Por presuntamente implementar una estrategia para coordinar, en todas las etapas de los procesos de selección pública investigados, la presentación de múltiples manifestaciones de interés y/o propuestas con el fin de incrementar la probabilidad de que alguna de las empresas investigadas resultara adjudicataria, la Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de ocho agentes del mercado y ocho personas naturales.

A través de un comunicado, la Superintendencia informó que el objeto de los procesos contractuales consistía en desarrollar distintas obras de construcción, mantenimiento y adecuación locativa de las instalaciones de distintas entidades estatales.

En desarrollo de la estrategia anticompetitiva a investigar, las personas vinculadas con la dinámica en mención, se habrían presentado como competidores independientes, cuando en realidad habrían actuado representando un mismo interés. De este modo habrían identificado de manera coordinada procesos de selección en los que podría presentarse más de una empresa investigada.

También elaboraron de manera conjunta, tanto las manifestaciones de interés, como las ofertas que serían presentadas a las entidades contratantes.

Una vez, alguno de los agentes del mercado presuntamente coludido lograba un cupo en el listado de manifestación de oferentes, o resultaba adjudicatario, buscaba negociar la ejecución del proyecto.

La actuación administrativa de la Delegatura para la Protección de la Competencia inició con ocasión de una denuncia presentada por el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Hacienda y en el desarrollo de sus actividades investigativas identificó que, presuntamente, la conducta materia de investigación no se habría limitado únicamente al caso denunciado, sino que se habría extendido a 104 procesos de contratación estatal.

En el comunicado se precisó que la investigación adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio no involucra la conducta de ningún funcionario público de las entidades del Estado que desarrollaron los procesos de selección investigados.

La Superintendencia también aclaró que las personas naturales investigadas pueden presentar descargos y ejercer su derecho de defensa y contradicción conforme con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 019 de 2012.