“Valdría la pena recordar que ponerle la cara a las víctimas es la única salida que tienen los miembros de las Farc para hacerse acreedores a las sanciones propias del sistema”, manifestó Mónica Cifuentes, procuradora delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo evitar que las Farc terminen burlándose del país al afirmar que no reclutaron menores y que todos los jóvenes llegaron de manera voluntaria?
MÓNICA CIFUENTES: Lo primero es hacer un llamado a la coherencia y al cumplimiento de lo acordado en La Habana. La propia organización Farc, el 2 de septiembre de 2016, firmó el Comunicado Conjunto No. 96 en el que se comprometió a iniciar el proceso de salida de los menores de las filas de la guerrilla, por lo que no resulta lógico que ahora se quiera negar que esos menores fueron reclutados en el marco del conflicto armado.
Todos los estudios coinciden en señalar que los diversos grupos armados -incluidas las extintas Farc- se aprovecharon de las condiciones de pobreza del mundo rural para reclutar a menores que, en algunos casos, vieron la guerra como una salida. Bajo ninguna circunstancia es presentable que se quiera aludir a estas condiciones de vulnerabilidad para justificar unas conductas que bajo el marco del derecho internacional constituyen un crimen grave. Todo reclutamiento de un menor es forzoso e ilícito. Negar esto, en el contexto actual, resulta grave para el proceso de creación de condiciones para la no repetición.
La Justicia Transicional se basa en un acto político y ético fundamental: el reconocimiento de responsabilidad de quienes participaron del conflicto y el total compromiso para con las víctimas y la sociedad. Esto exige que quienes acuden a los mecanismos transicionales tengan una actitud proactiva de contribución al esclarecimiento de la verdad. Si el camino de las Farc va a ser el del no reconocimiento y el constante recurso a procesos adversariales, no habría sido necesario avanzar hasta la creación de instancias para decir la verdad y reconocer responsabilidades.
Los numerosos recursos presentados en este caso han generado que el mismo no avance al ritmo que el país espera. Y en esto hay que ser justos y reconocer que la Jurisdicción Especial viene trabajando con total decisión respecto al caso de reclutamiento forzado. Dentro de la priorización inicial del caso, la JEP ha podido identificar 4.219 investigaciones en la jurisdicción ordinaria que corresponden a conductas cometidas presuntamente por miembros de las Farc, de las que identifican 5.252 víctimas y 5.043 procesados. Asimismo, se ha señalado dentro de la fase inicial del caso que el reclutamiento y la utilización de niñas y niños por parte de las Farc se orientó bajo la finalidad de incrementar su presencia en el territorio nacional y para cumplir sus objetivos militares.
Las Farc tienen que dar explicaciones sobre este fenómeno y el escenario natural para ello no es otro que el escenario de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP.
ENS: La Procuraduría, en muchos de sus informes, denunció una escala de reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos alzados en armas. ¿Estos informes harán parte de los trámites de las Farc?
MC: El señor Procurador General de la Nación ha expresado públicamente, y en reiteradas ocasiones, su voluntad de contribuir con las labores que adelanta la JEP. Se han venido entregando diversos informes que resultan muy útiles para las labores que adelanta la Sala de Reconocimiento de la JEP en los macrocasos priorizados. Particularmente, el caso sobre reclutamiento forzado por parte de miembros de las Farc (macrocaso 007) cuenta con varios informes que han entregado entidades públicas, organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Desde la Procuraduría General de la Nación esperamos que la JEP tenga en cuenta estos informes para las decisiones que deban adoptar dentro del caso. En el Acuerdo Final quedó establecido que las graves infracciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario serían investigadas, juzgadas y sancionadas. El reclutamiento de niñas y niños para la guerra es una infracción grave.
ENS: ¿Qué papel van a jugar las víctimas en este nuevo proceso?
MC: Las víctimas son centrales en este proceso como en los demás que adelanta la JEP. Justamente, el Acuerdo de Paz y la normatividad que lo desarrolla es enfático en postular el principio de centralidad de las víctimas, garantizando plenamente el derecho que estas tienen de participar en los procesos que adelantan los componentes del Sistema Integral.
En el caso sobre reclutamiento forzado por parte de exmiembros de las Farc ya hay más de 100 víctimas acreditadas, las cuales vienen ejerciendo su derecho a participar en el proceso. Justamente, los magistrados de la Sala de Reconocimiento han tenido oportunidad de llevar a cabo audiencias de entrega oral de informes en las que víctimas directas relataron las condiciones en las que fueron reclutadas por las Farc. Audiencias que fueron realizadas en diversos territorios del país y en las que participó activamente la Procuraduría General en defensa de los derechos de las víctimas y en garantía del orden jurídico.
Ahora bien, valdría la pena recordar que ponerle la cara a las víctimas es la única salida que tienen los miembros de las Farc para hacerse acreedores a las sanciones propias del sistema; que por lo demás son las únicas que les garantiza que gocen de un marco de justicia restaurativa no privativo de la libertad, aunque restrictivo de algunos derechos. Son las víctimas quienes podrán participar del proceso ante la JEP y determinar si efectivamente existe un reconocimiento de verdad y responsabilidad suficiente, por parte de los miembros de las Farc, que los haga ser beneficiarios del trato especial que contempla el Acuerdo de Paz.