Así lo reveló la vicefiscal general de la Nación, Maria Paulina Riveros, quien denunció que el problema radica en la reclamación de tierras.

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Se han materializado más de 150 capturas y cerca de 200 personas vinculadas al asesinato de líderes sociales en el país, informó este jueves la vicefiscal general de la Nación, Maria Paulina Riveros.

Además reveló que detrás de los homicidios estarían involucrados empresarios que se niegan a entregar a los dueños legítimos sus territorios.

Afirmó que en el bajo cauca Antioqueño y la región del Urabá particularmente el problema radica en la reclamación de tierras.

“Hemos advertido que se trata de un tema evidente de reclamación de tierras y que confluyen en este caso varios factores y varios sujetos, por ejemplo, grupos armados organizados como el Clan del Golfo, empresarios que se niegan a la devolución de tierras a sus propietarios y otra serie de grupos armados que entrado en un conflicto por la tenencia y posesión de la tierra”, señaló la vicefiscal.

Firman pacto de protección a líderes sociales

Una hoja de ruta de acción inmediata para “recomponer la confianza en la justicia y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de este fenómeno criminal” se establece en el “Pacto por la vida y la protección de los líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos” suscrito este jueves en el Urabá antioqueño.

El pacto fue firmado por el Gobierno nacional, la Procuraduría General de la Nación, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Para el procurador Fernando Carrillo, quien lideró la Segunda Mesa por la Protección a la Vida, la firma de este pacto constituye “un día muy importante que tiene que marcar una pauta, que tiene que romper en dos la historia de todo este derrame, de toda esta sangría en la que se han visto comprometidos los líderes sociales y los defensores de derechos humanos”.

El presidente Iván Duque acogió la petición del jefe del Ministerio Público y se comprometió a presentar en las próximas semanas una política pública que permita que todas las autoridades del Estado defiendan estructuralmente la vida y la honra de los líderes y defensores de derechos humanos con enfoque diferencial, de equidad, étnico y territorial.

A la firma de este pacto asistieron 90 organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, la vicefiscal María Paulina Riveros; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker; el director de Usaid en Colombia, Lawrence Sacks; los ministros de Defensa (Guillermo Botero), Justicia (Gloria María Borrero) e Interior (Nancy Patricia Gutiérrez); el alcalde de Apartadó, Eliecer Arteaga; y los gobernadores de Antioquia (Luis Pérez Gutiérrez), Chocó (Jhoany Carlos Palacios) y Córdoba (Sandra Devia, encargada).

En su intervención, Duque  precisó que “si queremos garantizar la vida y la integridad de nuestros líderes sociales, tenemos que desmantelar las estructuras del crimen organizado que atentan contra ellos”.