Los yerros del pacto con las Farc amenazan su propia supervivencia. La implementación no tiene norte y hace agua por todos lados, mientras el país paga las nefastas consecuencias

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Lo que mal comienza, mal acaba. Ese refrán popular bien se puede aplicar al panorama actual del acuerdo de paz con las Farc. Los evidentes errores cometidos en la negociación y la aún más accidentada implementación, tienen a ese proceso como una especie de castillo de naipes que amenaza con venirse abajo en cualquier momento.

Desde el punto de vista político, jurídico, económico, social e institucional el desarrollo del acuerdo y todo lo relacionado con la suerte de los exFarc produce un continuo clima de polarización e incertidumbre. La implementación se volvió una especie de camisa de fuerza que ata, limita y frena al país. El pesimismo marcado que evidencian las encuestas tiene mucha relación con ese rifirrafe diario y desgastante sobre un acuerdo que no se puede reversar pero tampoco se ve una luz al final del túnel para avanzarlo tranquilamente y que Colombia se enfoque en otros asuntos más importantes y estructurales.

Aquí una preocupante radiografía al respecto sobre lo que está pasando con el acuerdo de la discordia.

1.         EL DESCUARDENE DE LA JEP: la mayor evidencia de cómo la deficiente estructuración del acuerdo de paz ha desembocado en una accidentada y crítica implementación es el desajuste institucional producido por el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Pese a que un fallo de la Corte Constitucional corrigió los excesos negociados en La Habana, especialmente la intención de poder juzgar unilateralmente a terceros civiles, la no participación de la Procuraduría en los procesos, la falta de control sobre sus magistrados y la facultad de ponerse por encima del resto del aparato judicial, no hay semana en que la JEP no genere algún choque institucional. Por cuenta de sus decisiones o prerrogativas hoy está en riesgo el mecanismo de extradición, sin duda uno de los puntales de lanza en la larga y esforzada lucha antidroga; la demora en sus procesos ha permitido que los excabecillas de las Farc hayan podido participar en política sin siquiera haber recibido una condena ‘simbólica’ por sus crímenes ni confesar la verdad o reparar a sus víctimas; la Corte Penal Internacional sigue con la lupa lista para revisar sus primeras condenas y determinar si encuadran dentro de los mandatos de la justicia transicional; la ambigüedad de sus criterios ha llevado a muchos intentos de colarse por parte de parapolíticos y civiles sentenciados por delitos ajenos al conflicto; la Fiscalía denuncia parálisis en una parte de sus investigaciones, al tiempo que hay problemas evidentes para procesar a testaferros, reincidentes y a quienes incumplen con los compromisos del pacto de paz.

2.         ‘MÁRQUEZ’ EN EL LIMBO: el panorama para el número dos de las Farc y, aún más importante, exjefe negociador en La Habana, no podría ser más complicado. Sin noticias de su paradero desde hace más de un año, tras la captura de ‘Santrich’, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP le abrió el pasado 30 de mayo un “incidente de verificación de cumplimiento” debido a su no comparecencia ante esa jurisdicción para rendir versión dentro del caso 001, conocido como el de secuestro. Si la JEP no encuentra justificadas sus excusas, que alegan que no hace presencia por cuestiones de seguridad física y jurídica, lo podría expulsar del proceso y retirarle todos los beneficios políticos y jurídicos. En segundo lugar, un cruce de cartas con alias ‘Timochenko’ hace tres semanas prácticamente oficializó un cisma en el partido Farc, en donde ‘Márquez’ quedó al borde de la disidencia política, sin estar claro si hace parte de la disidencia armada, junto a otros evadidos como los alias ‘Romaña’ y ‘El Paisa’. Y, en tercer lugar, el viernes pasado el Consejo de Estado, en fallo de primera instancia, le quitó la investidura parlamentaria por considerar que sus excusas para no posesionarse en el Senado no tienen validez alguna. 

3.         CRECIMIENTO DE DISIDENCIAS: semanas atrás el propio comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, dijo en una entrevista con EL NUEVO SIGLO que las disidencias de las Farc, de acuerdo con el último consolidado, ya tendrían 2.300 integrantes en armas y unos 1.400 en redes de apoyo al terrorismo, “dedicados a la consecución de recursos a través de economías ilegales, como el narcotráfico, la extorsión y la explotación de yacimientos mineros”. El crecimiento exponencial de las disidencias de las Farc se mantiene pese a algunos duros golpes de la Fuerza Pública. Ya se denuncia su presencia en Venezuela y en los principales corredores del narcotráfico en el suroriente y suroccidente de nuestro país, así como en Arauca y el Catatumbo. En algunas zonas actúan en complicidad con el Eln, el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales. Las autoridades militares tienen información de que tratan de conformar una estructura de orden nacional bajo el mando de alias ‘Gentil Duarte’, pero aún no se sabe si ‘Márquez’, ‘Romaña’, ‘El Paisa’ y otros cabecillas desmovilizados de las Farc ya se integraron a las disidencias. Incluso, hoy no se sabe si estas, que nacieron hace apenas tres años, tienen más hombres en armas que el Eln, que lleva décadas delinquiendo.ç

