A 15 años de cárcel fue condenada la excongresista Aída Merlano por corrupción electoral. La Corte Suprema la encontró culpable de los delitos de concierto para delinquir y compra de votos. 

La Fiscalía había acusado a Merlano de ser la líder de una empresa criminal que habría comprado votos en el Atlántico y de haberse gastado al rededor de $6.000 millones para conseguir su elección el 11 de marzo de 2018, cuando alcanzó 73.250 votos. 

Asimismo, el ente acusador encontró en la sede de su campaña, $261 millones en efectivo, armas de fuego y una bolsa llena de certificados electorales. 

Según el testigo principal de la investigación, Francisco Valencia, el grupo delictivo que lideraba la excongresista lo conformaban 2 mil personas aproximadamente, algunos de ellos encargados de conseguir votos y zonificar sufragantes. Entre los colaboradores se encontraban funcionarios de la Registraduría que informaban, con anterioridad, sobre los votantes que participaban en la jornada electoral.

El caso en contra de Merlano empezó a principios de marzo de este año. Según el exfiscal Nestor Humberto Martínez, la organización contaba con administradores que manejaban los recursos; "pagadores" que entregaban contraseñas en la casa de los líderes; "coordinadores" que entregaban contraseñas en casas de apoyo; "punteadores" encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados; y "didactas" que debían "enseñar" a la gente reclutada cómo debía votar.

En septiembre de 2018, Merlano perdió su investidura después de que el Consejo de Estado lo decidiera argumentando que la excongresista conservadora vulneró los topes máximos de financiación electoral.