Una iniciativa que busca permitir que las personas mayores de 50 años puedan trasladarse de fondo

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En la Comisión Séptima de la Cámara se realizó este miércoles  una audiencia pública en la que se abordó un proyecto de ley, recientemente radicado, que busca que durante un periodo de seis meses se permita el traslado de afiliados entre fondos de pensiones, siempre que hayan cotizado un mínimo de 750 semanas, sean hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 50.

En la actualidad los cotizantes solo pueden cambiar de régimen una vez cada cinco años y la última posibilidad es antes de que los hombres cumplan 52 y las mujeres 47. Es decir, 10 años antes de cumplir la edad requerida para la jubilación.

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En la explicación de motivos sus autores, congresistas del Partido Conservador, señalan que cuando Colombia adoptó desde 1994 un modelo paralelo de seguridad social en pensiones, caracterizado por la competencia entre regímenes público y privado, durante la implementación del sistema “no se contó desde un principio con los mecanismos que garantizaran la protección de los usuarios, desde la perspectiva de la oferta adecuada en cantidad y calidad de la información que se les brindara, con el fin de que la toma de decisiones en cuanto a la afiliación o traslado a, o desde, determinado fondo de pensiones, estuviera precedida de un conocimiento completo, capaz de generar un consentimiento auténticamente informado”.

“Las deficiencias en el suministro de esa información, y muchas veces su total ausencia, a lo largo de más de 22 años, han desencadenado un considerable incremento de acciones judiciales en procura del traslado de un fondo pensional a otro, con el correlativo costo económico y social, y la congestión del aparato jurisdiccional encargado de resolver las citadas controversias”, agregan.

En la audiencia, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, señaló que iniciativas como estas hacen parte de la discusión más amplia sobre una posible reforma pensional. “Nosotros necesariamente no planteamos estar en desacuerdo con el espíritu de este proyecto, pero queremos plantear que una decisión sobre los traslados se tome en el contexto de esa gran reforma pensional, que el Gobierno ha dicho que va a radicar muy pronto”, sostuvo.

Aunque señaló que “se puede llegar a presentar esta posibilidad dentro de una reforma pensional”, Montenegro manifestó que el proyecto está “en contravía de los tres objetivos que deben direccionar el futuro de cualquier régimen pensional: sostenibilidad, equidad y cobertura”.

“Durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo planteamos que el costo neto era de $50 billones. El Ministerio de Hacienda da una cifra de $27 billones, el Ministerio de Trabajo da una cifra de $58 billones. Nosotros estamos en la mitad pero es una cifra gigantesca. Este proyecto como está atenta a la equidad porque esos $50 o $27 billones irían a personas de altos ingresos altos y medios con los subsidios que se otorgan en el régimen público”, expresó.

Finalmente Montenegro propuso que el traslado se permitiera en el momento de la jubilación.  “Que dentro del contexto de una reforma pensional esta decisión se permita, pero en el momento de la jubilación. Esto le conviene a todo el mundo. Le conviene a las personas porque en ese momento sí saben cuánto capital tienen acumulado, cuántas semanas efectivamente han cotizado, pueden tener la seguridad de que han cotizado las 1.300 semanas o no. Le conviene al Gobierno porque todas esas personas que se trasladarían a Colpensiones habrán acumulado un capital más grande, por lo tanto llevarán más alto. Le conviene a todo el mundo”, dijo.

Por su parte, Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, defendió la iniciativa. Señaló que es necesario corregir de una brecha de 20 años ausencia de asesoría cuando se implementó el modelo de pensiones.

“No se nos puede olvidar que del año 1994 al 2014 tuvimos veinte años la gente trasladándose sin información. Tenemos una brecha que debemos corregir. Estamos acá sentados por esos 20 años. Si desde el principio de la ley 100 se hubiese dicho que había una obligación de una doble asesoría no estaríamos aquí sentados. Ya sabríamos que la gente tuvo suficiente información para tomar una decisión responsable. Y no 20 años que hay que corregir con proyectos de ley como este. Para mí son bienvenidos y están muy bien orientados”, sostuvo.

Así mismo, afirmó que “no es extraño que haya periodos de gracia para permitir traslados. En 2004 se dio un periodo de gracia de un año cuando se incorporó esta imposibilidad de traslado faltando 10 años para la jubilación. Ya se hizo. ¿Y qué paso? que en ese momento el periodo de gracia no estuvo acompañado de la doble asesoría. Por eso no funcionó”.

“Es extraño que los defensores de la libertad de mercado sean los que se oponen a levantar esta restricción para escoger libremente el mejor régimen posible para pensionarse”, puntualizó.