de favorabilidad, sino que a veces parece distraído cien por ciento en temas como los de la paz, que si bien es de suma importancia no es el único urgente en la agenda nacional.