- Política ambiental como derecho humano
- Respuesta humanitaria a crisis venezolana
Ha hecho el presidente Iván Duque varios énfasis sobre la protección de los derechos humanos, en el marco de la instalación ayer del 62 Periodo de Sesiones Extraordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en Barranquilla.
Tiene razón en decir, por ejemplo, que la reelección presidencial en América Latina no puede ser garantía de la violación de los derechos humanos, cuando este mecanismo se convierte en un canal fehaciente para perpetuar las autocracias y romperle las vértebras al verdadero sentido de la democracia.
No es de extrañar, por lo tanto, que en su discurso el jefe de Estado haya vuelto a denunciar al régimen oprobioso de Nicolás Maduro y que haya pedido, en esa medida, que la Corte se convierta en una entidad que vele precisamente porque no se sigan presentando semejantes atropellos a nombre de un sistema democrático inexistente. De hecho, Duque sostiene que ese régimen es similar al de las dictaduras que emergieron en Latinoamérica en los años 60 y 70 del siglo pasado, razón por la cual precisamente hubo de consolidarse el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En el mismo sentido el Presidente respaldó la plataforma jurídica por parte del Sistema en cuanto a los derechos migratorios. Colombia, ciertamente, ha hecho pleno uso de esas garantías y ha acogido la jurisprudencia interamericana como elemento sustancial para defender a los venezolanos, prácticamente expulsados de su país por la hambruna, la humillación y la falta de oportunidades. En esa dirección no han aceptado los colombianos el llamado a la xenofobia velada por parte de algunos países y, por el contrario, resulta por ejemplo relevante que no solo haya atendido la gigantesca crisis humanitaria, causada por el régimen madurista, sino que igualmente esté otorgando a 27 mil neonatos hijos de los migrantes la nacionalidad colombiana, a fin de que sean atendidos dentro de las cláusulas garantistas de la Constitución de 1991.
Pero buena parte del discurso de Duque ante los magistrados de la Corte IDH se dedicó a la defensa de su política ambiental. Para ello, en principio, habló del Pacto por Colombia, sobre la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Valga anotar, así mismo, que dicho Pacto por Colombia, cuyo nombre está inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo, podría ir más allá, convocando a las fuerzas políticas nacionales en torno de los propósitos allí consignados. Desde luego es claro que ese Pacto es con la ciudadanía, como por ejemplo se ha hecho con los estudiantes, pero igualmente podría suscitarse una mayor cantidad de sinergia política al sumar un sinnúmero de voluntades en torno de objetivos nacionales, con la debida difusión y escrutinio.
Ha dicho, de otra parte, el presidente Duque que hoy en día la política ambiental del país, en especial contra el cambio climático y la deforestación, está directamente en sus manos. Afirmó que “tenemos acá un Gobierno que ha puesto en cabeza del Presidente la lucha contra la deforestación”.
Colombia tiene, como pocos países, una matriz energética limpia, es decir dependiente en una altísima proporción del agua y no de recursos como el petróleo o el carbón. Es por ello, de igual manera, que la nación solo produce alrededor del 0,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, lo que la pone bastante abajo en la escala de depredación climática. Pero al mismo tiempo, el país es uno de los más vulnerables frente a la variación climatológica y el calentamiento global. De allí la modificación del régimen de lluvias y la prolongación de fenómenos como “El Niño” y “La Niña”, generando también grandes catástrofes.
En esa vía es destacable que el presidente Duque se haya comprometido, en Barranquilla ante la Corte IDH, a mantener y acrecentar las zonas de parques y reservas naturales, así como a proteger la Amazonía de la amenaza de los cultivos ilícitos, la ganadería extensiva, la minería criminal y el contrabando de madera.
Es una buena noticia para el país que desde la Presidencia se haya logrado reducir la deforestación en más de un 10%, luego de que a comienzos de su gobierno algún funcionario del Ministerio de Ambiente señalara, por el contrario, que la meta era simplemente de mantenimiento de los índices de deforestación consuetudinarios. A esa buena noticia se añade el hecho de haber triplicado en un año la capacidad instalada de las energías renovables no convencionales, lo mismo que haber firmado la Ley de Movilidad Eléctrica.
De la mayor trascendencia, pues, que el Presidente haya elevado toda la política ambiental a un derecho humano y que así se desarrolle, desde la propia Casa de Nariño, durante los próximos tres años.