La decisión de la Corte Constitucional sobre el consumo de alcohol y drogas en sitios públicos generó una cantidad inusitada de preguntas. Algunas se quedaron sin responder

Dudas y preocupaciones por montones. Eso fue lo que produjo el fallo de la Corte Constitucional que la semana pasada declaró inexequibles dos artículos del Código de Policía que prohibían el consumo de sustancias alucinógenas y alcohol en espacios públicos.

Como lo publicó EL NUEVO SIGLO, la presidenta de la Corte, Gloria Ortiz, defendió el fallo asegurando que “nosotros estudiamos la relación de la norma frente a la finalidad que se pretende proteger; en ese análisis la Corte llega a la conclusión que la norma viola el libre desarrollo de la personalidad de manera desproporcionada”.

Así mismo, argumentó que la norma afecta gravemente las decisiones que tomen las personas, pues tiene injerencia en su plan de vida.

“El Estado está diciendo: yo quiero que usted no consuma licor o sustancias psicoactivas. Una interferencia del Estado en la forma de ver el plan de vida de cada uno de nosotros. Por eso consideramos que es una restricción desproporcionada en el libre desarrollo de la personalidad”, sostuvo.

La magistrada ponente Diana Fajardo expuso que “la Corte encuentra que esta prohibición no es razonable pues a pesar de que busca un fin como la tranquilidad y las relaciones respetuosas entre las personas lo hace a través de un medio que impide alcanzar dicho fin. En el Código existen otros medios que la Policía puede utilizar para lograr la misma finalidad sin que se sacrifique tan intensamente la libertad de los individuos”.

Alarma nacional

Sin embargo, esto generó alarma a nivel nacional. Casi que de manera inmediata el gremio que reúne a las capitales de Colombia (Asocapitales) publicó un comunicado en el que manifestaban su preocupación por “las consecuencias negativas de la decisión del alto Tribunal”.

“Asocapitales es respetuosa de la autonomía judicial y de las decisiones de la Corte, no obstante, considera que los artículos declarados inconstitucionales eran una herramienta efectiva, proporcional y razonable para que la fuerza pública cumpliera con su deber de garantizar la primacía del interés general por encima del interés particular de las personas”, aseguraron los mandatarios.

Un día después el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, se mostró molesto con la decisión, dijo que la corte al fallar se imaginaba a “un poeta fumando marihuana en un rincón boscoso. En la realidad, las autoridades debemos enfrentar pandillas que consumen psicoactivos, intimidan y matonean”.

Y además dio a conocer una cifra escandalosa: “La mitad de los aproximadamente 1.000 homicidios que se cometen en Bogotá cada año no son llevados a cabo por delincuentes, sino por personas que haciendo uso del derecho al libre desarrollo de su personalidad consumen psicoactivos, pelean y matan a otros. Hieren a miles más”.

Acto seguido el alcalde de Armenia, Oscar Castellanos, se pronunció al respecto: “Pienso que las libertades extremas no son buenas, en especial en algunas edades en las que el carácter y la responsabilidad se encuentra en formación”.

El presidente de Asocapitales, Maurice Armitage, alcalde de Cali, una de las ciudades con los mayores índices de delincuencia y microtráfico, aseveró que “me preocupan los efectos negativos que pueden generar el consumo de drogas y alcohol en el espacio público, y la manera como perjudicarían el orden y la seguridad”. Además dijo que enviará una comunicación a la Corte solicitando que se revise el fallo que ya genera zozobra entre los alcaldes.

Este pronunciamiento no es menor pues hasta marzo en la capital del Valle del Cauca se habían presentado 274 homicidios, en su mayoría por ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales de estupefacientes.

Igualmente el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció alegando que “no puede ser que después de haber ganado la batalla para arrebatarle a la delincuencia y drogadicción nuestros parques y plazas, se vuelva a permitir el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en estos espacios”.

Y agregó que “como padre, no me canso de pedirle a todos los papás que cuidemos a nuestros hijos; como Alcalde asumí la tarea de recuperar parques y espacios públicos ideales para el disfrute y sana convivencia de las familias”.

Paradójicamente, la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco) se mostró satisfecha con la decisión de la Corte, pues según su vicepresidente Orlando Jiménez “termina con la situación que se había generado entre los comerciantes y la Policía, ya que los segundos, al interpretar el código, procedían a intervenir, sancionar y/o cerrar negocios por utilizar el espacio público para ingerir bebidas alcohólicas. Los comerciantes estábamos pidiendo que se nos permitiera la venta y consumo de alcohol en las terrazas de los establecimientos de comercio. Sin embargo, vemos que la Corte fue más allá porque no solo podríamos vender en las terrazas sino en el espacio público”.

