Una vez más, como lo ha venido haciendo en el último año, la ONU volvió a advertir sobre el aumento de los atentados y asesinatos de líderes sociales, comunitarios y activistas de derechos humanos, recalcando que este flagelo amenaza la marcha y sostenibilidad del proceso de paz.

El último informe revelado ayer por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sostiene que en lo corrido de este año 41 activistas han sido asesinados en Colombia, evidenciando que la racha de crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos sigue en aumento. Tras calificar este hecho como “alarmante”, el alto comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein advirtió que este fenómeno “podría perjudicar los enormes esfuerzos puestos en este proceso de paz”. Agregó que si bien en escenarios de posconflicto disminuyen los hechos de violencia relacionados con la guerra, y aumentan otros relacionados con violaciones de derechos humanos, hay que tomar medidas urgentes para frenar estos crímenes.

Hace apenas unos días Amnistía Internacional había denunciado una “ola de asesinatos” de indígenas en Colombia, indicando que esta “genera serias dudas” sobre la efectividad de las medidas implementadas en el marco del proceso de paz. La Defensoría, entre tanto, alertó sobre el primer asesinato de un amnistiado de las Farc, recalcando que el Estado debía cumplir con su papel de protección a quienes aceptaban dejar las armas y no podía exponerse a que se repitiera el negro capítulo del exterminio de la Unión Patriótica. A ello se sumó el pronunciamiento de Human Rights Watch, según el cual la mayoría de los ataques se produjeron en áreas en donde antes operaban las Farc pero de las cuales salieron para concentrarse en las 26 zonas veredales y campamentarias. 

No hay que olvidar que el año pasado se registró un total de 127 muertes así como un alto número de atentados, amenazas, desplazamientos forzados e intimidaciones de distinta índole contra el mismo grupo poblacional objetivo.

El Gobierno no sólo ha reconocido la gravedad de la situación sino reiterado que se han implementado todos los mecanismos de seguridad y prevención necesarios para aumentar la protección a estos líderes. Incluso ha recurrido al polémico argumento de que no se ha evidenciado un mismo móvil en la mayoría de los crímenes, lo que implicaría, entonces, que no se trata de una acción sistemática y de amplio espectro contra los activistas en general, sino que los ataques se refieren más a asuntos muy locales, particulares y causas puntuales de las víctimas, señalando como principales victimarios a las bandas criminales emergentes, carteles del microtráfico y la minería ilegal, testaferros que se oponen a los procesos de restitución de tierras y reparación a las víctimas del conflicto. Sin embargo, frente a esa premisa un grupo de dirigentes políticos y sociales colombianos le advirtió al Gobierno, en una misiva pública, semanas atrás, que “negar la persistencia de diversos patrones de violencia contra el liderazgo social, territorios y comunidades, alienta a quienes promueven estas acciones y pone en serios riesgos la implementación del acuerdo de paz”. 

A la par de dicha controversia el Ejecutivo no sólo resalta que activó ya la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, sino que dentro de las cuatro tareas específicas que se le dieron al nuevo Vicepresidente está, precisamente, la coordinación de toda la política de protección a líderes sociales, comunitarios y de derechos humanos.

La Fiscalía, a su turno, ha priorizado las investigaciones sobre esta clase de asesinatos y atentados, e incluso el titular del ente acusador dijo la semana pasada que en el marco de reacción rápida de la entidad se han detectado 90 casos contra defensores de derechos humanos, de los cuales 36 ya tienen avances procesales y hay 61 personas privadas de la libertad. Es más, destacó la captura de un sindicado por el asesinato del amnistiado de las Farc.

Como se ve, frenar los ataques contra estos líderes no es un asunto fácil. Todo lo contrario, requiere una acción coordinada, decidida y ágil de todo el aparato estatal, más aún cuando detrás de muchos de los crímenes están las Bacrim, el Eln, la minería ilegal, el microtráfico, los poseedores de tierras de los desplazados y hasta los disidentes de las Farc.

Es claro que esta será una de las principales inquietudes de los 15 embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU que arriban mañana a Colombia para revisar el avance de su Misión de Apoyo al proceso de paz. Habrá que tenerles respuestas y resultados convincentes.