El próximo jueves se levanta la reserva sumarial que la justicia de Brasil acordó, a finales de diciembre pasado, con los 77 ex directivos de la multinacional Odebrecht que confesaron el qué, cómo, cuándo, dónde, quién y para qué de la cadena de multimillonarios sobornos y tráfico de influencias que la cuestionada empresa pagó a lo largo de la última década en más de once naciones, la mayoría latinoamericanas, para hacerse a contratos de obra pública. La expectativa en todos esos países es muy alta. Ya en marzo pasado sus respectivos fiscales y autoridades judiciales se reunieron con la Procuraduría brasileña y acordaron una serie de mecanismos para el intercambio de dicha información, bajo la tutela previa de la Corte Suprema local. Perú y República Dominicana se adelantaron al respecto, en tanto que Panamá, Bolivia, Venezuela,  México, Portugal, Argentina y Ecuador han avanzado sus propias pesquisas en espera de que este 1 de junio puedan acceder a los expedientes que ayuden a completar los acervos probatorios que ya tienen. 

Colombia, como lo afirmara el fiscal general Néstor Humberto Martínez, ha sido el país que más lleva adelantada la tarea, al punto que en estos momentos el expediente madre sobre el escándalo Odebrecht tiene más de 13 flancos de investigación distintos que toman cuerpo más estructurado a medida que avanzan los interrogatorios, contrastación de datos materiales, descubrimiento de las rutas que siguieron los dineros, admisión de confesiones, acuerdos con los sindicados para allanarse a los respectivos cargos y el intercambio de información con otras naciones. No es exagerado, por tanto, concluir que Colombia es en donde las investigaciones han abarcado la mayor cantidad de indiciados e incluso con la perspectiva cercana de las primeras condenas al tener a algunos de los capturados confesando sus delitos y dispuestos a convertirse en testigos de cargo contra otros involucrados en casos como los sobornos para el contrato de la Ruta del Sol II y el otrosí para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra. 

A la par de la tarea de la Fiscalía, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió investigaciones preliminares a varios congresistas y ex congresistas, en tanto que dos ex ministras de este gobierno están en la mira. La Procuraduría también inició investigaciones disciplinarias al más alto nivel y ha citado a descargos a un número importante de ex funcionarios y particulares, con miras a formular en poco tiempo los primeros pliegos de cargos. La Contraloría, a su turno, impulsa procesos fiscales para establecer las cuotas de responsabilidad en el detrimento del erario dejado por la cadena de sobornos y tráfico de influencias, que muy seguramente se tradujeron en sobrecostos y otras afectaciones a la administración pública. Y, como si lo anterior fuera poco, el Consejo Nacional Electoral lleva las investigaciones sobre la infiltración de dineros de Odebrecht en las campañas presidenciales de 2010 y 2014, casos que han retumbado no solo en el arranque de la contienda por la Casa de Nariño de cara al 2018, sino que además se convirtieron en un elemento más que contribuyó a profundizar la crisis de imagen y favorabilidad que afecta al Presidente de la República. 

¿Qué puede pasar a partir de este 1 de junio? Como se dijo las investigaciones penales, disciplinarias, fiscales y administrativas avanzan a buen ritmo, incluso en un ejercicio de colaboración interjurisdiccional que no se veía hace tiempo, lo que resulta muy positivo para un país que está jugado en una cruzada contra la corrupción, en donde al lado del caso Odebrecht hay otros de no menor gravedad como Reficar o los desfalcos a la salud y las regalías. Lo que se conozca este jueves permitirá acelerar la estructuración de todos los  procesos. Es apenas claro que los 77 ex directivos de la cuestionada multinacional están obligados a decir toda la verdad sobre sus modus operandi y cómplices en cada país en donde pagaron multimillonarios sobornos a funcionarios públicos y particulares. Si ocultan algún tipo de información, entonces tanto la empresa como sus propios ex empleados corren el riesgo de perder los beneficios penales y los acuerdos económicos que lograron tras su arreglo con la justicia estadounidense y brasileña. En el caso de Colombia aún hay muchas zonas grises del escándalo, cómplices que no se conocen, la ruta que siguieron los sobornos, la forma en que se triangularon y repartieron, o cómo y a quién le entraron los recursos para las campañas presidenciales de 2010 y 2014, y qué tanto sabían los candidatos sobre esa práctica delictiva… Que se abra, pues, la caja de Pandora.