Lo queda claro tras el acervo probatorio que se conoce es que, en el fondo, es un pulso de palabra contra palabra entre acusadores y acusados. Sin elementos fácticos adicionales, la suerte procesal favorecería al exmandatario. El caso se tardará mucho tiempo e incluso no se sabe si la declaración del también senador se hará antes o después de recibir las versiones de los más de 30 citados. En el campo político, es claro el primer round dependerá de si el exmandatario sigue o no en su curul. Todo ello en medio de un país polarizado y, ahora, más crispado

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No es fácil, en medio del ambiente crispado por el llamado a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, intentar una aproximación más o menos serena al tema. Interesa particularmente al país conservar la calma y dilucidar dentro de los cauces institucionales pertinentes la verdad jurídica.

En todo caso, en pocos días el asunto ha pasado de castaño a oscuro, por tratarse, ciertamente, de un pleito con raíces en los bajos fondos. Esto es así pues, básicamente, hay comprometido el testimonio de un condenado secuestrador extorsivo, Juan Guillermo Monsalve,  que acusa a un expresidente de la República de intentar manipularlo o presionarlo para que se retracte de las graves denuncias contra él y su hermano sobre sus presuntos nexos con grupos paramilitares.

Para la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte, hay pruebas que permiten abrir investigación formal el senador y exmandatario Uribe y al también parlamentario del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada para que respondan por los delitos de soborno y fraude procesal.

Como se sabe, los hechos que investiga la Corte en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero, cuando la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, y compulsó copias contra el denunciante Uribe para establecer si incurrió en manipulación de testigos en esa primera causa.

“Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. En la indagación preliminar, ordenada el 22 de febrero para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los congresistas Uribe y Prada deberán responder por los mencionados delitos”, señaló el alto tribunal el martes pasado al informar las razones del llamado a indagatoria.

Sin embargo, el exmandatario niega haber incurrido en manipulación de testigos antes o después del fallo sobre Cepeda, del 16 de febrero. Por el contrario, Uribe indica que fue contactado por una auxiliar suya, quien le dijo que Monsalve, compañero de celda de un conocido de ella, estaba arrepentido y dispuesto a desdecirse voluntariamente de las falsedades que había emitido en su contra y de su familia.

El busilis de la cuestión, pues, consiste en saber si existió presión o dádiva, o si era un asunto del arbitrio propio del recluso. Sea como fuere, dice el expresidente que aceptó mandar a uno de sus abogados, Diego Cadena Ramírez, para analizar el tema pero que este le contó que el preso, a cambio de su retractación, le pedía asesoría jurídica y seguridad personal, a lo cual el exmandatario reaccionó con la indicación de que lo hiciera públicamente y ante la Corte. Y dejó las cosas ahí.

Por el contrario, para Monsalve y su entorno, una tesis que al parecer también comparten los tres magistrados de la Sala de Instrucción, lo que pudo existir fue una presión para cambiar su testimonio contra los Uribe.

Así las cosas, como en la gran mayoría de los casos penales, entonces, lo que existe de fondo es palabra contra palabra: la de Uribe y sus abogados, y la de Monsalve y su entorno.

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¿Y ahora?

Por el momento todo dependerá de la forma en que se desarrolle el proceso penal contra el exmandatario. Ya su abogado, el penalista Jaime Granados, se notificó del llamado a indagatoria y espera se fije la fecha  respectiva.

A ello se suma que la definición de la suerte jurídica del exmandatario se demorará varios meses o más, pues cualquier decisión sobre su caso deberá tomarse con base en una gran cantidad de valoración de nuevos testimonios y pruebas.

“… No es nada fácil el asunto. En primer lugar, porque la Sala de Instrucción llamó de forma paralela a rendir testimonio a más de 31 personas… Cualquier decisión sobre el expresidente en la Corte (yo creo que el proceso seguirá allí y no pasará a la Fiscalía) no sólo dependerá de sus descargos, sino de lo que digan esa otra treintena de personas en donde están nada menos que el testigo principal contra Uribe, los abogados de lado y lado, reclusos, el propio Iván Cepeda, una exfiscal presa así como otras personas que, directa o indirectamente, tienen que ver con todo este entramado judicial…”, precisó un experto penalista que ha llevado varios procesos ante la Sala Penal de la Corte.

