Cartagena a la deriva

  • Once alcaldes desde 2012 y contando…
  • La macondiana crisis de La Heroica 

La crisis de gobernabilidad en Cartagena es absoluta. Desde  2012 la ciudad ha tenido nueve alcaldes, entre los elegidos en comicios ordinarios o atípicos, y los que han sido designados en el cargo de manera provisional o como encargados mientras se suplen democráticamente las respectivas vacancias. Y ahora se aumentaría a once burgomaestres.

La lista de mandatarios en apenas siete años es muy larga: Desde el fallecido Campo Elías Terán, que se posesionó el 2 de enero de 2012, el desfile de mandatarios ha sido intenso: Felipe Merlano, Óscar Brieva, Bruce Mac Master, Carlos Otero, Dionisio Vélez, Manuel Duque, Sergio Londoño (varias veces como encargado) y ahora Quinto Guerra. El caso de este último es el más diciente: fue elegido el pasado 6 de mayo en el marco de unos comicios atípicos obligados porque el alcalde elegido en las urnas en octubre de 2015 renunció luego de terminar en la cárcel por un proceso penal derivado de anomalías en la elección de la Contralora Distrital.

Sin embargo, desde antes de la elección de Guerra se sabía que su mandato iba a ser muy corto, ya que la Procuraduría General había pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) que suspendiera su inscripción como candidato al considerar que estaba inhabilitado por haber firmado dentro el año inmediatamente anterior un contrato oficial. Incluso desde distintos sectores se pidió a los partidos que lo respaldaban reconsiderar ese cuestionado aval. Casi ad portas de la cita en las urnas, el alto tribunal desestimó la solicitud del Ministerio Público y dio luz verde a que el aspirante, al que todas las encuestas daban como amplio favorito, siguiera en campaña. Vinieron las elecciones y se confirmaron los vaticinios, aunque con un gran lastre de legitimidad: la abstención fue superior al 78 por ciento.

Tal como estaba advertido a nivel local, regional y nacional, de inmediato llovieron demandas de nulidad electoral ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, incluyendo una de la Procuraduría. Los magistrados revisaron el acervo probatorio y no sólo encontraron mérito sino que dictaron medidas cautelares de suspensión provisional del cargo al recién posesionado mandatario. La decisión se tomó el pasado 25 de mayo pero, en una situación casi macondiana, Guerra no pudo ser notificado personalmente, por lo que debió acudirse a la publicación de un edicto en los dos periódicos locales de mayor circulación. Hoy, precisamente, vencen los términos de respectivo emplazamiento y, por ende, la determinación del Tribunal queda en firme y le corresponderá al Presidente de la República designar a un nuevo mandatario encargado. Este sería, entonces, el décimo desde 2012 pero puede que no sea quien cierre el respectivo mandato, que termina el 31 de diciembre del próximo año. Como se sabe, faltan escasos 25 días para que solo resten 18 meses de periodo institucional, en donde ya no es posible acudir a comicios atípicos para elegir otro alcalde por la vía democrática. En ese orden de ideas, el Ejecutivo designaría esta semana un mandatario provisional pero el partido que avaló a Guerra podrá presentar una terna para escoger a otro, que sería el onceavo burgomaestre desde 2012.

¿Qué hacer? Las hipótesis son muchas. Hay expertos que consideran que hay legislación para bloquear la posibilidad de que el partido que avaló a Guerra tenga derecho a presentar una terna para su remplazo, debido a que estaba advertida la presunta inhabilidad. Sin embargo, otros juristas consideran que las reglas del juego actuales no pueden cambiarse sobre la marcha y que sería ilegal no pedir la respectiva terna, más aún porque el CNE había autorizado que el aspirante siguiera en campaña.

Tampoco faltan quienes consideran que Guerra aún tiene recursos para evitar su salida del cargo y esta semana los interpondría, lo que alargaría la incertidumbre en la capital bolivarense. Incluso hay algunos dirigentes locales que consideran que si el alcalde cuestionado renuncia antes del 30 de junio, cabría la posibilidad de citar a nuevas elecciones atípicas.

Como se ve, el panorama para Cartagena es crítico. La ciudad arrastra una crisis de gobernabilidad sin precedentes. No hay continuidad en planes ni estrategias. Las denuncias sobre la corrupción y el desgreño administrativo se multiplican a diario, en tanto las principales casas políticas y movimientos alternativos e independientes se cruzan culpas y graves acusaciones. La ciudadanía, impotente, es la principal víctima, sin que nadie a nivel local, regional o nacional atine a lanzarle un salvavidas efectivo a una ciudad que no merece tan ruinosa suerte.