• Victoria de la consulta popular
• Un mensaje nítido y perentorio

Una vez más las mayorías silenciosas de la democracia colombiana, como ocurrió en el plebiscito de hace dos años, se hicieron presentes en las urnas y prácticamente convalidaron la consulta anticorrupción  contra todos los pronósticos. En esta ocasión, por lo demás, logrando un gigantesco caudal de votos afirmativos a cada una de las siete preguntas, ya que casi todas se acercaron a los 11.670.000 votos del resultado general.

No es, por supuesto, cosa de poca monta. La Constitución sostiene que las consultas populares nacionales son válidas si sumados los votos por el Sí y el por No dan una cifra, como mínimo, correspondiente al 33,3 por ciento del censo electoral. Sin embargo, para el caso, casi la totalidad de la votación fue de votos afirmativos. Y, por lo tanto, es perfectamente entendible que se ha producido un mandato electoral que obliga a formalizar jurídicamente, por parte del Congreso, los textos votados de modo general ayer.

Otra cosa, desde luego, sería el resultado si la votación se hubiera dividido por mitades entre el Sí y el No. Pero no fue así y sería un error descomunal desconocer que se dio, como se dijo, un mandato tan contundente como si se hubiera llegado al umbral, que no se logró por un exiguo margen de alrededor del 1 por ciento. De tal modo el resultado es muy similar, tanto a la iniciativa de la “Séptima Papeleta”, que permitió la convocatoria a la constituyente de 1991, como al “Mandato por la Paz”, de 1998. Con la diferencia, en ambos casos, de que en esta oportunidad los votos estuvieron inscritos dentro de un proceso formal, proveniente de la Constitución y de las reglamentaciones correspondientes.

El pueblo colombiano, inclusive mucho más allá de los porcentajes que permitieron la convocatoria de la Constituyente de 1991, en las votaciones del 9 de diciembre de 1990, se rebeló contra el régimen de cosas imperante, mostrando democráticamente un hastío contundente frente a la corrupción. Cualquiera sea el punto de vista desde donde se le mire, nunca como ayer había sido tan explícito ese sentimiento popular, así el contenido fuera incluso de menor calado ante las pretensiones de cambio de la población.

La democracia colombiana ha demostrado, pues, un vigor sin precedentes. Hace no más dos meses se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y durante todo 2018 los ciudadanos habían votado tanto en los comicios para el Congreso y las consultas interpartidistas como en la primera vuelta para la Casa de Nariño. No fue ello óbice para que ante la nueva convocatoria los votantes se hicieran de nuevo presentes en las urnas, demostrando la fortaleza de una democracia ejemplar para el resto del mundo.

Existe, entonces, una oportunidad de oro para generar las condiciones de una reforma estructural y de fondo en muchos aspectos institucionales que, por desgracia, han servido de correa de transmisión a la corrupción. Toca al Congreso de la República, en esa dirección, no solo tramitar las siete preguntas que rondaron, casi en la misma medida, el umbral, sino ir mucho más allá y a satisfacción de los anhelos populares.

No bastan los otros proyectos de ley adicionales, ya presentados en el Congreso, sino que es el momento de tocar los puntos más sensibles del andamiaje institucional por donde se cuela la corrupción.

Con el viento de cola, logrado a iniciativa del partido Alianza Verde y otros componentes, además del aval dado por el propio Congreso a la convocatoria de la consulta, luego de las cuatro millones de firmas de respaldo al proceso, podría procederse a extirpar tres de los grandes focos de corrupción que hay en el país: la circunscripción nacional para Senado, las contralorías y personerías regionales  y los cupos indicativos.

De todo ello se ha venido hablando en los últimos tiempos sin éxito. Sea, entonces, esta la ocasión para abolir la circunscripción nacional de Senado que ha permitido los feudos podridos. Por igual para acabar las contralorías regionales que, como se descubrió en Neiva  días atrás, son en muchos casos madrigueras de las corruptelas.  Todo el país sabe, por demás, que los cupos indicativos presupuestales han servido de ‘piñata’ para hacer fiestas con la contratación regional y municipal.

Ahora vendrá la acumulación de los diferentes proyectos anticorrupción en el Congreso. Tanto el Gobierno como la oposición, así como los partidos declarados independientes, tendrán que unirse en ese propósito mancomunado, sin desdibujar el mandato popular. Para ello el presidente Iván Duque prometió ayer su liderazgo. Ni un paso atrás en ello, siempre adelante.