Congresistas de las comisiones económicas volvieron a requerir información al Gobierno sobre qué empresas estatales serían enajenadas

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La votación sobre el monto del presupuesto general de la nación 2020, uno de los pasos establecidos en la discusión y que estaba programado para realizarse este martes, fue aplazada para este miércoles en horas de la mañana, porque no hubo quorum decisorio.

Durante el debate realizado en las comisiones económicas conjuntas, congresistas de la oposición plantearon reducir en $8,5 billones, la cifra propuesta por el Gobierno que se acerca a los $271,7 billones.

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“Yo les digo a las comisiones conjuntas que tenemos dos opciones. Uno, o el Ministro nos dice de dónde va a sacar la plata, si es con la venta de ISA o de Ecopetrol, y que el Congreso de la República asuma esa responsabilidad, o que reduzcan el presupuesto en $8,5 billones y lo ajustemos a la realidad. Nosotros desde la oposición no estamos dispuestos a aprobar un monto desfinanciado y muchísimo menos a seguir vendiendo el país”, afirmó la representante por Bogotá, Katherine Miranda, de la Alianza Verde.

“Ningún congresista está dispuesto a que se siga vendiendo el país. En $8,5 billones está desfinanciado este presupuesto. No podemos aprobar un monto sin que siquiera se sepa de dónde va a salir esa plata. Nadie del Gobierno nos ha dicho de dónde va a salir”, agregó.

Por su parte, el senador Iván Marulanda, también de la Alianza Verde, afirmó que “lo que proponemos es que al menos se disminuya el monto en $8,5 billones para ver si rescatamos parte de los activos del patrimonio nacional que quieren festinar en esas enajenaciones que nos han anunciado”.

El representante por el Valle del Cauca, Christian Garcés, criticó la iniciativa. “Hay voces de reducir ese monto, pero no veo las propuestas de dónde recortar el presupuesto que necesitan los colombianos. Este presupuesto aumenta los recursos para salud, educación, defensa. También está el aumento de los salarios de los funcionarios del sector público. Es muy fácil hacer críticas al monto, generar unas discusiones mediáticas sobre supuestas irresponsabilidades, pero no plantear las propuestas de dónde sería el recorte”, afirmó.

Como en la jornada del lunes, congresistas de varios partidos, especialmente independientes y de oposición, volvieron a insistir al Gobierno que entregue información sobre cuáles empresas serían enajenadas.

“Va a ser un gran error si aprobamos el monto de $271 billones si no sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser los activos que pretende vender el Gobierno. Muy difícil será aprobar este monto bajo un supuesto de unos hechos inciertos que se van a presentar el próximo año. Quiero pedir al señor Ministro que nos explique qué es lo que pretenden. ¿Arrancan con ISA? ¿Arrancan con la democratización de Ecopetrol? Si vemos en la parte de recursos de capital hay una línea que dice “otros”. Es una cifra de $9 billones. Queremos que el Gobierno nos explique qué significa ese componente de “otros” con $9 billones y ahí sí no tendríamos dificultad alguna porque reconocemos la estrechez fiscal”, dijo el senador Richard Aguilar, de Cambio Radical.

“Fuentes razonables”

En el debate el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, explicó las fuentes de financiamiento. “Las fuentes de recursos para financiarlo son las siguientes: $158,5 billones provienen de ingresos tributarios, $28,4 billones son el monto de la deuda total y vamos a contratar nuevo endeudamiento por $19,2 billones. Los dividendos, las utilidades y demás ingresos de capital por $11,4 billones, otros recursos de capital por $22 billones, incluyendo recursos propios de muchos de los establecimientos públicos, por $31 billones”, dijo. “En total esas fuentes nos dan los $271, 7 billones, creemos que cada uno de los componentes de esas fuentes de financiación son perfectamente razonables a la luz de lo que podemos estimar va a ser el curso de la economía en el año 2020”, agregó.

Otros miembros de la bancada de Gobierno defendieron el proyecto. El coordinador ponente, el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, manifestó que la iniciativa cumple con los supuestos macroeconómicos. “Claro que se están cumpliendo los supuestos macroeconómicos. ¿Cómo no, cuando estamos hablando que Colombia está creciendo en un mar de economías estancadas? ¿Cómo no podemos cumplir cuando los dos últimos trimestres hay una expansión económica? ¿Cómo no se están cumpliendo esos supuestos macroeconómicos cuando se está hablando de una modernización del aparato productivo de Colombia, según un informe del Banco Mundial?”, dijo.

“Lo importante en esta discusión es que el presupuesto esté formulado sobre unos supuestos económicos claros y tenemos unos indicadores que dan la claridad sobre la economía colombiana. Ya en los rubros sectoriales empezaremos a discutir qué correcciones se tienen que hacer”, añadió.

A su turno, la senadora María del Rosario Guerra, también del Centro Democrático, afirmó que el proyecto “responde a la realidad económica y a las perspectivas fiscales del país. Este es un presupuesto austero. El aumento que hay en los gastos de personal se ajusta fundamentalmente al aumento previsto en el valor de la nómina, con la excepción de dos entidades, para los cuales este Congreso autorizó unos aumentos del número de cargos, la Dian y el Inpec. Pero el resto tiene un fuerte componente de austeridad e, incluso, reduce de manera importante gastos como los de publicidad”. Indicó, además, que “se ajusta a la regla fiscal, como se ha dicho. Se aspira a que en 2019 el déficit sea 2,4 y en 2020 del 2,2 con lo cual se hace un ajuste importante para cumplir con ese compromiso”.

Rama Judicial solicita más recursos

Al inicio de la sesión, presidentes de las altas cortes intervinieron para solicitar más recursos. Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, señaló que estos recursos permitirían aumentar el número de jueces y magistrados para mejorar el sistema.

“El anteproyecto que nosotros presentamos fue de $5,7 billones, pero el proyecto que presentó el Ministerio de Hacienda estableció para la rama $4,6 billones. Es decir, se establece un recorte de $1,03 billones”, sostuvo Remolina, quien indicó que “año tras año hemos notado como se hace una diferencia importante entre la solicitud que hace la cartera judicial y lo que finalmente es apropiado para esta rama del poder público. Por ejemplo, en 2018 nos asignaron $783.000 millones menos de lo que habíamos solicitado. En 2019 este recorte representa $721.000 millones, lo cual históricamente ha ido generando un rezago presupuestal que se refleja en un déficit de la planta de personal para atender las necesidades de la rama y para atender las necesidades de los ciudadanos que acuden a ella”.

Por su parte, José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia, subrayó los grandes “padecimientos” que tiene el sector en materia de presupuesto e indicó que el número de jueces en los países de OCDE es de 65 por cada 100.000 habitantes mientras que en Colombia solo son 11.