4.         EL LÍO DE LOS ETCR: una de las mayores evidencias de cómo el acuerdo de paz con la Farc hace agua es lo que pasa en los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación (ETCR), en donde, se supone, debía estar concentrado el grueso de los desmovilizados de las Farc. Las estadísticas del Gobierno, la ONU y la propia organización desarmada son confusas. De los más de 7.000 efectivos iniciales en estos espacios, ya no quedarían ni la mitad. Una parte importante de los excombatientes salió de los mismos alegando que el Estado no cumplió con las ayudas económicas. Otro tanto habría sido ‘reclutado’ por las disidencias de las Farc, el Eln y las Bacrim. También están quienes simplemente se cansaron de vivir en estos improvisados campamentos y prefirieron volver con sus familias o integrarse a cabeceras municipales. La cúpula del partido Farc también denuncia que algunos de sus excombatientes salieron de los ETCR por temor a ser asesinados por grupos ilegales. El Gobierno replica que se han cumplido los pactos económicos y asegura que tiene más de 4.000 efectivos prestando seguridad a estas zonas de concentración. Lo cierto es que, según el cronograma, a estas alturas del proceso ya no deberían existir estos campamentos y por eso se plantea su disminución a partir de agosto. 5.       ASESINATO DE EXFARC: uno de los problemas más complicados en el proceso de implementación del acuerdo es el asesinato de desmovilizados. El partido Farc alega que hay una cruzada criminal contra sus excombatientes. El caso más reciente y sonado fue el de Dimar Torres en el Catatumbo (23 de abril), que fue muerto en confusos hechos por un suboficial del Ejército, ya capturado, y que tiene en la mira a un coronel. Frente a la denuncia de la exguerrilla, el Gobierno sostiene que se están dando las medidas de seguridad a todos los desmovilizados y que en algunos casos sus muertes no tendrían relación con hechos del conflicto armado. La Fiscalía General, precisamente esta semana, dio un parte de sus investigaciones al respecto. Dijo que a la fecha la tasa de esclarecimiento de crímenes cometidos contra excombatientes y sus familiares (homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada) es del 51% (87 de 168 víctimas certificados por OACP). De estos, 12 casos se encuentran en ejecución de penas, 19 en juicio, 33 en investigación (con imputación de cargos), 20 en indagación con orden de captura, dos precluidos por muerte del indiciado y uno archivado por conducta atípica. Del total de hechos esclarecidos, en el 77% de los casos se pudo identificar que los hechos están asociados a una organización criminal, especialmente disidencias de Farc.

6.         DURA RÉPLICA A ONU: en el frente internacional también se ha evidenciado la debilidad estructural del proceso y cómo a raíz de la misma se generan roces de alto calado. El más reciente fue muy grave. La semana pasada expertos en derechos humanos de la ONU condenaron el asesinato del desmovilizado Dimar Torres y llamaron al Gobierno a que respete las garantías de seguridad ofrecidas en el marco del proceso de paz. Hasta ahí, todo normal. Pero también llegaron a instar “al Gobierno colombiano a que deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida… El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad…”. Ante semejante declaración de la ONU, que para algunos dirigentes políticos colombianos no solo fue muy grave e injusta sino altamente irrespetuosa, le tocó a la Casa de Nariño hacer una dura réplica. “Es absolutamente infundado que una actuación u omisión del Estado, de alguna manera, haya incentivado actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas Farc. El Gobierno no ha incitado a la violencia contra ningún desmovilizado de las Farc y viene haciendo un esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final”, recalcó el Ejecutivo.

7.         EL CASO ‘SANTRICH’: la suerte jurídica y política de este excabecilla desmovilizado se convirtió en una especie de ‘prueba ácida’ para el endeble acuerdo de paz. Capturado desde el año pasado en virtud de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, la JEP tardó casi un año en pronunciarse sobre su caso. El pasado 15 de mayo decidió otorgarle la garantía de la no extradición aduciendo que de las pruebas aportadas por EU y la Fiscalía no se podía constatar si el delito de narcotráfico que se le imputa se cometió  antes o después del 1 de diciembre de 2016. La decisión generó una polémica nacional de amplio espectro e incluso la renuncia del Fiscal General. Tres días después, cuando salía de La Picota, fue recapturado por la Fiscalía que lo sindicó de narcotráfico. Luego, un día después de que el Consejo de Estado lo reconociera como congresista (pese a no haberse posesionado en la Cámara), la Corte asumió su caso y ordenó su libertad hace dos semanas. Tras ello, el pasado 4 de junio, lo citó a indagatoria pero aún sin fecha. El pasado lunes se posesionó en la Cámara en medio de gran polémica y un día después tanto la Comisión Séptima como la plenaria no sesionaron en protesta por su presencia.

8.         UN PAÍS ‘PATINANDO’ Y POLARIZADO: lo más complicado de todo lo anterior es que el desbarajuste del acuerdo de paz se ha convertido en una especie de ‘freno de mano’ para Colombia. El rifirrafe diario Gobierno-oposición, las encuestas y el pesimismo nacional sobre el rumbo del país así lo evidencian. La agenda del Congreso en esta primera legislatura, que se supone debía ser la más productiva y sentar las bases del mandato Duque, se vio truncada por los debates de reforma a la JEP, las curules de las víctimas, las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP, el intento de moción de censura al Ministro de Defensa y el desgastante pulso entre partidos que querían ajustar el acuerdo y los que lo defendían pese a la evidencia de sus fallas… Y si no progresaron los ajustes, el resto de la implementación normativa pendiente también quedó en cero. A ese pulso polarizante también se quiso llevar a las altas Cortes por sus distintos fallos sobre asuntos relacionados con las Farc o la JEP. Ni el mismo partido de la exguerrilla ha podido proponer un solo proyecto o idea ajeno a este asunto y de allí su frágil debut político. En materia internacional, la cuestión no es mejor. Los debates de alto calado por el boom de los narcocultivos y la exportación de cocaína, así como la agenda del Canciller -desde Venezuela, Washington, la ONU o Europa- han estado cruzadas por ese alud noticioso y polémico del acuerdo de paz… Prácticamente no hay tema político, económico, social o institucional en donde este pleito no interfiera o genere ruido. Ya se ubica, incluso, como tema central de las próximas elecciones regionales y locales. En últimas, un país que quiere mirar al futuro pero un acuerdo de paz que lo ata al pasado.