En la recta final entró el proceso que le sigue el Juzgado 35 Penal Municipal con función de Control de Garantías a los abogados Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz acusados por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Después de escuchar los argumentos de la Fiscalía la semana pasada, la defensa de las víctimas y el Ministerio Público, que pidieron medida de aseguramiento, ayer el turno le correspondió a la defensa de los acusados.
El penalista Iván Cancino, apoderado de Diego Cadena, aseguró que las acusaciones de la Fiscalía “son muy débiles”.
Cancino comenzó cuestionando a la Corte Suprema y la Fiscalía porque no consideraron a Cadena como apoderado de Uribe, y pidió que algunos apartes no sean tenidos en cuenta pues la relación abogado/cliente tiene reserva legal.
Frente al delito de soborno -Cadena ofreció $200 millones al exparamilitar Carlos Enrique Velásquez alias ‘Víctor’, según la Fiscalía-, la defensa dijo que “es normal” que los abogados visiten internos en la cárcel y que el exparamilitar conocía el contenido de la Carta que redactó Cadena para que la firmara con destino a la Corte.
También dijo Cancino que los aportes que se le hicieron a Vélez a través de su familia fueron “ayuda humanitaria” pero nunca $200 millones, y mucho menos para cambiar versiones. “O sea, la Fiscalía sí puede ayudar a sus testigos con gastos reservados pero la defensa no. Aquí el debate es si se hizo para corromper la justicia e inducir a error a la Corte Suprema de Justicia”, explicó el penalista.
Cancino aportó pruebas de que el conductor de Cadena realizó varias consignaciones de aportes a familiares de Vélez, giros que se hicieron de forma legal, con firma y cédula. “Todos esos recibos están en poder de la Corte Suprema, y no encontró contradicción”, insistió.
También desmintió que alias ‘Víctor’ haya sido presionado a mentir a favor de Uribe “cuando ni siquiera conocía a Diego Cadena”.
Cancino fue muy crítico con la Fiscalía, pues mostró que varios de los argumentos que esbozó la semana pasada “ni siquiera fueron verificados. Son versiones flojas y amañadas” y calificó de “fábula e invento” toda la acusación porque “no hay una sola prueba” del soborno.
Por ejemplo, un pago a la madre de Vélez hecho a comienzos de 2016 por el abogado Samuel Sánchez fue atribuido por la Fiscalía a Cadena; mientras Ricardo Diosa, primo de Vélez, “miente de manera descarada”, pues su testimonio se basa en un audio.
“Esta versión es tan mentirosa, afortunadamente para la defensa, que reconoce que escuchó esos audios para ‘cuadrar’ su declaración”. Además, la defensa aseguró que Diosa se contradijo porque primero habló de falsos testimonio y después de falsos positivos. “Tremenda mentira”, aseguró.
Pero la “perla del pastel”, según el penalista, es que la Fiscalía presentó como evidencia el audio de un hijo menor de Vélez, quien reconoce un giro del abogado Samuel Sánchez, aunque un tiempo después su padre le dijo que el dinero se lo giró Cadena.
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“Esta defensa tiene declaración de Sánchez donde dice que no conoce al muchacho, que no le consignó esa plata y que jamás ha visto a Cadena y Salazar. Es una prueba basada en mentiras y falencias de la Fiscalía. Ese soborno está derrotado”, enfatizó.
Fraude procesal
También desmintió la existencia de una carta de 2016 que según la Fiscalía reposa en el expediente contra Uribe en la Corte Suprema. “Procesalmente no existe”, aseguró Cancino, porque la Fiscalía mostró un escrito sin fecha, sin sello de recibido y sin número de radicado.
Además, aseguró que apenas el 22 de diciembre de 2017 comienzan a aparecer los supuestos pagos a los testigos. Y según la defensa, el radicado contra Uribe “aparece el 24 de julio de 2018”, un año después del supuesto ofrecimiento de Cadena a Vélez para cometer un fraude procesal. “Es decir, el fraude se da, según la Fiscalía, en un radicado que no existía. Esto es inverosímil”, afirmó.
Monsalve
Al respecto de Juan Guillermo Monsalve, el otro exparamilitar a quien Cadena habría ofrecido ayudarlo para ingresar a la JEP, Iván Cancino dijo que “ofrecer asesoría a un interno no es delito. Es un despropósito que Monsalve creyera que la Corte aceptaría una acción de revisión para enviar su proceso a la JEP, eso es absolutamente falso”, aseguró la defensa de Cadena.
Además, le dijo al juez: “Cómo entender que Cadena ofreciera a un testigo $200 millones y al otro una asesoría penal. Es absurdo”.
En conclusión, la defensa de Diego Cadena consideró que en 12.000 archivos de audio, video y llamadas a celular “no hay una sola prueba de que mi cliente haya ofrecido dinero o asesoría en la JEP”.
Y agregó que en este caso “hay una duda legítima, pues la defensa destrozó todo el material de la Fiscalía: aquí no hay prognosis, ni amenaza, ni obstrucción a la justicia. No hay inferencia razonable de soborno, menos de fraude procesal, por tanto, no procede la medida de aseguramiento”.
Entramado criminal
Mientras tanto, Andrés Felipe Caballero, apoderado del abogado Juan José Salazar Cruz, dijo que Carlos Enrique Vélez “no solo es extorsionista, sino un mentiroso profesional” que ha utilizado a su familia para pedir dinero a cambio de variar sus testimonios.
Caballero citó al jurista César López, que conoce de varios procesos contra alias ‘Víctor’ por extorsión. “La defensa tiene cartas de Vélez donde pide perdón por retractaciones. Una, por haber hecho condenar injustamente a 30 años de prisión a Óscar Guillermo Sánchez Múnera porque no le dio apoyo económico dentro de la cárcel. Otra, porque obedecía órdenes del ‘comandante Jonathan’ para cobrar extorsiones”, dijo el defensor.
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Y en 2016, agregó, en una declaración ante la Corte Suprema de Justicia sobre el homicidio de Gabriel Ángel Cartagena reconoció en un audio que Iván Cepeda le dijo que hay que “embalar a Santiago Uribe con grupos paramilitares”.
Por todo ello, el abogado Caballero afirmó: “Señor juez, Carlos Enrique Vélez es un confeso paramilitar y un confeso mentiroso”.
El jurista también afirmó que no existe inferencia razonable para que se imponga la medida de aseguramiento a su cliente.