Procurador pidió al Gobierno transparencia en rescate de Avianca | El Nuevo Siglo
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Lunes, 31 de Agosto de 2020
Redacción Web

A través de una carta dirigida al presidente Iván Duque, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, pidió transparencia en el financiamiento por parte del Gobierno a un plan de salvamento de la aerolínea Avianca de hasta US$370 millones. 

Carrillo planteó 18 interrogantes para se expliquen públicamente las razones por las cuales el Ejecutivo decidió hacer el millonario préstamo con los recursos dirigidos a la atención de la pandemia a Avianca, una empresa que está al punto de la quiebra y solicitó también se argumenten las acciones que pretender desplegar para evitar los riesgos que conlleva una inversión de tal magnitud. 

Asimismo, aseguró que pese a que la aerolínea es la que presta mayor cobertura en Colombia, no es la única que presta servicios de transporte público nacional en el país y advirtió que esta también opera en otros países, por lo que emprender esta inversión sin involucrar a las demás naciones que se verían beneficiadas de su continuidad puede significar una excesiva presión sobre la capacidad financiera del Estado.

En ese sentido, Carillo afirmó que la decisión del Gobierno de adelantar el plan de salvamento para Avianca debe tener como principal objetivo el interés nacional de evitar trastornos en la prestación del servicio aéreo, asegurando su continuidad y la seguridad de los usuarios, teniendo en cuenta las consecuencias que ha traído la pandemia al país. 

“Si el crédito de la Nación resulta insuficiente para asegurar esto, será simplemente parte de los abonos a la considerable deuda de la empresa, lo cual no asegurará que la misma pueda volver a operar normalmente", agregó.

Por tal razón, indicó que esto significaría "posiblemente en la primera de varias operaciones similares", puesto que el país ya ha vivido situaciones en las que los recursos públicos invertidos resultaron insuficientes al aumentar los costos y por lo cual, Colombia se vio obligada a comprometerse nuevamente para no perder lo ya invertido.

Estas son las interrogantes que plasmó el jefe del Ministerio Público: 

  • ¿Fueron consideradas otras alternativas con cálculos y proyecciones?
  • ¿Cuenta el Gobierno nacional con un soporte idóneo para la decisión que anunció?
  • Si ello es así ¿Por qué no ha sido conocido dicho soporte técnico y financiero por el país?
  • ¿Cómo asegurará el Gobierno nacional que este objetivo de interés nacional se cumpla?
  • ¿Como garantizará que los dineros se destinen a estos fines, y que esos recursos se puedan recuperar?
  • ¿Cómo determinó el monto del rescate y cuáles fueron los cálculos y proyecciones en que se basó?
  • ¿Estimó su término de duración?
  • ¿A qué entendimiento llegó con los acreedores mayoritarios al comprometer estos sustanciales recursos públicos?”.
  • ¿Ofrecerán los accionistas o los acreedores alguna garantía por los dineros que el Estado colombiano va a aportar a Avianca?
  • ¿Asumieron los accionistas o los acreedores algún compromiso correlativo al del Gobierno nacional?
  • ¿Se asumieron compromisos adicionales, en particular en cuanto a la permanencia de la actual administración, la llegada de una nueva, o el regreso de anteriores administradores, cuya situación legal debería aclararse antes de permitírseles reasumir el control de una empresa parcialmente financiada con dinero del Estado?
  • ¿Cómo serán los desembolsos y cuál será la ley aplicable a los mismos -nacional o extrajera-? ¿Qué incidencia fiscal tendrán?
  • ¿Cuál será el mecanismo de acompañamiento que establecerá el gobierno nacional a esta operación para que los recursos se destinen a lo que debe ser?
  • ¿Va a haber créditos similares para otras aerolíneas en momentos en que se debe mantener la competencia en sectores estratégicos?”.

Finalmente, Carrillo puntualizó que  “en todo caso, el Ministerio Público como representante de los intereses de la sociedad, continuará dando seguimiento cercano al desarrollo de los hechos y alertando sobre situaciones o conductas que puedan poner en entredicho el deber del Gobierno de actuar con transparencia absoluta en la inversión de los recursos de todos los colombianos”.