- Urge equilibrio en reforma al SGP
- Ciudad aporta mucho y recibe poco
Una de las banderas del gobierno del presidente Iván Duque es la equidad. Precisamente bajo esa premisa distintos sectores de la capital del país insisten que en la reforma que se está consensuando al Sistema General de Participaciones (SGP), mecanismo mediante el cual se definen los montos de presupuesto que el Gobierno Nacional Central gira a los departamentos y municipios para atender necesidades en educación, salud, agua potable, saneamiento básico así como para otros propósitos generales de inversión social, Bogotá sea tratada de forma más equilibrada frente al resto de las regiones.
No es la primera vez que la dirigencia capitalina se queja de la inequidad en los giros de la Nación a las entidades territoriales. Por el contrario, casi todas las últimas administraciones distritales han puesto sobre la mesa el desbalance que existe entre lo que la ciudad aporta al fisco nacional y lo que recibe por vía de transferencias presupuestales.
Precisamente en nuestra edición de ayer consultamos a varios Representantes a la Cámara por la capital del país, quienes a una sola voz insistieron en que Bogotá merece un mejor tratamiento en la reforma al SGP que está en proceso de concertación con distintos sectores, con miras a ser llevada al Congreso en los próximos meses por parte del gobierno Duque.
Los argumentos de los parlamentarios capitalinos son contundentes: la ciudad aporta más del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, también es la primera en monto de impuestos pagados y concentra una sexta parte de la población total del país (según el más reciente censo). Sin embargo, no recibe más allá de un 11 o 12 por ciento de las transferencias presupuestales a las entidades territoriales. También se quejan los congresistas elegidos en Bogotá de que no se está teniendo en cuenta que la ciudad es la receptora de una gran parte de las crisis y fenómenos socioeconómicos que se originan en otras regiones pero cuyas víctimas migran principalmente a la capital del país, sabedoras de que la Administración distrital tiene una amplia cobertura en materia asistencial en todos los frentes. Ser la principal urbe en cuanto a llegada de desplazados por la violencia y emigrantes venezolanos son apenas dos ejemplos claros de esa circunstancia.
Igualmente, para no pocos parlamentarios es claro que la ciudad tiene una mayor eficiencia en materia de gasto e inversión, lo que paradójicamente lleva a que en la distribución del situado fiscal se considere que esa circunstancia, lejos de ser una ventaja y un incentivo para ser premiada presupuestalmente, se convierta en un elemento que disminuye el monto de los giros nacionales, que terminan dirigiéndose a otros departamentos, capitales y municipios que no evidencian la eficacia bogotana en este aspecto…
Todo ello deriva, de acuerdo a los congresistas, en que mientras algunas entidades territoriales tienen una proporción de 70% de recursos girados por la Nación y solo el 30% de propios para atender sus necesidades en salud, educación y saneamiento básico, en Bogotá esa tasa esté invertida. Es más, ese desequilibrio no se presenta solo con el SGP sino también con los giros de las regalías así como con el el esquema de subsidios directos e indirectos, programas de apoyo a población vulnerable y de ayudas ordinarias y extraordinarias para superar crisis sectoriales.
Sería importante que la bancada parlamentaria bogotana, en conjunto con la Administración distrital, hicieran un pronunciamiento conjunto respecto a qué esperan puntualmente de la reforma al SGP. No puede seguir haciendo carrera que en un país en donde ahora se habla de mayor descentralización y regionalización, con recientes desarrollos legales y constitucionales al respecto, la capital del país termine siendo víctima presupuestal del desgastado discurso del “centralismo”, por el simple prurito de ser la sede del Gobierno nacional. La ciudad también es una entidad territorial y exige equidad y proporcionalidad en los giros que hace la Nación para que se atiendan gastos básicos de inversión social.
Por último, pero no menos importante, en repetidas ocasiones hemos advertido en estas páginas que se requiere una reforma política que permita una representación parlamentaria bogotana más directa, sobre todo en Senado. Es claro que la acción conjunta de las bancadas de otras regiones les facilita un mejor tratamiento legislativo e incluso gubernamental. No ocurre así en la capital del país, en donde muchos congresistas vienen a pescar votos pero, una vez elegidos y en funciones, no defienden los intereses de la ciudad a la hora de tramitar leyes y actos legislativos ni hacer lobby ante el Ejecutivo. La circunscripción nacional para elegir el Senado juega claramente en contra de Bogotá. Negarlo sería de extrema ingenuidad.