Agregó que la recolección de todos esos testimonios, su valoración por los magistrados e incluso la réplica que puedan hacer algunos de los actores procesales, puede “demorar varios meses”. “… Sin que se tenga un escenario probatorio claro, difícilmente veo que se esté tomando una decisión más drástica sobre el expresidente a corto plazo”, dijo el penalista. Agregó que la cuestión es aún más compleja porque también están pendientes pruebas de carácter técnico, ya que la Corte remitió a la Fiscalía copias de algunas interceptaciones de llamadas telefónicas sostenidas entre el abogado Cadena y la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, exfuncionaria que -según el comunicado judicial- se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra Santiago Uribe Vélez.

Como se sabe, este último estuvo preso casi dos años tras ser sindicado, en octubre de 2016, como presunto  responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, en el marco de las acusaciones que lo relacionan con el presunto grupo paramilitar de “Los 12 apóstoles”, que habría funcionado en Antioquia, e incluso tendrían bases en una de las fincas de los Uribe, “Guacharacas”, en zona rural del municipio de San Roque. Los principales testigos en su contra son el condenado mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses y Monsalve, quien hizo parte del bloque “Metro” de los paramilitares.

Como se sabe, Santiago Uribe quedó en libertad en marzo pasado porque llevaba más de dos años preso sin que se le definiera su situación jurídica. Sin embargo el proceso en su contra sigue vigente.

“… De lo que ha trascendido esta semana, luego del llamado a indagatoria, es que hay grabaciones de lado y lado, cartas, certificaciones, videos, interpretaciones… En fin, una gran cantidad de pruebas a favor y en contra que deberán ser valoradas y eso no se hará en pocos meses… Además, en un hecho sui generis ante la misma Corte, la Sala indicó que Uribe podría, antes de presentarse a esta diligencia, conocer las pruebas que lo comprometen y contar con tiempo suficiente para preparar la defensa… La pregunta es si esas pruebas son las ya recaudadas o las que se configuren o demeriten con base en la treintena de testimonios y las pesquisas técnicas a videos, grabaciones, interceptaciones”, agregó el penalista.

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¿Duda razonable?

En principio, al decir de no pocos juristas, la llamada “duda razonable”, premisa a que obliga la Constitución para proferir cualquier sentencia, pareciera que actúa en este caso a favor del sindicado, es decir el senador en ejercicio y jefe del Centro Democrático.

Lo anterior porque del acervo probatorio a la vista y de otras piezas procesales filtradas a la prensa, lo que se configura es que hay muchos testimonios altamente contradictorios en los que, como dato particular, el principal testigo de cargo contra el expresidente graba furtivamente las reuniones con el abogado de este, utilizando un reloj de cámara de alta tecnología, por supuesto prohibido en las cárceles. Lo que demuestra, de antemano, no solo una infracción penitenciaria, sino como mínimo la aparente intención de confabularse o de algún propósito sospechoso.

Con el llamado a indagatoria del expresidente, la Corte habrá de establecer si la duda razonable se infiere a su favor. Como están las cosas, no obstante, un llamado de este tipo, en vez de citarlo a versión libre, puede señalar un camino en una dirección imprevista. Esto porque si bien una indagatoria es un medio de defensa, también es claro que algunas veces viene acompañada de una medida de aseguramiento, si el juez considera que el sindicado es un peligro para la sociedad o que, en libertad, puede afectar el acervo probatorio. No se sabe, desde luego, en tal sentido, qué ruta tomará la Corte.

La estrategia de defensa

Desde el mismo momento en que se conoció su llamado a indagatoria, el expresidente se decidió a  explicar, pormenorizada y públicamente, a través de trinos y un extenso comunicado, todas y cada una de sus conductas al respecto, informando que esa información fue enviada a la propia Corte, en su momento, y con notificaciones formales.

Incluso, ante las críticas de muchos de sus detractores, el exmandatario recalcó que su intención de renunciar al Senado no implicaría el cambio de radicación de su proceso a la Fiscalía, sino que se mantendrá en la jurisdicción de la Corte.

