El presidente brasileño, Michel Temer, enfrentará el miércoles otra prueba de fuego para su atribulado gobierno cuando la Cámara de Diputados decida si envía a la corte suprema una acusación de corrupción en su contra o la archiva.

La oposición anticipó que buscará bloquear la sesión, dejando al oficialismo la obligación de conseguir el quorum de 342 legisladores necesarios para votar, un reconocimiento de que no tiene la fuerza suficiente para que la investigación avance. 

"El gobierno no tiene el número suficiente de diputados para abrir la sesión", dijo a la AFP el diputado Paulo Pimenta (PT, izquierda).

"Cada día nos llega nueva información de otros casos de corrupción que involucran al gobierno. Cuanto más ese tipo de información llegue a la población y al Parlamento, mayor será la posibilidad de que tengamos los votos necesarios para sacarlo [a Temer] del gobierno", añadió.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (DEM, derecha),  un aliado del presidente, dijo por su parte que esperaba que el miércoles hubiera sesión y con la casa llena.

Temer quedó muy fragilizado luego de que la Fiscalía General lo denunciara por pedir un soborno de 500.000 reales (unos 150.000 dólares) al gigante de la industria frigorífica JBS, causa que lo convirtió en el primer presidente en ejercicio en ser acusado de un crimen común.

Con una popularidad de 5%, según un sondeo de Ibope que lo ubicó como el mandatario con menos apoyo desde la redemocratización en 1985, Temer podría ser suspendido por hasta 180 días si el proceso llega al Supremo Tribunal Federal (STF) y éste lo eleva a juicio.

En ese caso será reemplazado por Maia, y si es hallado culpable, será destituido y el Congreso deberá hacer una elección indirecta para completar el accidentado mandato hasta fin de 2018.

 Pocas chances

No obstante, la apertura de una investigación en su contra parece difícil gracias a la estrecha alianza que el presidente de 76 años tejió con el Congreso.

"Cinco partidos grandes ya decidieron respaldar al presidente y eso solo ya suma 200 votos", dijo un asesor de la presidencia, en referencia al cálculo que indica que si el oficialismo consigue 172 votos, incluidas ausencias y abstenciones, ya no sería posible llegar a los dos tercios del total necesarios para que la causa avance.

Pero la volatilidad del escenario político, la pérdida de cohesión de su base de diputados -llegó a contar con más de 20 de los 26 partidos representados- no dejan margen para euforias en un país constantemente sacudido por escándalos de corrupción. 

Maia dijo que trabajará para evitar postergaciones.

"Brasil precisa una definición sobre ese asunto. No se puede jugar con un asunto tan grave", dijo a periodistas sobre el fin de semana.

"No se puede dejar al paciente en el quirófano con el vientre abierto", añadió.

La oposición apuesta a incentivar deserciones en el oficialismo, fracturado desde que Temer fue acusado, y espera que la Fiscalía formule nuevos cargos para continuar golpeando sobre el gobierno.

"No está claro cómo será el escenario después de una eventual victoria del gobierno, porque no creo que vaya a tener muchos votos favorables. Deberá administrar su base en el Congreso porque quedará una imagen de fragilidad (...) aun ganando", dijo a la AFP el diputado oficialista Marcos Rogerio (DEM), que votará en favor de la continuidad del caso por razones "éticas".

"El gobierno solo tendría una votación desfavorable si aparecieran nuevas delaciones o nuevas denuncias", añadió.

 Articulaciones

Desde que llegó al poder en mayo del 2016, cuando Rousseff fue separada del cargo por manipular las cuentas públicas, Temer ha logrado sobrevivir pese a su impopularidad y a las acusaciones de corrupción que le costaron perder seis asesores y pusieron a ocho ministros bajo investigación por el escándalo de Petrobras.

En junio, además, escapó a un proceso en la corte electoral, también con potencial para destituirlo.

Conocedor del terreno donde se juega su mandato, Temer se reunió en las últimas semanas con decenas de legisladores hasta lograr que una comisión que estudió su caso emitiera un parecer en favor de archivar el caso. La decisión no es vinculante, pero le dio una victoria no exenta de polémica, que puede ser clave.

El partido opositor Rede denunció que esas articulaciones comprometieron más de 3.260 millones de reales en fondos públicos a ser distribuidos entre los legisladores, un aumento del 1.900% entre junio y mayo, mes en que fue presentada la denuncia.