- Su presencia es fundamental en Senado
- Celeridad dentro del debido proceso
Pocas veces en la historia del país se suceden hechos como la llamada a indagatoria, por parte de la Corte Suprema de Justicia, al expresidente y todavía senador Álvaro Uribe Vélez. Están, por supuesto, los casos de Obando, Mosquera y Rojas Pinilla, todos ellos sin embargo procesados por el Congreso de la República, por cuanto eran presidentes al momento de las sindicaciones. También está la causa del vicepresidente Santander, enjuiciado por un tribunal especial, pero conmutada la pena de muerte por el exilio a cuenta del propio Libertador, luego de confirmarse que estaba enterado del atentado contra aquel, sin haberlo advertido oportunamente a las autoridades.
Más adelante, en la época de la oposición de Laureano Gómez al presidente López Pumarejo, su ministro Alberto Lleras puso una denuncia por calumnia, ante un juez, contra el jefe opositor. La protesta popular fue, entonces, inconmensurable y ante el desconocimiento del fuero parlamentario Gómez hubo de asilarse en el Ecuador, regresando meses más tarde luego de que la maniobra en su contra hubiere fracasado. Poco menos de un lustro más tarde, el presidente Mariano Ospina tuvo que enfrentar la oposición gaitanista, que lo pretendía encausar en el Congreso por una importación estatal de gases lacrimógenos, pero el asunto llegó a su fin cuando, por las circunstancias políticas desbordadas, terminó anticipándose el cierre del hemiciclo parlamentario.
Recientemente, durante los escándalos de la campaña presidencial de Ernesto Samper, el asunto ni siquiera pasó de la Cámara de Representantes y mucho menos alcanzó las instancias de la Corte Suprema de Justicia.
El sorprendente llamado al expresidente Álvaro Uribe Vélez en su carácter de senador, a responder por soborno y fraude procesal frente a los hechos atinentes al pleito con el también congresista Iván Cepeda, ha polarizado aún más un país de hecho dividido en dos bloques de centro derecha y centro izquierda, luego de las elecciones presidenciales de hace unas semanas. Unos, a no dudarlo, hablarán de una justicia abiertamente politizada, mientras que los otros verán en el solo llamado a indagatoria una condena anticipada. Por lo pronto, no obstante, está pendiente si la corporación legislativa aceptará la renuncia del senador Uribe Vélez, con lo cual es posible que el caso pase a la Fiscalía General de la Nación, por estar comprometidos delitos comunes. Es claro, a su vez, que la Corte por anticipado debió sopesar esa posibilidad, pero aún no se sabe si lo mantendrá en su jurisdicción a raíz de que las conductas investigadas fueron presuntamente cometidas en su ejercicio parlamentario.
El alto tribunal seguramente tendrá razones de peso para dictaminar la indagatoria que, por lo demás, era un secreto a voces desde ya hace un par de meses. Incluso, frente a un trino al respecto de la senadora Paloma Valencia, la misma Corte había dicho que no estaba en esos procedimientos. De haber salido la providencia en momentos en que se adelantaba la campaña política no se sabe cuál habría sido el resultado. En todo caso, dentro de las circunstancias actuales, cerca de posesionarse el presidente Iván Duque, reconocido pupilo del jefe del Centro Democrático, el palo ciertamente no está para cucharas.
Interesa, por descontado, que las instituciones prevalezcan. No está, de seguro, en la mente de Álvaro Uribe desconocer los procedimientos constitucionales. De suyo, ha dicho que renuncia a su curul por no poder actuar como senador y al mismo tiempo ejercer su defensa jurídica. Salvo por razones de estrategia judicial, o consejo de sus asesores, la presencia de Álvaro Uribe Vélez en el Senado es fundamental. Su dimisión le baja tono, interés y posibilidades a la agenda legislativa, así como el hemiciclo es, por igual, el recinto natural para la defensa política. En efecto, desde la misma apertura de las sesiones parlamentarias de hace cuatro años, Uribe Vélez fue estrenado con un debate sobre su persona, caso por demás extraño en las costumbres del Congreso, del cual salió airoso, en medio de la controversia álgida.
No hay duda, más allá de las estrictas circunstancias jurídicas, que por el momento que vive el país muchos de esos elementos terminarán cayendo en la arena política. Indispensable, para Colombia, que la Corte Suprema de Justicia actúe con celeridad, dentro del debido proceso, por cuanto una situación suspensiva de este tipo no es aconsejable. Mucho menos, claro está, sobre la base de proceder, por supuesto dentro de las facultades y atribuciones, sobre uno de los dirigentes con más arraigo popular en la historia reciente de la nación, lo que no debe dar margen a desbordamientos y el regreso a tiempos recalcitrantes e imprevisibles. Muy seguramente, desde el punto de vista político, habrá movilizaciones en favor de la inocencia del expresidente Uribe Vélez. En su oportunidad, el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y sus seguidores, realizaron múltiples manifestaciones contra lo que consideraron un procedimiento injusto de la Procuraduría, que lo llevó a la destitución momentánea.
El caso no es comparable, en buena medida, pero la situación de crisis política que puede avizorarse pone de presente, ante todo, la necesidad de la serenidad y la cautela.