También discutirá sobre Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas

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Esta semana con la discusión y eventual votación de tres ponencias de fallo la Corte Constitucional reactiva la definición que debe hacer de una serie de decretos y leyes que el año pasado expidió el presidente de la República en uso de facultades extraordinarias y el Congreso para la implementación del acuerdo de paz.

Efectivamente en el orden del día de mañana figuran el Decreto 902 de 2017, Reforma Rural Integral, lo cual hace parte del acuerdo de paz en materia de tierras. La ponencia es de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger.

También aparecen en el orden del día el Decreto 589 de 2017 sobre la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas. La ponencia es del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez. Así como el Decreto 903 de 2017 acerca del inventario de bienes activos a disposición de las Farc-EP. La ponencia es del magistrado Alejandro Linares Cantillo.

En lo corrido de este año las normas del acuerdo de paz habían estado ausentes del orden del día de las salas plenas para definir si entran en vigor o algunos de los artículos o, incluso, la totalidad se caen por estar en contravía de la Constitución Política.

Ello se explica porque más de 15 decretos y leyes estaban todavía en los despachos de los diferentes magistrados pendientes de la radicación de sus respectivas ponencias.

La semana pasada, la Corte Constitucional reinició este año el estudio de las normas para la implementación del acuerdo de paz, al incluir en el orden del día del miércoles el Decreto 589 de 2017 sobre la Unidad Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Se ha conocido que se radicó ponencia negativa al Decreto 902 de 2017, Reforma Rural Integral; en tanto acerca la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas el magistrado Luis Guillermo Guerrero pide su exequibilidad, aunque con algunas unas modificaciones, especialmente sobre el acceso a los territorios étnicos.

En primer semestre

La meta que se ha fijado la Corte Constitucional es evacuar en este primer semestre (a más tardar a finales de junio) todos los proyectos de ley para la implementación normativa de los acuerdos  de paz tramitados por el Congreso, así como los decretos firmados por el presidente Juan Manuel Santos con este mismo fin, en uso de las facultades extraordinarios que le fueron otorgadas.

Además de la ley reglamentaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Corte Constitucional está pendiente de fallar sobre más de 15 normas para la implementación del acuerdo que han llegado a sus manos.

Precisamente el fallo más esperado es sobre la ley estatutaria de la JEP, que se demoraría en salir por lo menos un mes más en la Corte Constitucional.

A pesar de que la esperada norma fue remitida por el Congreso de la República a principios de diciembre pasado, se conoció que la falta en la documentación entregada de unas actas de sesiones en el trámite de la iniciativa ha sido el motivo de la demora en esta decisión.

No obstante dichas actas finalmente fueron entregadas por el Parlamento al alto Tribunal y ya reposan en manos del magistrado Antonio José Lizarazo, quien fue designado como ponente.

Lizarazo debe realizar el estudio sobre si el trámite de la iniciativa que hace parte de la implementación normativa del acuerdo de paz por la vía rápida o fast track se ciñó a las disposiciones constitucionales y las contenidas en la Ley Quinta o Ley del Congreso.

Además este análisis debe determinar si las disposiciones contenidas en la reglamentación de la JEP no riñen con la Constitución en temas polémicos como la participación en política de los desmovilizados de las Farc a pesar de que sobre la mayoría de ellos pesan condenas por los crímenes que cometieron en el conflicto armado.

Como se indicó, la JEP fue creada por el acuerdo de La Habana con el fin de que sea la instancia que imparta justicia por los delitos graves en que incurrieron  los desmovilizados de las Farc, los agentes del Estado e, incluso, los civiles.