Una nueva reforma al sistema de aseguramiento de la calidad presentó el MEN, una reforma necesaria para un sistema que tiene grandes retos en calidad y acreditación

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LA SALIENTE ministra de Educación firmó el 25 de julio el decreto 1280 de 2018 por el que se reglamenta el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Un extenso y para una persona no cercana al sistema un complicado documento, que en palabras sencillas busca definir una política de calidad en la educación superior del país: acreditación de programas, aprobación de registros calificados, acreditaciones de alta calidad, solicitudes de renovación de programas, normativas para la educación a distancia y virtual y registros calificados y de calidad para los programas de posgrado: especializaciones, maestrías y doctorados.

Para los que no son expertos en el tema, quiere decir que para que una institución de educación superior pueda ofertar un programa académico o técnico debe demostrar que cumplió con los requisitos mínimos. Que no es un lugar de estafa, que tiene las condiciones básicas de calidad y que los que van a estudiar no van a perder su tiempo o dinero. Por eso, es tan importante. Por otra parte, existe la acreditación de alta calidad. Eso quiere decir que la acreditación aprueba unos requisitos básicos para ofrecer el servicio, pero también existen instituciones que hacen esfuerzos mayores por la investigación, la calidad de sus educadores, el seguimiento de procesos claros, de publicaciones entre otros aspectos, que cuando los logran demostrar se les otorga una acreditación de alta calidad. Es decir, la primera evalúa los procesos y la de alta calidad los resultados.

Por qué era necesario hacerlo

Sin duda, tomar decisiones sobre la educación superior, no es fácil. La autonomía universitaria implica un cuidado extremo cuando se piensa en poner las reglas básicas para definir los mínimos de los programas, la calidad y garantizar a la sociedad programas serios y reglamentados, dentro del esquema sin ánimo de lucro que ha definido la educación superior colombiana.

El sistema actual necesita urgente esta reforma, había llegado al máximo posible, porque la forma en la que estaba definido buscaba homogeneizar, y el problema de hacerlo es que se tiene a generalizar por lo bajo. Por eso, una tarea debía estar orientada en entender contextos, regiones, particularidades de los programas, niveles, si es técnica, profesional, si es universidad o institución universitaria. El sistema de acreditación de los programas debe ser diverso, eso no quiere decir que sea bueno o malo, pero aplicar diferentes formas y exigencias por supuesto con unos mínimos básicos generales.

Las novedades

El MEN organizó una comisión de expertos de alto nivel, con rectores y exrectores de universidades públicas y privadas acreditadas, personas de Colciencias y Corpoíca, exconsejeros del CNA, profesores autoridades internacionales en procesos de calidad educativa y otros expertos. Estuvo a cargo del grupo la viceministra de educación superior, quien fue profesora de la Universidad Nacional y que siendo vicerrectora lideró acreditaciones de pregrado y la primera acreditación institucional que se otorgó por diez años. Una persona sin duda, con bastante autoridad y conocimiento en el tema, que además ha escrito libros sobre el sistema docente de la universidad más grande del país.

Se realizaron varios talleres con expertos nacionales e internacionales, muchas discusiones abiertas a la comunidad universitaria, se publicó el documento en la Web, se recibieron recomendaciones y sugerencias, y el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu) lo aprobó.

Según el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, la propuesta se basa en un nuevo modelo que, en lugar de listas planas de indicadores, usa matrices más complejas, diversas y ricas, que permiten ver la evaluación como un proceso continuo, y sirven no solo para calificar, sino para ayudarle a la institución a entender dónde está situada y qué debe hacer para llegar a donde pretende llegar. Además, articula las dos vertientes del sistema. Una dependiente del Ministerio, manejada por comisiones sectoriales (Conaces), que otorga registro calificado a los programas. Esto es una constancia de que cumplen con las condiciones mínimas que le aseguran al estudiante una formación adecuada. Otra, que acredita los programas y las instituciones que demuestran una calidad superior. Esta vertiente es manejada por un consejo con alto nivel de autonomía, el CNA.

Dentro de los apartes a destacar, afirma que el Estado debe velar por la calidad del servicio educativo, mediante el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior, la cual se ejerce en un proceso de evaluación para garantizar la calidad. El cumplimiento de sus fines, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos y la adecuada prestación del servicio.

Presenta las generalidades del sistema de aseguramiento, define las políticas diseñadas para mejorar la calidad de las instituciones de los programas, que las universidades rindan cuentas y garanticen un servicio educativo de calidad. En un contexto de la evaluación y el mejoramiento continuo.

Los actores: las IES (Instituciones de educación superior), el MEN, el consejo nacional de educación Superior, los Conaces y el CNA y la comisión intersectorial, la comunidad académica y científica en general. Define el Registro calificado, como un requisito obligatorio para que una IES reconocida por MEN desarrolle programas en pregrado y posgrado. Será otorgado por el MEN, se registra en el SNIES, será expedido cuando la institución haya aprobado la evaluación, se define el lugar, el tiempo de siete años para renovación y garantizar las condiciones mínimas presentadas. Profesores, gestión curricular, medios, y extensión. Para maestrías y doctorados se tendrá en cuenta el componente de investigación.

Lo que no debe ocurrir

En un artículo de la semana pasada Carlos Soto, citando a Julián de Zubiría afirma que el gobierno no debió firmarlo y que debía ser el nuevo gobierno quien socializara y “negociara”. Ese es el primer problema que tienen algunos líderes de opinión en educación, que trabajan en función de la estructura sindical y piensan que todo se debe negociar, con todas las perversas implicaciones que eso tiene. La calidad en la educación superior es fundamental y garantizar programas e instituciones serias, es un deber del gobierno. Se debe socializar, pero no negociar. Escándalos como los de la Universidad Antonio Nariño hace 20 años, o en tiempos recientes, la Fundación Universitaria San Martín, Uniautónoma del Caribe, Ideas, la Incca, o la escuela de Artes y Letras demuestran que no todos los miembros del sistema tienen la autonomía para ofrecer unos mínimos de calidad en función de un sistema que reinvierta los recursos en las instituciones que administran.

(*) Mario Hurtado es especialista en educación. Twitter: @hurtadobeltran “La opinión del autor no refleja necesariamente la posición del medio y es responsabilidad exclusiva del que la escribe”