Cuando se revisan las estadísticas de las autoridades sobre el aumento en los últimos meses de los delitos graves contra menores de edad, es claro que las reacciones van desde la indignación, pasando por la estupefacción y terminando en la rabia. Esos sentimientos son, precisamente, los que están primando en la mayoría de los colombianos en las últimas semanas a raíz de la gran cantidad de casos de asesinatos, abusos sexuales, tortura, maltrato y otras infracciones graves contra niñas, niños y adolescentes que se han registrado este año. Y eso que sólo nos estamos refiriendo a los que han tenido eco en los medios de comunicación así como en las redes sociales, ya que hay muchos que, incluso con un grado mayor de barbarie, inhumanidad y sevicia, que no llegan a conocimiento de la prensa, sobre todo en zonas alejadas de los grandes y medianos centros urbanos.

Tras esta racha de crímenes se han generado tres discusiones muy puntuales. De un lado, la reedición de la controversia en torno a cómo es posible que semejante atrocidad esté ocurriendo en Colombia, más aún cuando el nivel del conflicto armado interno, al que muchos analistas culpaban años atrás de contagiar su espiral de violencia, intolerancia y agresión a muchos compatriotas, está bajando por cuenta del acuerdo de paz con las Farc.

Las hipótesis para responder el interrogante son variadas y disímiles. Unas sostienen que los crímenes graves contra los menores de edad en nuestro país siempre han tenido una alta incidencia pero que, precisamente, la guerra los invisibilizaba. Otras parten de la base de revivir el desgastado debate en torno a si la colombiana es una sociedad proclive a la cultura de la ‘muerte’ o la ‘violencia’. Tampoco faltan los que advierten que hay un pico de descomposición social en nuestro país y soportan su argumento en el hecho de que los asesinos y agresores de los niños y niñas se están denunciando en todos los estratos sociales, así como en sectores urbanos, semiurbanos y rurales... Y, por último, están los que aducen que el aumento de crímenes contra los más indefensos no es un hecho aislado sino el reflejo de un clima de crisis en la célula social, como es la familia. Para reforzar esta hipótesis traen a colación que, según la Fiscalía, el delito que más creció el año pasado fue el de la violencia intrafamiliar, que comporta también los feminicidios, agresiones graves entre parejas e hijos y otras conductas más.

Una segunda reacción ante la escalada de delitos contra los menores de edad está dirigida a la también desgastada discusión en torno a si la causa de la persistencia de estos crímenes se debe a que las penas, por más agravadas que han sido en los últimos años, aún no tienen un poder disuasivo e intimidatorio lo suficientemente fuerte como para que un potencial agresor se abstenga de perpetrar el atropello. En las últimas semanas son varios los proyectos de ley y de acto legislativo que se han radicado en el Congreso para aumentar los castigos a los asesinos, violadores y culpables de otros delitos graves contra los menores de 18 años. Se plantea desde instaurar en Colombia la cadena perpetua o crear un registro público de agresores sexuales,  hasta prohibir cualquier tipo de beneficio penal o penitenciario para estos condenados… De inmediato se escucharon las mismas voces de siempre que replican que con penas de 60 años de prisión para estos delincuentes, en casos de asesinato y violación, plantear la cadena perpetua es innecesario, y que, en realidad, los castigos en la legislación vigente ya son muy drásticos, salvo en comparación a los países en donde rige la pena de muerte. Plantean, por el contrario, que se agilice la labor de los fiscales y jueces, porque así como la opinión pública presiona la celeridad judicial en casos de gran impacto, hay miles de procesos anónimos en donde los victimarios dilatan las causas y hasta logran salir de prisión, pese a ser un claro peligro para la sociedad.

Y, por último pero no menos importante, está el debate que advierte que en algunos casos de violencia grave contra los niños se pueden encontrar circunstancias en donde los padres y adultos responsables no estuvieron lo suficientemente atentos o pendientes para evitar que el agresor perpetrara su acción criminal o el Estado, a través de sus instituciones, no supo detectar a tiempo el nivel de riesgo. Aunque es controvertido traspasar parte de la culpa a las víctimas (porque las familias de los asesinados, abusados y violentados también lo son), es claro que lastimosamente, dado el pico de estos crímenes, hoy por hoy no se puede perder de vista a los pequeños un segundo ni pecar por exceso de confianza. Prevención al máximo, es la consigna. Igual ocurre con las entidades administrativas, policiales y judiciales que aun conociendo las denuncias de peligros latentes sobre víctimas potenciales, no actuaron a tiempo. 

Como se ve, los debates generados por la última ola de atropellos graves contra los menores en Colombia continúan siendo los mismos, sin que asome una propuesta de plan de acción lo suficientemente objetiva y eficaz para frenar estas agresiones. Aunque desde distintos sectores nacionales se urge que se abra una discusión sobre qué está pasando con la política de cuidado de la niñez en el país, parece que lo más lógico es que ese análisis se dé sobre los adultos, ya que estos son los agresores en la mayoría de los casos.