Las denuncias documentadas por el ente de control sobre la reaparición de ‘casas de ajuste de cuentas’ y casos de violencia sexual contra menores de edad, personas en condición de discapacidad y población Lgbti en Tumaco, Nariño, serán entregadas por el procurador Fernando Carrillo a las autoridades competentes.

En la Primera Mesa Regional para la Protección Efectiva de los Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales realizada en ese municipio, el jefe del Ministerio Público pidió garantías de seguridad para las personas que han suministrado esta delicada información.

“Lo único que nosotros no vamos a hacer como Procuraduría General de la Nación y como Ministerio Público es poner en riesgo a las personas que han entregado esa información, es muy importante primero que haya garantías para los denunciantes”, agregó.

En su intervención Carrillo Flórez aseguró que a través del trabajo realizado por el órgano de control se documentó que en cuatro comunas del municipio hay presencia de siete ‘casas de ajuste de cuentas’.

Señaló que en la Procuraduría hay denuncias sobre otras violencias en el país que no se veían hace muchos años y donde las niñas son las víctimas. “Las formas de sometimiento sexual a las menores de edad se están presentando en Tumaco, historias de niñas entre 10 y 14 años que son sometidas sexualmente por esos bárbaros que comandan los grupos ilegales”. 

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Así mismo, reveló que 22 barrios en Tumaco permanecen afectados por dinámicas violentas derivadas de la disputa por el control de esos territorios por donde se comercializa la droga entre grupos armados que nacieron con la desmovilización de las Farc y otros criminales, y advirtió que “una derrota en Tumaco será otorgarle una gran victoria al narcotráfico y al crimen organizado”.

El jefe del Ministerio Público afirmó que el Estado no ha podido recuperar la presencia y control en zonas donde operan los grupos armados ilegales, tanto en Tumaco, como en el Pacífico y piedemonte nariñense.

Añadió que la prueba de fuego de la consolidación de la paz comienza en la frontera con Ecuador, y enfatizó que para quienes se sometieron a los acuerdos existe una justicia, pero “para quienes persisten en delinquir y son más narcotraficantes disfrazados de guerrilleros, tiene que venir todo el peso de la ley”.

El Procurador lamentó que las nuevas formas de crimen organizado están marcando nuevos escenarios de corrupción. “Se roban los dineros que deben ir dirigidos a satisfacer las necesidades básicas y generar oportunidades”.

En la Primera Mesa Regional realizada dentro del trabajo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para el cumplimiento de la Directiva 002 del 14 de junio de 2017, hicieron presencia el vicepresidente de la República, Oscar Naranjo Trujillo; el defensor del Pueblo, Carlos Negret; el ministro del Interior, Guillermo Rivera, el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Fernando Mora.

Además, asistió el gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, los alcaldes de los municipios del departamento y los defensores y defensoras de derechos humanos de la región.

En este espacio, el primero de seis mesas regionales, se presentó el diagnóstico de los 58 consejos comunitarios y sus organizaciones, y de los pueblos indígenas Eperara Siapidaara y Awá, sobre las dificultades que enfrentan los territorios y la necesidad de tener una atención integral por parte del Estado colombiano.

Al finalizar, el Procurador General resaltó la importancia de este espacio para trabajar en un plan de acción y concertar compromisos concretos en defensa de la población.“Cómo vamos a desperdiciar la oportunidad de tener un plan de acción con unos compromisos concretos, con una matriz de resultados. Yo los invito a que lo trabajemos todos los líderes de las organizaciones sociales. Lo que necesitamos son resultados”.