El ente investigador le imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Se complicó aún más la situación de Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por su presunta participación en el escándalo de Odebrecht, que lo tiene privado de libertad con casa por cárcel desde diciembre pasado.
La Fiscalía anunció que le imputará ahora los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por la adición en la Ruta del Sol III.
El ente acusador indicó que en “desarrollo de una de las líneas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la Nación, a raíz del escándalo de Odebrecht, la fiscal del caso decidió solicitar audiencia para la formulación de imputación contra Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), ahora en relación con la adición en la Ruta del Sol III, cuyo consorcio es Yuma Concesionario”.
La diligencia judicial fue programada por el servicio judicial de los juzgados de Paloquemao el próximo 28 de septiembre.
Para los fiscales investigadores, Andrade habría cometido presuntamente irregularidades con el fin de lograr la adjudicación del Otrosí número 1 del contrato Ruta del Sol III. Así como el Otrosí número 5 del contrato que adjudicó los estudios y diseños para la construcción de Puente Plato en el departamento de Magdalena.
Investigaciones
Actualmente el expresidente de la ANI está cobijado con medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria como posible responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de autor; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, como coautor, y falso testimonio en calidad de determinador, en relación con el contrato de la Ruta del Sol II, realizado con Odebrecht y Corficolombiana. Este proceso está en etapa de audiencias preparatorias de juicio.
Según la Fiscalía, Andrade, en calidad de Director de la ANI, se reunió en varias ocasiones con el suspendido senador Bernardo Elías, quien buscaba que el funcionario favoreciera a la multinacional brasileña Odebrecht.
“Se tiene clara evidencia acerca del interés desmedido de Luis Fernando Andrade en favorecer a un tercero (Odebrecht)”, indicó la Fiscalía en el escrito de acusación que presentó ante un juez por el caso de la Ruta del Sol II.
En este sentido la Fiscalía tuvo en cuenta, entre otros, el testimonio del suspendido parlamentario Elías, quien aseguró que fue el puente entre el entonces director de la ANI, Andrade, y el entonces presidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli.
Elías dijo que tuvo su primer encuentro con Andrade el 13 de junio de 2013 en las oficinas de la ANI y que un año después lo invitó a comer a su apartamento en donde, aseguró, también estuvo Martorelli y el enlace de la agencia de ANI en el Congreso, Juan Sebastián Correa, supuestamente para hablar de la atribución del Otrosí Ocaña-Gamarra a la firma Odebrecht.
"El doctor Andrade me dice présteme el baño y me dice acompáñeme", indicó Elías. Según él, Andrade lo que buscaba era un espacio en privado para decirle “este señor no va a estar en la comida”.
Ya en la mesa, una vez que se marchó Martorelli, Elías recuerda que le dijo a Andrade "ustedes aprobaron el Otrosí, su licitación y todo (...) y no metió la variante de Ocaña", a lo que Andrade habría respondido que estaba muy apenado con la población.
La Fiscalía también aseguró que Andrade borró los registros de sus reuniones con Elías y modificó la información en su agenda.
Por otra parte, la Fiscalía señaló que Andrade buscó que Juan Sebastián Correa cambiara una declaración ante la Procuraduría General de la Nación.
El acusado señaló a su vez que “nunca cometimos una equivocación ni irregularidades. Todas las decisiones fueron en función del interés general y esta es la más obvia de todas, uno no puede tener una autopista que llegue el río Magdalena y se vuelva de solo dos carriles”.
El exfuncionario dijo que “me reuní en 2013 y 2014 con cerca de 300 y 400 políticos y funcionarios y con más de 1.000 personas del sector privado, todo con el objeto de realizar esta revolución de la infraestructura”.
A finales de 2016 la Fiscalía destapó la olla podrida de corrupción que propició en Colombia la firma brasileña, que según las investigaciones repartió coimas por más de 90 mil millones de pesos entre funcionarios y políticos para quedarse con varias obras de infraestructura en el país.