Sin duda alguna uno de los desafíos principales, si no el que más, en la etapa del posconflicto es el de recuperar el control territorial del Estado, sobre todo en aquellas zonas en donde las Farc delinquieron y dominaron a sangre y fuego. Tras la concentración del pie de fuerza de esta facción subversiva en 26 zonas veredales y campamentarias, a comienzo de este año, se había advertido que era urgente que la Fuerza Pública entrara a ocupar de manera decidida y permanente las regiones que quedaban ‘libres’, al ser evidente que otros actores violentos entrarían a disputárselas. Sin embargo lo que se ha venido evidenciando y denunciando en muchos municipios y departamentos es que guerrilleros del Eln, disidentes de las propias Farc, bandas criminales organizadas así como carteles del narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal han empezado a ocupar a la fuerza algunos de los principales corredores que antes utilizaba la hoy facción insurgente en vía de desarme y desmovilización. 

A este peligroso fenómeno se debe, precisamente, el rebrote de los índices delictivos en distintas regiones e incluso nuevos casos de desplazamiento forzado, asesinatos selectivos de civiles, ‘ajustes de cuentas’, secuestros, extorsiones y hasta la racha de ataques contra la Fuerza Pública y la muerte de decenas de líderes sociales y activistas de derechos humanos.

Uno de los departamentos en donde la situación es más crítica es, sin duda, Chocó. Allí el Eln y las bandas criminales, especialmente el llamado ‘Clan del Golfo’ se han lanzado a una guerra sin cuartel, no solo entre ellos sino contra las comunidades de muchos poblados que pensaban que tras la salida de las Farc de sus territorios ahora sí tendrían algo de tranquilidad. Sin embargo, la violencia no ha disminuido sustancialmente y, por el contrario, en algunos casos se ha incrementado, con las consecuentes tragedias humanitarias.

Ante semejante crisis el Estado, en su conjunto, debería declarar al Chocó como el departamento piloto para aplicar de manera urgente toda la política integral del posconflicto. Una estrategia, que, en primer lugar, implique la inmediata movilización de destacamentos militares y policiales con la misión de copar todo el territorio, no solo en lo referente a los cascos urbanos y corregimientos, sino principalmente en el control del transporte fluvial y los corredores terrestres que se sabe son utilizados por guerrilleros y bandas para el transporte de oro explotado ilegalmente, narcóticos, contrabando y otras actividades ilegales. No se trata de modo alguno de una movilización temporal de tropas y operadores judiciales, sino de una misión de largo aliento, con cronogramas y metas establecidas, así como un seguimiento de su eficacia al detalle. Es claro que si se logra imponer la preeminencia del Estado en Chocó, con todas las dificultades geográficas, sociales, económicas, políticas e institucionales  que tiene esta región, se estará enviando un mensaje claro y enfático sobre lo que viene para el resto del país.

Pero la respuesta no puede ser únicamente en materia de Fuerza Pública. Así como se hizo en La Guajira, en donde fue necesario intervenir el manejo presupuestal de sectores como la salud, educación y otros, igual debería hacerse en el Chocó, pues allí los niveles de corrupción oficial y de desgreño administrativo son tanto o más graves que en el departamento caribeño. 

De otro lado, lo que está quedando en evidencia en este caso es que las políticas sobre el posconflicto tienen mucho de teoría y poco de aplicación práctica todavía. El desespero de la población está llegando a límites críticos a tal punto que en los últimos meses ya son varios los paros cívicos que se han realizado sin que los compromisos estatales que se suscribieron para levantar las protestas se hayan cumplido de manera eficaz. 

Nadie niega que desde el gobierno central, regional e incluso los locales se han concretado inversiones en obras y programas de infraestructura, servicios públicos y de desatraso social en el Chocó. Sin embargo se trata en su gran mayoría de esfuerzos inconexos que impiden una mejoría poblacional más visible, equilibrada y estructural. Es allí en donde, precisamente, se requiere la reformulación del plan de desarrollo departamental, contando con la tutoría, vigilancia y apoyo del Gobierno nacional, e incluso creando una alta dependencia adscrita a la Casa de Nariño que responda por ello. 

En síntesis, es obvio que el Estado está perdiendo, en materia de posconflicto, el desafío en el Chocó. Si no aplica un plan de choque integral, inmediato y efectivo la desactivación de las Farc en esa región prácticamente habrá sido inútil. No se puede permitir el reciclaje de otros actores violentos tanto o más graves. El Gobierno tiene la palabra.