Proteger la familia

La reacción del presidente Iván Duque fue contundente. En dos intervenciones aseguró que “el decreto que permite incautar drogas ilícitas en el espacio público sigue y seguirá vigente, para proteger a la familia y a los niños de Colombia. Es una medida que no busca criminalizar al consumidor”.

Y agregó que esa norma “permite incautar las drogas que muchas veces son utilizadas por los jíbaros con el pretexto de la dosis personal para esconder en los parques su provisión mientras van contaminando los ambientes de escolares y de la familia colombiana, en lo que va corrido de nuestro gobierno hemos recuperado más de 18.000 parques y decenas de miles de entornos escolares. Somos claros que el decreto se fundamentó en muchas más normas y el decreto sigue y seguirá vigente para proteger a los niños de Colombia en todo el territorio nacional”.

El Ministerio de Defensa respondió a la decisión con cifras. A través de un comunicado expuso que el Gobierno desde el primer día ha “luchado contra el flagelo de las drogas. Se han capturado por el Estatuto Nacional de Estupefacientes más de 49.933 personas; se han extraditado 71 por delitos conexos al narcotráfico y se han capturado 94 personas con fines de extradición por este motivo”.

La consejera de las Regiones, Karen Abudinen, afirmó que el Ejecutivo acata el fallo “pero eso no me impide presentar mi preocupación sobre el entorno negativo en el que los niños se verán expuestos en parques a consumidores de droga y alcohol. Tenemos que protegerlos y cuidarlos”.

El senador Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, rechazó la sentencia y anunció que “nos disponemos a salir a las calles. Nos están llamando a salir a la calle, lo único que no pudo quitarnos el gobierno anterior. Vamos a pedir que se tomen medidas contundentes para que el decreto presidencial se pueda aplicar sin obstáculos”.

En esa misma línea, la también senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, puntualizó que “una cosa es decir que es permitido consumir alcohol y drogas y otra muy distinta decir que se pueden consumir en todas partes incluso por encima del derecho de los niños a un ambiente sano y al disfrute de los espacios públicos por la ciudadanía”.

Gustavo Petro, senador de Colombia Humana, atacó la posición de Uribe, considerando que “cada vez que un político se expresa con dureza contra los consumidores de sustancias ilegales es porque le gusta que así se traslade la lucha contra el narcotráfico sobre quienes son los dueños del negocio hacia quienes no tienen la culpa”.

Políticas públicas

La Representante por Bogotá, Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, apuntó que “es clave revisar cuáles son las políticas públicas más efectivas para prevenir el consumo: concentrar los esfuerzos de la Policía y justicia en el tráfico. Salud pública para los consumidores”.

El Partido Conservador a través del senador David Barguil afirmó que pedirán al Consejo Nacional Electoral que en las elecciones de octubre haya una papeleta que permita “expresar un mandato contundente por la prohibición del consumo de alcohol y drogas en espacios públicos”.

“Somos millones de familias preocupadas por la decisión de la Corte Constitucional, vamos a pedir que se imprima una papeleta para que se prohíba el consumo de drogas y alcohol en espacios públicos. Que sea la voz de millones de colombianos que le den un mandato al Estado para que se dé esta prohibición, ojalá podamos unirnos de distintos partidos y sectores en este sentido”, dijo.

Por otro lado, Germán Varón, de Cambio Radical, aseguró que en el caso de Bogotá “y de muchas ciudades ha sido importante esta medida para evitar riñas y para evitar los muchachos tomando y consumiendo drogas en la calle, para eso hay sitios como los sitios privados o aquellos donde se pueden desarrollar actividades de alto impacto”.

El senador Rodrigo Lara, copartidario de Varón, aseguró que “la solución es sin duda la ley que presenté que está siendo discutida en el Congreso. No se prohíbe la facultad general de porte de esas sustancias, pero se regula prohibiendo porte y consumo de cualquier dosis en dos partes: en los parques y en perímetros de colegios”.

Y agregó que “así como existen zonas libres de humo, con esta ley pretendemos establecer dos zonas libres de drogas: los parques y los colegios”.

Incluso la jerarquía católica se pronunció al respecto. El secretario general de la Conferencia Episcopal, Elkin Fernando Álvarez, obispo auxiliar de Medellín,  dijo que “cuando estamos alarmados por el incremento de la drogadicción consideramos que esta decisión va en contravía de los esfuerzos de tantas personas e instituciones para romper el círculo de corrupción, violencia y muerte que el consumo y tráfico de estupefacientes han generado en nuestro país.