Sin embargo, todavía no hay claridad al respecto, puesto que mientras algunos penalistas y exmagistrados sostienen que el alto tribunal seguirá con el caso y hay jurisprudencia suficiente al respecto, otros recalcan que el expediente debe ser remitido a la Fiscalía porque de las acusaciones al senador no se infiere que haya utilizado su cargo o el ejercicio del mismo para el tema Monsalve, razón por la cual si se concreta su renuncia pierde automáticamente la calidad de aforado.

Y tampoco hay claridad sobre si, finalmente, el expresidente renunciará a su curul. Aunque se supone que remitió su dimisión el jueves pasado al Congreso, por intermedio de un emisario, esta no fue radicada oficialmente pues el Centro Democrático, tanto el viernes como este fin de semana, adelanta reuniones con Uribe para convencerlo de que siga en el Parlamento.

De lo dicho por Uribe, es claro, en todo caso, que el expresidente no quiere salir inocente por duda razonable, sino que busca una sentencia absolutoria definitiva que pase al estatus de cosa juzgada. De allí que el pulso probatorio en la Corte o en la Fiscalía va para largo. “… Un proceso de esta complejidad bien podría tardar dos o tres años, como mínimo… Una captura de Uribe no se ve probable mientras el acervo probatorio continúe siendo marcadamente testimonial y no soportado en hechos fácticos, documentales o incriminatorios más evidentes… La Corte sólo se inclina por capturas cuando tiene ambos tipos de prueba y este no parece el caso y menos tratándose de un personaje como Uribe”, agregó el penalista consultado por EL NUEVO SIGLO.

Pleito político

Ahora bien, en el caso Uribe es evidente que hay dos clases de pleitos: el jurídico -que se demorará en resolverse- y el político, más inmediato y que tiene en el tema de la renuncia o no del expresidente a su curul un primer y muy determinante round. Y de la forma en que este termine, se podrá vislumbrar qué tanto pierde el entrante mandato de Iván Duque en materia de manejo parlamentario y gobernabilidad, pues es claro que hay fuertes diferencias entre tener el liderazgo y peso específico de Uribe en el Senado, enfrentado a opositores como Gustavo Petro o Jorge Enrique Robledo, y no tenerlo allí por estar enfocado en salir de su estatus de sub júdice.

A ello se suma, que la opinión pública –más allá de valoraciones jurídicas o probatorias- tiene como primer elemento de análisis, a flor de piel, lo que implicaría que Uribe pueda ser encarcelado mientras que los cabecillas de las Farc tienen curul en el Congreso y no han purgado prisión por sus múltiples crímenes… También genera controversia en el imaginario popular que Uribe pueda terminar preso por una denuncia de un dirigente de izquierda al que la derecha ha acusado de ser cercano a las Farc… Y también se debate hasta qué punto una Corte que viene de soportar un escándalo de corrupción tan grave como el del “cartel de la toga”, tenga la suficiente credibilidad para procesar al expresidente y principal soporte del nuevo gobierno del presidente Duque, quien ha insistido en la necesidad de una reforma judicial de amplio espectro… Desconocer que muchos colombianos se están planteando, con razón o sin ella, esos dilemas, sería ingenuo.

Desde el primer segundo del llamado a indagatoria quedó claro que el país sigue debatiéndose y polarizándose por la verdad política. Y ella, por descontado, no será factible porque anticipadamente los aliados y detractores del exmandatario tienen un concepto que no van a cambiar, pero que sirve para mantener la hendidura nacional abierta hace ya tanto tiempo. No juega ahí, lógicamente, duda razonable en ningún sentido.

Existe una fruición tal por el poder en este momento en el país que no hay espacio sino para la dialéctica de los conceptos preestablecidos y eso no colabora en nada, por supuesto, para llegar a la verdad jurídica que muchos dicen defender pero que, en la misma dimensión, solo aceptan si está claramente encasillada en sus criterios subjetivos.

Como se ve, el que el dirigente político más importante de este siglo esté llamado a indagatoria, en un país polarizado, movió todo el escenario nacional y de la forma en que se desenvuelva su proceso dependerán muchas circunstancias a corto, mediano y largo plazos. Así de sencillo.