Estados Unidos impuso este jueves restricciones de visado a los responsables de abusos contra los derechos humanos o la democracia en Nicaragua, donde más de 120 personas murieron en protestas antigubernamentales, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

"La violencia política por parte de la policía y de matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, en particular contra estudiantes universitarios, muestra una flagrante falta de respeto por los derechos humanos y es inaceptable", expresó Nahuert en un comunicado.

Las sanciones afectan a oficiales de la Policía Nacional, funcionarios municipales y a un funcionario del Ministerio de Salud, que según Washington "dirigen o supervisan la violencia contra quienes ejercen sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión".

Estos funcionarios, que no serán identificados debido a leyes de confidencialidad, "han operado con impunidad en todo el país", dijo Nauert, y precisó que en algunos casos la sanción alcanzará también a sus familiares.

"Estamos enviando un mensaje claro de que los abusadores de los derechos humanos y aquéllos que socavan la democracia no son bienvenidos en Estados Unidos", añadió.

Washington sigue de cerca la situación en Nicaragua, donde opositores al gobierno de Daniel Ortega han sido violentamente reprimidos por la fuerza pública y grupos armados afines desde el 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra una reforma de la seguridad social.

"Estados Unidos sigue pidiendo el fin de la violencia y apoya las negociaciones pacíficas para poner fin a esta crisis", dijo Nauert.

Estados Unidos y el propio gobierno nicaragüense promovieron una declaración de condena a la violencia en el país centroamericano, que fue aprobada el martes en la 48ª asamblea anual de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

"Esta declaración es un primer paso necesario para que la OEA responsabilice a la administración de Ortega por sus acciones y ayude a apoyar el diálogo genuino y la restauración de la democracia en el país. Pero no es una solución a los crímenes que se cometen allí", dijo el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo.

"Seguiremos presionando por la democracia en Nicaragua y por la responsabilización por las violaciones de los derechos humanos", dijo.

Organizaciones de derechos humanos cuestionan que el documento no diga nada sobre el papel del Estado en la represión de los manifestantes, calificada de "masacre" por activistas.

Por otro lado, mientras la violencia crece y llega a 134 la cifra de muertos, el presidente aceptó reunirse la tarde de este jueves con los obispos de la Conferencia Episcopal para analizar la posibilidad de reanudar el dialogo que los religiosos estaban mediando desde mayo, y que se encuentra suspendido debido la negativa del gobierno de cesar la represión contra los manifestantes.

"Tenemos confianza de que (los obispos) puedan convencer a Ortega a tener una actitud mucho más abierta" al reanudar el diálogo, dijo a la AFP Yaritza, dirigente de los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma (UNAN).