En una posición unánime, el Consejo Gremial Nacional, que representa a los sectores que generan la mayoría del empleo formal y la riqueza del país, le envió una carta al presidente Duque solicitando adelantar gestiones para que no se ratifique el Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República, sobre todo cuando es prioritario construir políticas públicas “…que permitan la reactivación económica, el fomento del empleo y el desarrollo sostenible”.

Escazú es la ciudad costarricense donde se firmó el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, al final suscrito por 22 países, el último de ellos Colombia en diciembre de 2019, en una decisión que sorprendió, pues el Gobierno había manifestado, pocos meses antes, que ya existen instrumentos nacionales e internacionales que permiten cumplir con los objetivos del Acuerdo.

Resumo las contundentes razones del CGN:

Primero: Colombia cuenta con suficientes mecanismos de participación, y la inclusión de nuevos generaría situaciones insolubles frente a proyectos que el país necesita.

Segundo: La protección del ambiente está ampliamente garantizada por licencias ambientales, planes de manejo ambiental, guías ambientales, etc., además de las veedurías y la consulta previa, entre otros mecanismos.

Tercero: El acceso a la información pública también está garantizado por la Ley.

Cuarto: Se amplía el campo de acción hacia cualquier actividad económica, lo que representa el advenimiento de una nueva justicia: la ambiental.

Quinto: No solo se pondría en entredicho la legislación ambiental interna, sino que implicaría el control de instituciones internacionales para dirimir conflictos en materia ambiental. Baste notar lo que significaría añadirle argumentos ambientales a la Corte Internacional de Justicia, activada para estos temas por Escazú, frente al litigio territorial con Nicaragua, uno de los firmantes.

Por ello, el CGN recomienda que el Gobierno y el Congreso se concentren en afinar los medios existentes hacia “…un justo equilibrio entre la participación de la comunidad y la protección del ambiente”, de un lado, y “el ejercicio de la actividad económica”, del otro.

El acuerdo es una intromisión a la soberanía de los países, negociada por los que ayer eran de izquierda y hoy se desmarcaron en el Socialismo del siglo XXI. Para entrar en vigencia debe ser ratificado por 11 países y hoy cuenta con nueve pequeños, incluido Bolivia, que lo ratificó en tiempos de Evo; pero los grandes de la región: Brasil, Argentina, Perú y, más recientemente, Chile, ya “escurrieron el bulto”, no solo porque ya existen instrumentos internos, sino por el riesgo de “judicializar” las decisiones ambientales, principalmente sobre recursos minero-energéticos. Hasta Venezuela se ha hecho a un lado, seguramente presionada por el capital ruso y chino que controla su petróleo.

Ya mencioné que el Acuerdo amplía el campo de acción judicial ambiental a todas las actividades, incluida la ganadería, ya amenazada por la “extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función ecológica”, que desempolvó la reforma rural fariana. Con el acuerdo Escazú el asunto se vuelve “judicial” y un propietario no solo puede ser llevado ante un juez local, sino ante instancias internacionales con sesgos ideológicos. ¿Por qué, si no, la izquierda es defensora entusiasta del Proyecto de ratificación presentado por el Gobierno?

El debate está abierto. Hay que proteger la naturaleza, pero la realidad no es tan sencilla como pretenden los ambientalistas extremos, la izquierda y el “farcsantismo”. La solución apunta a la sensata recomendación del CGN, que esperamos acoja el Gobierno, de buscar en casa, sin injerencias externas, el equilibrio entre medio ambiente y desarrollo.

@jflafaurie