Tan necesaria es una reforma estructural a la administración de justicia en Colombia como compleja es la posibilidad de sacarla adelante en este momento por medio de un referendo constitucional, como propuso el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Más aún, no es una tarea fácil para el Gobierno del presidente Iván Duque, si se tiene en cuenta el momento político actual en el que se avecina un cambio de titular en el Ministerio de Justicia, la polémica que aún no acaba sobre la suerte jurídica del jefe del Centro Democrático y los tiempos que implican el proceso legislativo una iniciativa de esta naturaleza.
No obstante, como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, desde la bancada del partido de Gobierno ya se comenzó a trabajar en las posibles preguntas que irían en el proyecto de ley de convocatoria y que luego, se pondrían a consideración del elector.
Sin embargo, hasta el momento no se conoce una postura oficial del presidente Duque, salvo que no apoya la idea de una constituyente, iniciativa que el uribismo también ya descartó.
La saliente ministra de Justicia, Margarita Cabello, venía concertando con las altas Cortes un proyecto de reforma a la justicia que ahora, de ser elegida Procuradora General, tendrá que liderar su sucesor, y eso lleva tiempo.
Así las cosas, sigue vigente la propuesta que lanzó el expresidente y exsenador Uribe Vélez, de promover un referendo que giraría en torno de tres ejes temáticos: la creación de la Corte única, la reducción del Congreso de la República y convertir en permanente el subsidio Ingreso Solidario para mayores de 65 años.
Pero la viabilidad de esta propuesta no parece tan despejada, pues este mecanismo de participación ciudadana si bien es más rápido que la constituyente, también tiene un procedimiento largo y dispendioso.
“Un referendo constitucional implica que los electores voten por normas jurídicas para cambiar la Constitución, pero tiene que hacerse mediante ley aprobada con mayoría absoluta y control previo de la Corte Constitucional, luego vendría la elección”, le explicó a este Diario el constitucionalista Juan Manuel Charry.
Dos ganchos
Expertos consultados por este Medio coinciden en la necesidad de una reforma estructural a la justicia, pero discrepan de la propuesta de Uribe de hacerlo vía referendo y, sobre todo, en este momento.
En ese sentido, el analista Jairo Libreros considera que de los temas de Ingreso Solidario y la reducción del Congreso “son dos ganchos muy atractivos para el elector y para garantizarían el umbral”, mas no así para la reforma judicial.
“Este no es el momento. Muchos sectores consideran el tema como un revanchismo político que busca medrar la independencia de la Corte Suprema”.
Además, dice que los antecedentes no ayudan: el referendo contra la corrupción de Uribe en 2002 aprobó apenas una de 14 preguntas, y el de Juan Manuel Santos -Referendo por la Paz, 2016-, se hundió.
Tampoco lo ve viable en este momento el catedrático Kennet Burbano, del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.
“Como procedimiento para reformar la justicia, el referendo es válido. Pero reformar la Constitución tiene que hacerse por una necesidad muy sentida y que convoque a todos los actores: Congreso, Rama Judicial, la base de la justicia, la academia, asociaciones de abogados litigantes, etc. Y en esa perspectiva no habría mucho ambiente si lo que se busca es reformar la justicia para resolver problemas de inconformidad”, señala.
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Año preelectoral
De otro lado, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dice que el tema, aunque importante y se necesita, en este momento no es una prioridad para el país.
“El Congreso debería concentrarse en la emergencia sanitaria, en la pospandemia, en la recuperación económica del país. Es claro que hace años necesitamos de una reforma a la justicia pero no es la prioridad del momento. Además, sacar adelante un referendo tarda más de nueve meses, y el año entrante ya los congresistas están pensando es en su reelección”, afirma la experta.
Más aún, la directora de la MOE explica que a esta legislatura le quedan tres meses, la siguiente es muy corta -de marzo a junio- y luego viene la campaña electoral. “Creo que el ambiente político no ayuda a un referendo, la situación del país tampoco, y el tiempo no alcanzaría ni siquiera para que el presidente Duque pueda convocarlo”.
Por su parte, el expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán Sierra, agrega que esta es una propuesta “muy compleja”, en especial por el tema de la Corte única.
“Una Corte única significa suprimir la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la JEP, y un referendo tomaría muchísimo tiempo porque se tiene que definir el texto a derogar y el texto que lo reemplazaría en la Carta, La ley de convocatoria tiene que aprobarse por mayoría absoluta, que la veo muy difícil en este momento, y luego la revisión previa constitucional. Después viene la convocatoria a elecciones”, explica el jurista.
Las fuentes consultadas recuerdan que el presidente Duque entró ya a su tercer año de mandato y como no hay posibilidad de reelección, pues ni el tiempo ni el ambiente ayudarían a impulsar un referendo.
El trámite
El referendo es uno de los mecanismos de participación ciudadana mediante el cual se ponen a consideración del elector unas propuestas de norma constitucional y legal.
Cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político puede crear un comité impulsor y la Registraduría le da los formularios respectivos.
Ese comité tiene que inscribirse con el 5% del Censo Electoral, un poco más de un millón y medio de firmas, que deben ser verificadas por la Registraduría.
La ley de convocatoria tiene que ser aprobada en el Congreso por mayoría calificada -dos terceras partes de cada corporación-, y pasa a revisión de la Corte solo por vicios de forma.
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Luego viene la convocatoria a elecciones dentro de los seis meses siguientes que no puede coincidir con otra elección. Para que su resultado sea válido se requiere la participación del 25% del Censo Electoral, que hoy es 36.602.752 electores. Es decir, deben participar 9.150.688 ciudadanos inscritos.