La Comisión de la Verdad presentó el informe final sobre la violencia entre 1958 y 2016, resultado de un trabajo de cinco años en el que se recolectaron los testimonios voluntarios de víctimas, actores y testigos de los más de 50 años de conflicto armado en Colombia.

Durante el evento en el que se hizo público el informe, algunos sectores criticaron la no presencia del actual mandatario, Iván Duque, quien en una entrevista con la agencia EFE, desde Lisboa, confió en que el documento final de la Comisión de la Verdad no sea “un informe de posverdad”.

“La verdad no puede tener sesgos, ni ideologías, no puede tener prejuicios. Es objetiva. La verdad tiene que ser incontrovertible y la realidad de nuestra historia es muy clara”, dijo en alusión al informe que se presentó en Bogotá.

“En Colombia hemos tenido unas fuerzas legales y del orden que defienden la Constitución y la ley, y hemos tenido terrorismo que ha pretendido acallar y silenciar la voz de un pueblo en democracia”, agregó Duque.

“No hay asesinatos de derecha ni de izquierda. Asesinato es asesinato. Y no hay causas objetivas de la violencia. Nada puede justificar un asesinato, un secuestro, una extorsión o un ataque terrorista”, expresó el mandatario.

“El que pretenda hacerlo por razones ideológicas, sencillamente está tratando de justificar la violencia”, concluyó Duque.

Del otro lado, el presidente electo, Gustavo Petro, quien realizó la lectura de las recomendaciones realizadas por parte de la Comisión, aseguró que estos espacios no se deben ver como venganza y precisó que "las sociedades siempre tendrán conflictos, pero el conflicto no debe ser sinónimo de muerte. El conflicto es una forma que la sociedad ha tenido para ascender a través del diálogo para ser más humana".

Del mismo modo Petro precisó que, a su criterio, "cortar los ciclos de la violencia implica cortar los ciclos de la venganza y la retaliación, donde una víctima se convierta en victimaria". Finalmente, el mandatario electo comentó que las recomendaciones "serán eficaces" para su periodo presidencial.

Las recomendaciones

Las recomendaciones analizadas fueron propuestas por víctimas, organizaciones de la sociedad civil, de mujeres, de disidencias sexuales y de género, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pueblos étnicos, excombatientes de todos los grupos, iglesias, integrantes de la fuerza pública, empresarios, periodistas e instituciones del Estado de todo el territorio nacional, explica la Comisión de la Verdad.

Entre las recomendaciones consignadas en el informe están:

-Crear el Ministerio de la Paz y la Reconciliación.

-Avanzar en una negociación con el Eln, y al Eln, “respetar y garantizar la labor de los organismos humanitarios en los territorios en los que hacen presencia”.

-Diseñar una estrategia integral de sometimiento colectivo e individual para las organizaciones criminales.

-Establecer una política de memoria y verdad para la construcción de paz y la no repetición.

-Crear el Museo de Memoria de Colombia.

-Reformar el régimen político y electoral para garantizar la representatividad de la diversidad regional.

-Impulsar un Estatuto para la Participación de las Mujeres y personas Lgbtiq+.

-Defender y aplicar la implementación del Acuerdo de Paz.

-Evitar el uso del sistema penal y las acciones policivas y otras normativas como mecanismos de represión de las movilizaciones y protestas.

-Prohibir la intervención militar en operativos de control y contención de los disturbios.

-Reformar o eliminar el Esmad.

-Implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y defensoras de derechos humanos.

-Garantizar una respuesta efectiva por parte de la Unidad Nacional de Protección a las solicitudes de protección individuales y colectivas.

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-Brindar garantías con enfoque diferencial para los líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, excombatientes, así como la oposición política y social.

-Abstenerse de realizar conductas que deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o estigmaticen la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, integrantes de movimientos sociales y de líderes y lideresas sociales.

-Garantizar el cumplimiento de los compromisos derivados de los procesos de diálogo e interlocución con la ciudadanía.

-Avanzar en un Estatuto de derechos y garantías para las organizaciones y movimientos sociales.

-Hacer ajustes institucionales para garantizar la independencia y capacidad de autoridades electorales, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.

-Garantizar la participación de la ciudadanía en los procesos de inspección, vigilancia y control de los recursos empleados en los procesos electorales.

Otras sugerencias

Uno de los puntos que contiene el documento es la sugerencia de cambiar el modo en el que se elige el Fiscal General de la Nación. Esto con la intención de “garantizar su independencia, sobre la base de criterios de mérito y reconocimiento de trayectoria profesional, igualdad de género, publicidad y transparencia”.

De igual forma, recomienda al Congreso “adoptar las medidas necesarias” para garantizar que los aforados constitucionales que participaron o se beneficiaron de violaciones a los derechos humanos “sean debidamente investigados bajo condiciones que garanticen la independencia e imparcialidad de la investigación y el juicio, el debido proceso y los intereses y garantías fundamentales de las víctimas”.

Otro punto espinoso que toca el informe está relacionado con los procesos de extradición; es por eso que sugiere al Gobierno nacional “priorizar la investigación, juzgamiento y sanción en Colombia al momento de decidir respecto de solicitudes de extradición que recaigan sobre personas procesadas que puedan contribuir a esclarecer fenómenos criminales, violaciones a los DD.HH., infracciones al DIH y corrupción a gran escala”.

Pide la Comisión de la Verdad que se pueda reconocer el exilio y el refugio transfronterizo “como grave violación a los derechos humanos” y establecer medidas específicas para la asistencia y reparación integral que le asiste a las víctimas “mientras permanezcan por fuera del territorio nacional y diseñar un programa que garantice el retorno o reubicación con acompañamiento de las víctimas que incluya un enfoque de derechos humanos”. 

En cuanto a la estructura de las fuerza pública, el organismo sugiere “separar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y ubicarla en otro o en un nuevo ministerio, como una medida necesaria, mas no suficiente, para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil y de la gobernanza en materia de seguridad ciudadana, rural y urbana”.

Comité de vigilancia

Un grupo conformado por siete personas integrará el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, el cual entrará en funcionamiento una vez esté publicado el Informe Final.

Dentro de las funciones del comité estará la de aprobar la metodología de seguimiento y monitoreo, además de publicar informes semestrales a las recomendaciones, que incluyan la evaluación de los avances y dificultades encontradas así como las gestiones realizadas.

“Los informes deberán contar con un enfoque territorial, nacional y de los colombianos en el exilio, y un enfoque diferencial y de género. De considerarlo necesario, el Comité podrá rendir informes sobre temáticas específicas relacionadas con su objetivo, previa aprobación por parte de sus integrantes”, señala la resolución.

Los informes, de acuerdo con lo ordenado, se deberán difundir de forma semestral, por lo que el comité debe diseñar un plan de difusión de los documentos.