MAL haría el Gobierno Nacional en dejar de denunciar el amparo, o en el mejor de los casos, la benévola negligencia, del que se aprovechan distintos grupos armados ilegales y otras organizaciones criminales para hallar santuario y refugio y para medrar en territorio venezolano.  Ahí están el Eln (cuya penetración alcanza ya por lo menos 12 estados del vecino país) y los grupúsculos contumaces de la antigua guerrilla de las FARC.  Ahí están los carteles de la droga y sus intermediarios, los emporios de minería ilegal, y las redes de tráfico de personas -entre otros-.  Ahí están todos, en muchos casos, en notoria simbiosis con el aparato del régimen.

Como ocurre con las demás expresiones de la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela, la resolución de ese problema pasa por la normalización constitucional y el restablecimiento de la democracia y del Estado de Derecho.  Sólo así será posible la depuración de las instituciones y la paulatina recuperación de la gobernanza, de tal suerte que Colombia pueda contar con un interlocutor mínimamente confiable, con un socio mínimamente comprometido, con el que sea posible cooperar -aunque sea también mínimamente- para neutralizar la amenaza que representa la actividad transfronteriza de estos actores.  Una amenaza que, dicho sea de paso, será uno de los obstáculos que habrá de remontar, con no pocas dificultades, el gobierno de transición venezolano -cuando quiera que esa transición se produzca-.

Entre tanto, más allá de la denuncia, y de la presión política que se derive de ella -y a la cual el régimen de Maduro ha mostrado ser bastante refractario-, es más bien poco lo que puede hacer Colombia en el plano internacional, en el que sus objetivos fundamentales deben seguir siendo propiciar condiciones para una transición lo más ordenada y estable posible en Venezuela, y obtener el ingente apoyo internacional que necesita para darle sostenibilidad a la que hasta ahora ha sido una admirable respuesta al flujo migratorio procedente de ese país.  Sólo queda intensificar el esfuerzo nacional, desplegar todas las capacidades disponibles, para avanzar en la estabilización y la consolidación y afrontar eficazmente los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad interna -cuya intensidad y gravedad, por otro lado, sólo parcialmente obedecen a lo que ocurre al otro lado de la frontera-.

Así las cosas, ¿qué lógica tiene promover la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca?  La resolución aprobada en la OEA el pasado 11 de septiembre es bastante vaga, a pesar de la aparente contundencia de su lenguaje.  El órgano de consulta del TIAR tendrá que reunirse, en primer lugar, para definir en qué consiste exactamente la agresión, hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América; quién es el agresor y quién el agredido; y qué medidas han de adoptarse.  Hay que tener en cuenta que, del catálogo que ofrece el propio tratado, hay muchas que ya han sido implementadas (la ruptura de relaciones diplomáticas), y otras se han configurado por la fuerza de los hechos (la interrupción de las comunicaciones).  Otras podrían tener un efecto gravoso para la población (la interrupción de las relaciones económicas) y, por lo tanto, no ser siquiera consideradas por buena parte de los Estados parte.  Y la restante, el empleo de la fuerza armada, quizá debe descartarse de antemano, por simple y llana imposibilidad política.

Acaso convenga que el TIAR entre en escena para disuadir a Maduro de cualquier aventurerismo -algo a lo cual son proclives los regímenes como el suyo, en situaciones como la suya-.  Pero no será por el TIAR que Maduro se muestre más combativo con los grupos armados colombo-venezolanos que hasta ahora ha favorecido.  Ni será por el TIAR que se desencadene el proceso “cívico-militar” necesario para iniciar y apuntalar la transición.  En cambio, no es menor el riesgo de que, con ocasión del TIAR, se erosionen algunos consensos laboriosamente construidos -por ejemplo, en el Grupo de Lima-, mientras se excita el sentimiento nacionalista y se galvaniza el espíritu de cuerpo, paradójicamente, en beneficio del propio Maduro.

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales