Seguir adelante con los proyectos para descontaminar el río Bogotá, le ordenó el Tribunal de Cundinamarca a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

La orden estuvo a cargo de la magistrada Nelly Villamizar, quien le solicitó firmar convenios de cofinanciación de las fases 1 y 2 de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas en el municipio de Soacha, luego de que el director de la CAR, Néstor Franco, argumentará que no iba a firmar el convenio  tras ser destituido por la Procuraduría por un acuerdo que hizo para la construcción de la PTAR II en Chía, sin que los estudios estuvieran completos, suficientes y actualizados.

Según Villamizar, las consecuencias que traería el no firmar este acuerdo sería "un detrimento patrimonial de los recursos de las megaobras ya ejecutadas como lo sería la construcción de los interceptores por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y la ampliación de la PTAR Salitre y demás PTAR y planes maestros de acueducto y alcantarillado de los municipios".

Ante la decisión de la magistrada, Franco explicó que "Desde hoy, el Tribunal me da la orden perentoria de firmar. También me advierte que esa firma se puede hacer sin contar con los diseños de detalle en fase 3 o diseños completos suficientes y actualizados del tema constructivo. Sencillamente, debo contar con unos estudios previos suficientes y completos que venimos elaborando de la mano de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)".

No obstante el proceso debe quedar listo antes de que entre en vigencia la ley de garantías, es decir, a corte del 25 de junio. 

La Ptar de Canoas, trataría el 70 % de las aguas residuales de Bogotá (en el centro y en el sur) y el 100 % de las de Soacha.