Por incumplimientos a las solicitudes que la Jurisdicción Especial para la Paz le ha hecho a Empresas Públicas de Medellín, magistrados de ese tribunal abrieron un incidente de medidas correccionales contra el gerente, Álvaro Guillermo Rendón López.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP había ordenado a EPM entregar soportes en lo que se basó para hacer el traslado administrativo de los cuerpos de tres cementerios que fueron inundando, petición que se hizo en el marco de la investigación de las medidas cautelares a zonas donde se presume que hay desaparecidos.
Ante el incumplimiento de las órdenes dadas, la JEP abrió un incidente de medidas correccionales contra Álvaro Guillermo Rendón, gerente de EPM (o quien haga sus veces), en el marco de las medidas cautelares que protegen 16 zonas donde habría cuerpos de víctimas del conflicto.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) August 20, 2020
Los cementerios en cuestión son de Barbacoas, La Fortuna y Orobajo, ubicados en municipios del Occidente de Antioquia, zona de influencia del proyecto de Hidroituango.
En ese sentido, la JEP dio un plazo a EPM de cinco días hábiles para ejercer su derecho a la defensa o contradicción a estos hechos puesto que esa justicia ya les había enviado la solicitud que venció el pasado 29 de julio para argumentar este traslado, justificación que nunca llegó y que explica el incidente de incumplimiento abierto en contra de Rendón.
Al recibir la notificación, EPM aseguró que evaluará el contenido del documento y dará las explicaciones correspondientes en el término allí indicado.
Cabe recordar que, en una audiencia realizada el pasado 8 de octubre de 2019, se detectaron irregularidades en el proceso como esos cuerpos fueron manejados por la Universidad de Antioquia, en convenio con Empresas Públicas de Medellín.
En medio de la inspección se encontró que no había clasificación, registro ni organización documentales adecuadas sobre los cuerpos que fueron trasladados hasta allí, provenientes de los cementerios ubicados en los municipios antioqueños en zona de influencia directa del proyecto hidroeléctrico.
Por tal razón, en su momento la JEP había ordenado sellar el laboratorio de Osteología Antropológica de la universidad, donde reposan cuerpos que fueron exhumados de cementerios en zona de influencia del proyecto Hidroituango.
La medida buscaba recaudar todo tipo de elementos materiales probatorios que puedan ser útiles para la investigación que adelanta sobre las personas dadas como desaparecidas en medio del conflicto armado y por las que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, solicita medidas cautelares.