• ¿Para qué una JEP tan larga?
• Aceleración con base en un Acuerdo Nacional

Dos son las percepciones que hoy se tienen sobre la revolución fallida que, soportada en la violencia y el terror, sacudió a Colombia durante las cinco décadas en que se proclamó como antídoto de los males colombianos. Una consiste en que es necesario aplicar a rajatabla, y sin modificaciones, lo pactado en el Acuerdo de La Habana entre el gobierno Santos y las Farc. La otra trata de que esto no es viable por cuanto las cláusulas del pacto habanero no sólo fueron derrotadas en el plebiscito, sino que la espuria refrendación parlamentaria subsiguiente, que de modo apresurado y unilateral quiso recomponer la negativa del pueblo colombiano, quedó signada por el engaño y la componenda.

Ambas posiciones subyacentes impactan, desde luego, el teatro completo de la segunda vuelta presidencial. El país, en efecto, sigue relativamente dividido al respecto. Y es lógico que así sea, porque el proceso de paz ante todo careció de lo que en estas columnas pedimos una y otra vez a fin de que aquel tuviera un recibo integral y bases firmes en el cual respaldarse: un Acuerdo Nacional. No fue posible. Se optó por la polarización y al Gobierno siempre lo animó la certeza de que el diálogo con todos los sectores del país, en especial los de oposición, era innecesario ya que el influjo político de la firma de la paz sería de tal dimensión que las urnas serían estrechas para recibir la avalancha de votos favorables. Con lo cual, por lo demás, la oposición quedaría encogida al anonimato. Bajo ese pensamiento el Ejecutivo debía quedar, además, en condiciones de subir sus precarios índices de popularidad y de esta manera se allanaría el camino para que el Acuerdo de La Habana fuera el cauce único y exclusivo sobre el cual canalizar los propósitos nacionales.

De eso queda muy poco o casi nada. La llamada implementación de la paz quedó reducida a una serie de trámites escandalosos; se abrió un boquete gigantesco para la actual bonanza de los cultivos ilícitos y la comercialización de la coca; no hubo un plan paralelo a la desmovilización con el objeto de recuperar los territorios de influencia subversiva e imponer el orden y la autoridad frente a los demás protagonistas de la delincuencia organizada; se dejaron prosperar las disidencias terroristas, sin mayor recato, y hoy campean en zonas donde el Estado es un convidado de piedra; y la justicia transicional (JEP) mantiene las críticas de la Corte Penal Internacional (CPI) y algunas organizaciones no gubernamentales del exterior por los alcances mínimos o nulos de la restricción efectiva de la libertad; así como por la abierta participación en política de los máximos responsables sin dar curso sancionatorio al sistema penal alternativo mientras que, al mismo tiempo, ya hay algunos pedidos de extradición sobre los miembros de la cúpula que habrían reincidido en el tráfico de cocaína.

Bajo esta perspectiva que señala objetivamente que el Acuerdo de La Habana fue hecho trizas, bien por mala fe de algunos firmantes o bien por negligencia de sus propios autores, existe todavía un margen exiguo para reencausar lo que desde la negativa a aceptar el resultado del plebiscito se vislumbraba como un salto al vacío. Lo fundamental, en todo caso, es cerrar el capítulo lo más pronto posible, pues el desgaste estatal ha sido descomunal. Y en tal sentido en la ley de reglamentación de la JEP, actualmente en trámite y que puede servir de base al Acuerdo Nacional que no se hizo en su momento, es menester ajustar la jurisdicción a un tiempo muchísimo menor y sin prórrogas, bajo las indicaciones de la sentencia de la Corte Constitucional; es decir, básicamente juzgar a los máximos responsables de la subversión, una vez han quedado por fuera los civiles, sujetos a la justicia ordinaria. Bastaría señalar, pues, unos términos procesales expeditos.  Siendo así, tampoco hay necesidad de un cuerpo burocrático tan voluminoso. Con ello, a más de ciertos ajustes pedidos por la CPI, se habrá dado un paso para dejar atrás tantos años de retórica y concentrarse en lo que realmente pide el país en otras áreas. Es hora de pasar debidamente la página.