Con presencia en los puentes internacionales Francisco de Paula Santander, Tienditas y Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta, se realizó ayer una jornada de “Evaluación Concertada en Materia Migratoria” por parte de la Contraloría General, en cabeza del delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Con esta estrategia se busca medir los impactos fiscales y acceso a servicios sociales y humanitarios que se han venido implementando por el Gobierno nacional durante la vigencia 2015-2018, para la atención, asistencia e inclusión de la población migrante venezolana y evaluar la política proyectada a 2021 por el documento Conpes 3950.

Lea también: “Migrantes venezolanos en La Guajira son más de lo que dicen”

La visita contó también con la asistencia de los delegados para la Gestión Pública, y para el Sector Social, David José Valencia Campo y Julio César Cárdenas Uribe, con quienes se desarrolló una agenda técnica con entidades del orden nacional, territoriales y organizaciones civiles de colombianos y venezolanos, para de manera participativa evidenciar y medir los impactos fiscales y el acceso a servicios sociales y humanitarios.

El desplazamiento de la Contraloría General a Cúcuta es la primera de una serie de visitas que desarrollará la entidad a las principales ciudades con mayor afectación y flujos migratorios: Maicao, Riohacha, Barranquilla, Santa Marta, Arauca, Cartagena y Medellín, entre otras, con el objeto de adelantar un Estudio Sectorial Articulado denominado “El Impacto Fiscal de las Migraciones, los resultados obtenidos de las medidas adoptadas del Gobierno durante la vigencia 2015-2018”, a cargo del Despacho del Vicecontralor General de la República y las delegadas para la Participación Ciudadana, Gestión Pública y Sector Social.

El equipo de la Contraloría profundizó sobre las acciones adelantadas en su conjunto por el Gobierno nacional, a través de sus diferentes ministerios y la gerencia de fronteras con Venezuela, así como también la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, en presentación pública que tuvo lugar en la sede de la Gerencia Departamental Colegiada Norte de Santander de la Contraloría.

De otro lado, el Gobierno, a través de la Policía, endureció los controles fronterizos para evitar el uso de las trochas en la frontera.

Mediante el refuerzo de cuatrocientos nuevos uniformados las autoridades proyectan mantener la vigilancia sobre los pasos ilegales para frenar los atropellos y la masiva salida de migrantes por rústicos caminos elaborados sobre el río Táchira.

En acciones que se iniciaron hace 24 horas, la policía nacional metropolitana ha venido destruyendo las trochas y estimulando el uso de los puentes internacionales que ya se encuentran habilitados.

Así mismo en inmediaciones de las infraestructuras binacionales se han venido adelantando acciones para detectar personas que intentan llegar al país de manera ilegal.

Durante las acciones más de 200 personas han sido entregadas a Migración Colombia para su deportación por esta causa.