El 20 de julio será radicado un nuevo proyecto con los mismos elementos de la iniciativa que se hundió de forma controversial en la última semana de la pasada legislatura

El pasado jueves, tras una reunión en la que participaron la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el fiscal general encargado Fabio Espitia y congresistas de los partidos de gobierno e independientes, se alcanzó un acuerdo para impulsar nuevamente el proyecto anticorrupción, que se hundió de forma controversial en la última semana de la pasada legislatura antes de que el texto fuera conciliado por las dos cámaras.

El próximo presidente del Congreso, el senador Lidio García, del Partido Liberal, manifestó que el proyecto, que entre sus aspectos más importantes estipula la eliminación del beneficio de casa por cárcel para los corruptos, será presentado nuevamente este sábado, 20 de julio, día en que comienza la legislatura 2019-2020.

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“Desde el 20 de julio se radicará el proyecto y será desde el Senado de la República donde iniciará nuevamente su trámite. Será presentado por todas las bancadas, por todos los partidos, no solo por un partido ni por el gobierno nada más, va a ser apoyado por todos los partidos que integran el Senado la República”, afirmó el parlamentario al término de la reunión a los periodistas.

Por su parte, el fiscal Espitia dijo que el texto radicado será el mismo de la iniciativa que se hundió el mes pasado.

“No pueden existir centros especiales de reclusión, además hay aspectos relacionados con aumento de penas y algunos que tienen que ver con medidas más efectivas desde el punto de vista de procedimiento penal para lograr que se hagan indagaciones más expeditas, sobre todo en materia de jueces de control de garantías”, explicó.

La ministra Gutiérrez aseguró que el proyecto llevará mensaje de urgencia e indicó que esta semana se reunirá con parlamentarios de la oposición para consolidar una mayoría amplia.

Llamado del Presidente

Tras el polémico hundimiento de la iniciativa, el presidente Iván Duque anunció que se radicaría con mensaje de urgencia ante el Congreso un nuevo proyecto.

“El próximo 20 de julio vamos a radicar con mensaje de urgencia un nuevo proyecto, donde nosotros les podamos decir a los corruptos que les vamos quitar los beneficios de casa por cárcel y que no va a haber más criminales de cuello blanco burlándose del pueblo colombiano”, afirmó.

El Presidente manifestó, además, que se deben seguir fortaleciendo a los organismos de control para enfrentar la corrupción

“Nosotros vamos a insistir en tener mecanismos de extinción de dominio rápidos para quitarle a los corruptos y a sus testaferros todos los bienes que le han quitado al pueblo colombiano. Necesitamos mejorar los instrumentos para que haya delación y para que se paguen recompensas a los que nos den información que nos permita llegar a los corruptos en nuestro país”, sostuvo.

¿Qué contenía el proyecto que se hundió?

Entre los puntos que proponía está el aumento de pena para aquellas personas que desfalquen al Estado por un monto superior a los 100 salarios mínimos.

Además, la iniciativa fortalece las penas contra el cohecho y la concusión, delitos cometidos contra la administración pública. Las penas impuestas pueden llegar a más de 18 años. Igualmente, acaba con el beneficio de casa por cárcel para aquellas personas que se les haya comprobado el delito de corrupción.

La iniciativa obliga a que las investigaciones por corrupción solamente prescriban a los 20 años después de cometido el hecho, lo que les da a las autoridades más plazo para investigar este tipo de conductas y no permitir que queden en la impunidad.

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El proyecto había sido radicado el 20 de julio de 2017 por el exfiscal Néstor Humberto Martínez y fue acumulado con otras iniciativas parlamentarias, cuatro de ellas presentadas por congresistas de la bancada del Centro Democrático y otra por el exministro de Justicia, Enrique Gil.

Aunque el origen de la propuesta es anterior a la consulta anticorrupción, entró al paquete impulsado por la mesa técnica porque respondía a uno de los mandatos, el número 2, que si bien no superó el umbral, logró más de 11 millones de votos.

Este punto de la consulta le preguntó a los ciudadanos: ¿Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte, sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado?

Por este punto votaron afirmativamente 11.521.048 personas, el 99,54% de quienes sufragaron (11.673.166 colombianos).

Acuerdo previo

A mediados de mayo la iniciativa avanzaba y se veía cercana su aprobación. El 15 de ese mes la plenaria del Senado decidió aprobar 35 artículos de la iniciativa que no tenían ninguna proposición con una votación de 53 votos a favor y ninguno en contra. No obstante, a falta de solo un debate y la conciliación entre los textos diferentes aprobados en Cámara y Senado, se consideró que era necesario conocer la posición del Fiscal que llegue a remplazar al renunciado Martínez. En ese sentido, la plenaria del Senado aceptó por unanimidad una proposición del senador José Luis Pérez, de Cambio Radical, de postergar el debate hasta que se eligiera al sustituto de Martínez al frente del ente investigador.

Luego de varios días en los que parecía que el proyecto se descarrilaba, la Ministra del Interior, el Fiscal Encargado, y congresistas de partidos anunciaron un acuerdo para darle vía libre. Dicho acuerdo, como es ampliamente conocido, finalmente no prosperó. ¿Este nuevo acuerdo sí lo logrará? Eso lo empezáramos a conocer a partir del sábado.