Las entidades responden a la sociedad a través de diversos procesos y procedimientos con niveles de riesgo que pueden derivar en situaciones problemáticas. Nueva entrega de la alianza entre EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General.

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En los últimos años, la Procuraduría General de la Nación ha vigilado preventivamente procesos contractuales por más de $37 billones, asociados tanto con grandes obras de infraestructura como con proyectos para dar solución a problemas en materia de educación, salud y servicios públicos domiciliarios en todo el país.

Nuestras comunidades demandan atención, soluciones y acciones concretas frente a sus expectativas y necesidades. Nos encontramos en un contexto de desconfianza generalizada de la ciudadanía en las entidades públicas y sus gobernantes. Por ello, los servidores públicos tenemos la misión, no solo de hacer bien nuestra tarea, sino de obrar con ética, contribuyendo así al efectivo funcionamiento del Estado, a través de herramientas, estrategias y soluciones concretas para construir confianza.

La tarea no resulta sencilla. Las entidades públicas responden a la sociedad a través de diversos procesos y procedimientos con niveles de riesgo que pueden derivar en situaciones problemáticas. En este orden de ideas, la Procuraduría se concentra en la prevención como respuesta efectiva para anticipar y evitar la materialización de riesgos, proteger derechos, salvaguardar los recursos y el patrimonio público y así, promover el respeto de las garantías constitucionales y vigilar a quienes desempeñan funciones públicas.

Innovación y avances

En las últimas décadas se han consolidado significativos logros en la contratación pública. Los gobiernos nacionales han modernizado la institucionalidad para consolidar su eficiencia y dotarla de herramientas para una gestión más transparente. En esta línea, se ha generado información sobre el funcionamiento real del mercado para que las entidades contratantes puedan identificar qué, cómo y cuándo comprar sus productos o adquirir sus servicios, obteniendo así un mayor poder de negociación y un manejo más eficiente de los recursos.

La innovación también se ha concentrado en hacer más accesible, transparente y viable la contratación, mediante el uso de la tecnología. De tal forma, en la actualidad contamos con procesos en línea, publicidad y visibilidad en todo el ciclo de contratación pública, mecanismos de agregación de demanda y datos abiertos disponibles tanto para la consulta como para la supervisión, la auditoría y el ejercicio del control. En particular, se destacan: i) creación en 2011 de Colombia Compra Eficiente como ente rector de la contratación pública, ii) pliegos tipo obligatorios para contratos de infraestructura de transporte, iii) implementación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública-Secop con información oficial de los contratos celebrados con recursos públicos, iv) Tienda Virtual del Estado Colombiano y acuerdos marco de precios, y v) profesionalización del comprador público.

Adicionalmente, la Procuraduría también se ha adaptado a las nuevas realidades para la vigilancia preventiva contractual a través de la creación de instancias como la Unidad de Gestión de Información e Inteligencia (UGII) y el desarrollo de herramientas de analítica para el ejercicio de su misión.

Retos

A pesar de los avances, persisten obstáculos en la contratación estatal, que la Procuraduría ha evidenciado en la vigilancia a procesos como la elección de personeros y la contratación durante la Covid-19.

En desarrollo de la vigilancia a la elección de los 1.102 personeros municipales y distritales, se identificaron irregularidades tanto en la selección de los contratistas que adelantaron los concursos como en la aplicación de las pruebas a los aspirantes. Por ello, se han abierto 230 actuaciones disciplinarias, interpuesto 158 acciones de tutela por la violación al debido proceso, radicado 85 demandas de nulidad y elaborado una propuesta de ajuste a la normativa vigente.

Sobre el monitoreo de la contratación en la emergencia sanitaria, desde la Procuraduría, y haciendo uso de herramientas de analítica, pasamos de vigilar cerca de 3.600 contratos por $1,01 billones a inicios de abril a vigilar más de 26.000 contratos por $3,04 billones al 13 de julio. En estos contratos evidenciamos posibles irregularidades referidas a varios casos: i) contratación no necesaria, ii) falta de justificación previa de la necesidad, iii) entrega de bienes y servicios para otros fines, iv) contratación por urgencia manifiesta no vinculada con la emergencia, v) falta de idoneidad de los contratistas y vi) contratos para la compra de bienes o servicios con sobreprecios. Estas irregularidades, así como lineamientos en materia preventiva para la contratación durante la emergencia, fueron incluidos en la Directiva 16 de 2020, expedida por el Procurador General.

Así mismo, en medio de la pandemia, analizamos la posible relación entre financiadores de campañas políticas en 2019 y la celebración de contratos en todo el país en 2020. Encontramos casos en los que algunos financiadores superaron el 2% del tope de financiación permitido en el artículo 33 de la Ley 1776 de 2016 y que, aún estando inhabilitados, suscribieron contratos en departamentos y municipios donde apoyaron a los candidatos elegidos. En particular, encontramos posibles inhabilidades de 18 financiadores que celebraron 52 contratos con 20 entidades estatales por más de $5.800 millones. Para evitar que las entidades incurran en estos riesgos, el Procurador General expidió la Directiva 24 de 2020.

La Estrategia

Debemos continuar con la generación y aplicación de análisis rigurosos así como de  herramientas que estén enfocadas a la prevención. De tal forma, la Procuraduría ha desplegado la vigilancia preventiva, haciendo uso de instrumentos de analítica de datos, análisis de riesgos y medios de comunicación y redes sociales para garantizar tanto el cumplimiento de formalidades, como la libre concurrencia y la competencia entre los actores del mercado, la eficiencia, economía y eficacia en el uso de los recursos públicos.

Así mismo, es fundamental el rol que vienen desempeñando la academia, los centros de investigación, las veedurías ciudadanas, los medios de comunicación y la ciudadanía en general en la generación de alertas e implementación de mecanismos de control social en el orden nacional y territorial. Finalmente, la estrategia no está completa sin la adecuada promoción de valores y de ética en los servidores públicos de todos los niveles de la administración pública, para que se eliminen los espacios proclives a la corrupción.

De esta manera, se reconocen los tres componentes necesarios para afianzar el triángulo de la integridad y la construcción de confianza: una administración pública y una Procuraduría que día a día adopten más y mejores herramientas para prevenir la corrupción, unos ciudadanos participativos que ejercen un efectivo control social y unos servidores públicos probos, íntegros y transparentes que actúan preventivamente para garantizar derechos y proteger los recursos de los colombianos.

* Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública