Estudio presentado en Asamblea General advierte que las restricciones migratorias no solventan la crisis, sino que la pueden agravar

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Cerca de 5.000 personas huyen a diario de Venezuela, “a pesar de no padecer un conflicto bélico ni una catástrofe natural”, según un informe de un Grupo de Trabajo designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) que fue presentado ayer al cierre de la 49 Asamblea General del organismo.

Según el informe, “de no haber una solución política, económica y social al corto plazo en Venezuela”, se estima que para finales de 2019 habrán salido de ese país entre 5,3 millones y 5,7 millones de migrantes y refugiados. La cifra para 2020 estaría entre 7,5 millones y 8,2 millones de personas.

La mayor cantidad de migrantes los tiene Colombia. Sin embargo, la región también se ha visto impactada. Perú tiene 768.100 migrantes, seguido de Chile con 288.200, Ecuador con 263.000, Brasil con 168.300 y Argentina 130.000. La lista termina con Panamá que tiene 94.400 migrantes, Trinidad y Tobago con 40.000, México con 39.500 y Guyana con 36.400.

El estudio advierte que las restricciones migratorias no solventan la crisis sino que la pueden agravar, teniendo en cuenta que “aparte de las condiciones vulnerables en las que están saliendo las personas de Venezuela, solicitar una renovación de pasaporte o emitir uno nuevo en ese país es prácticamente imposible por los costos, las redes de corrupción, la falta de material o la discriminación generalizada del régimen con quienes no comulguen con sus ideas”.

El Grupo de Trabajo reconoció el esfuerzo de países como Colombia que han implementado instrumentos legales para otorgar protección temporal a miles de migrantes, la cual les permite acceder a salud, educación y a oportunidades para insertarse en los mercados laborales; y concordó con el llamado que ha hecho el Gobierno nacional a la comunidad internacional de incrementar los esfuerzos para apoyar la atención de la crisis migratoria en la región.

Según cifras de la Presidencia de la República hasta el momento solo se ha recaudado el 21% del total estimado por Naciones Unidas en el Plan de Respuesta Regional para los Migrantes y Refugiados Venezolanos.

“Cifra mucho menor comparada con los recursos que se han materializado para la atención de otras crisis migratorias. Si tomamos un ejemplo, el financiamiento recibido per cápita para los sirios es de 5.000 dólares, mientras que para los venezolanos es de 100 dólares por persona”, sostuvo sobre este particular el canciller Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia y presidente de la Asamblea General.

Trujillo agregó que “quiero insistir en un punto que ha destacado el presidente Duque: el problema es de naturaleza regional con efectos globales, una realidad que coloca a muchos países de la región un desafío de proporciones gigantescas. Colombia ha hecho grandes esfuerzos logísticos pero la comunidad debe escuchar la voz de la región, no debe permanecer como está hasta el momento; no solo hay lentitud en la respuesta, no solo hay falta de generosidad en las decisiones sino que comparativamente la actitud de la comunidad internacional en otras crisis tuvo una respuesta mucho más generosa a aquella que en este momento se le está dando al gigantesco desafío que representa esta crisis. No sin antes agradecer el apoyo de quienes están colaborando”.

El funcionario además, explicó que entre marzo de 2017 y marzo de 2019 en Colombia se han realizado casi 2,1 millones de atenciones y servicios en salud a más de 273.444 migrantes, pero que la atención a esta población “está excediendo las capacidades de respuesta a nivel local y nacional en al menos 22 departamentos de Colombia. Esta alta demanda de servicios sociales está causando un impacto significativo en términos institucionales y fiscales, especialmente para los sectores de salud, educación y protección a la niñez”.

El canciller Trujillo agradeció “el apoyo de la cooperación internacional para promover urgentemente una mayor movilización de recursos para responder a esta crisis de impacto regional, considerando que el número de migrantes y refugiados venezolanos continuará aumentando y en esta medida la necesidad de recursos para atender a esta población, teniendo en cuenta que no habrá normalización migratoria mientas no haya normalización política en Venezuela”.

Sin embargo, el informe de la OEA presentó una posibilidad de usar en beneficio de los países la crisis antes mencionada: “A pesar de las dificultades que este episodio ha generado, este reto significa una inmensa oportunidad de integrar a millones que están deseosos de trabajar, estudiar e impactar positivamente en los países que los reciben”.

En este punto, la OEA solicitó que los venezolanos sean considerados como refugiados, “lo que les garantizará protección permanente con derecho a la identidad, acceso a servicios como la salud y educación, así como la oportunidad de insertarse en los mercados laborales. Hoy, aproximadamente dos millones de venezolanos están en condición irregular o corren el riesgo de estarlo en el corto plazo”, instando también a la creación de una tarjeta de identidad regional para que los venezolanos puedan desplazarse de un país a otro sin mayores restricciones.

Según el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “los venezolanos y venezolanas necesitan nuestra ayuda y la necesitan ya. Debemos poner en marcha todas las medidas posibles que ayuden a mitigar el drama al que se enfrentan. Pero no perdamos de vista que el éxodo tiene una sola causa: la dictadura de Nicolás Maduro. La mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos es el fin de la dictadura y la redemocratización de Venezuela, donde se restituyan los derechos humanos más básicos que se han arrebatado a la gente”.

El coordinador del Grupo de Trabajo, David Smolansky, advirtió que “para el momento de esta Asamblea General hay 4 millones de migrantes y refugiados venezolanos, el flujo migratorio más grande de la historia de la región. Actualmente es el segundo más grande del mundo, solamente superado por Siria, que ha pasado por una guerra por más de ocho años”. Explicó además que, dada la grave situación, “se considera imperante otorgar a los venezolanos el estatus de refugiado a nivel regional, según la Declaración de Cartagena”.