¿Y los cupos indicativos?

  • La Consulta Anticorrupción
  • Reformas paralelas e inevitables

 

La consulta popular anticorrupción, aprobada anteayer en el Congreso, tiene dos facetas esenciales que bien vale la pena dilucidar. Una primera, ciertamente, por la que se ha logrado que, a partir de más de 4 millones de firmas, se obtenga un resultado popular superior a fin de sacar la política del hueco negro en que se está sumergida. Desde ese punto de vista la consulta es, a no dudarlo, una bocanada de oxígeno en medio del ambiente pútrido que se respira en los diferentes niveles de la administración pública y que tiene igualmente comprometidas a las tres ramas del poder.

Hay allí, naturalmente, una crisis sistémica, de dimensiones gigantescas cuya solución debe ser abocada de manera preponderante y expeditiva en el próximo gobierno. Para ello, desde luego, no basta con la consulta anticorrupción, sino que igualmente hay que producir en el inmediato plazo una serie de reformas que recuperen la majestad de la justicia, la dignidad del ejercicio parlamentario y el verdadero sentido del servicio público dentro del Ejecutivo, en sus diferentes niveles municipal, departamental y nacional.

Está bien, entonces, que una vez lograda la autorización unánime del Senado a la convocatoria de la consulta, el Gobierno saliente proceda en el término de la distancia a fijar la fecha de la cita en las urnas. Hay en esta, claro está, elementos que resultan repetitivos de algunas normas vigentes, pero en la misma medida lo que se quiere es dar curso y salida a la indignación reprimida de los ciudadanos. Es cierto, en ese caso, que de lo que se trata es de generar una gigantesca cantidad de voluntad política, a partir del constituyente primario, con el objeto de que esas normas inertes adquieran dinámica y pronta y debida ejecución. De manera que si se logra un caudal importante de sufragios se pueda llevar a cabo aquello que ha permanecido archivado o camuflado en los incisos de los códigos. En ese sentido, entonces, la consulta anticorrupción actuaría como una especie de acción popular por medio de la cual se tendría necesariamente que poner en operación cláusulas ya existentes pero que han padecido el sueño de los mortales en los anaqueles del Estado.

Hay, a su vez, elementos novedosos como la limitación de la reelección en las corporaciones públicas por un período determinado de tiempo. Se cree que con ello se puede conseguir el recambio de los voceros políticos y en esa dirección se espera que no se produzca una rotación permanente en la ocupación de los diferentes cargos, para incumplir el espíritu de la consulta.

De otra parte, se restringen los emolumentos de los congresistas y los altos funcionarios hasta un tope de 25 salarios mínimos mensuales, reduciendo el límite actual que está en los 40.  En su momento, en la Constitución de 1991, se pensó que con un sueldo considerable se romperían las prácticas delictivas, por cuanto el servidor público no metería la mano en el erario a fin de enriquecerse en el pozo de las corruptelas. Fue por ello que se cambió todo el sistema de remuneración y se creó un salario fijo, para los parlamentarios, con las prestaciones sociales consiguientes. Hoy eso parece haber hecho agua, como formulación constitucional, porque no tuvo los efectos esperados. Por el contrario, la Constituyente de 1991, que había sido convocada principalmente para prohibir los auxilios parlamentarios, sufrió una distorsión gigantesca al crearse posteriormente los “cupos indicativos”, que han servido de base para que los congresistas pusieran mano de nuevo en el presupuesto nacional. Es un punto, precisamente, del que adolece la consulta anticorrupción. Se abstiene de atacar, en ese sentido, instrumentos anómalos que han servido de correa de transmisión para la corrupción. Los “cupos indicativos” son, en efecto, una de las peores máculas de la administración pública. No porque los parlamentarios no puedan sugerir determinadas obras necesarias en los municipios y departamentos, sino porque ellas son la mampara para el fraude y la componenda.

Más importante, pues, que la reducción de los salarios sería la de producir, en el término de la distancia, una ley que evitara esos auxilios parlamentarios disfrazados y que han representado el mayor degaste de que se tenga noticia dentro de la institución congresional. Basta para ello saber de las múltiples denuncias que reposan en los tribunales y que seguramente reventarán en su momento como una hecatombe en el seno parlamentario.

Más allá de lo anterior, la consulta anticorrupción es un mensaje perentorio de que las cosas están cambiando en Colombia. Y eso es una buena noticia.