Suenan alarmas en antesala electoral

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Cuando queda poco más de mes y medio para los comicios regionales, el panorama se ha visto cada vez más empañado por un incremento sostenido de la violencia política. Radiografía

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Quizás sea la sevicia con la que fue ejecutada la candidata liberal a la Alcaldía de Suárez, Karina García, y otras cinco personas, lo que rebosó la copa de la percepción de la violencia política que está tomándose la campaña electoral.

Quizás sea porque la crueldad del crimen le puso rostro a las cifras que EL NUEVO SIGLO y otros medios han venido publicando sobre homicidios, atentados y amenazas que otra vez enlutan el llamado a las urnas para escoger, el 27 de octubre, ediles, alcaldes, concejales, gobernadores y diputados.

 

Cada día y medio

 

Tras la masacre de Suárez, la Misión de Observación Electoral (MOE) señaló que cada día y medio está ocurriendo un hecho de violencia electoral en algún lugar de Colombia.

“Llevamos registrados un total 24 hechos de violencia contra candidatos para los comicios de octubre”, dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Según esa organización, luego del 27 de julio, último día de inscripciones, 24 candidatos han sido víctimas de violencia política. De ellos, 12 candidatos a alcaldías, 10 candidatos a concejos, uno a gobernación y otro a asamblea.

Son 17 los candidatos que han sido víctimas de amenazas. Un candidato a la Asamblea de Norte de Santander sufrió un atentado en Convención. Un candidato a la Alcaldía de Medio Baudó (Chocó) fue secuestrado.

En cuanto a los asesinatos, han perdido la vida cinco aspirantes a concejos –en Versalles (Valle del Cauca), Betania (Antioquia), San Jacinto del Cauca (Bolívar) y Suárez (Cauca).

La MOE precisó que las acciones violentas contra candidatos y dirigentes políticos han tenido hasta ahora como blanco especial a los partidos Social de Unidad Nacional (La U), Cambio Radical y Liberal.

Para Barrios es “urgente adoptar las medidas necesarias por medio de las autoridades locales y, sociedad civil en general, para hacerle frente a los hechos de violencia que están sucediendo a lo largo de este proceso electoral”.

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Incremento violento

 

Sin embargo, la dimensión de la amenaza podría augurar malas y peores noticias.

Lo que ha registrado la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) es que el departamento más golpeado en materia de violencia electoral es el Valle del Cauca y, por otro lado, ha venido subiendo la violencia en el Cauca. En ese sentido, en el primer escenario, todo parece indicar que hay un retorno de antiguos narcotraficantes y esto ha disparado las disputas entre las estructuras ilegales. En el segundo, hay preocupación en la disputa territorial en el norte, occidente y sur del Cauca. Sin embargo, la alerta más reciente se ha centrado en el norte debido a los últimos episodios recientes contra la candidata García, quien hizo públicas las amenazas que estaba recibiendo, ocho días antes de ser asesinada e incinerada.

En concepto de Giorgio Londoño, investigador nacional de Pares, en los últimos meses los repertorios de victimización se han vuelto más individualizados y letales. Es decir, que se han registrado más asesinatos contra la personas con los perfiles a los que se les hace seguimiento (candidato, funcionario público de elección popular, funcionario público de libre nombramiento, miembros de partidos, movimientos políticos y denunciantes de corrupción) en función del ejercicio de su quehacer político.

“Eso quiere decir que hubo un arranque electoral en el que había amenazas colectivas a través de panfletos, pero ahora lo que se ve es que hay amenazas individuales, y además se han vuelto más letales”, aseguró.

 

Grupos armados

 

El 36% de los municipios de Colombia está en riesgo electoral por presencia de grupos armados ilegales, advirtió el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

Al entregar la alerta temprana de Riesgo Electoral 2019, Negret dijo la semana pasada que “este documento debe convertirse en una herramienta de prevención, para que la próxima jornada electoral se defina por el debate de las ideas, de las propuestas por un mejor país, y no por la presión de los delincuentes”.

Por el trabajo en terreno se pudo establecer que son 78 los municipios que tienen un nivel de riesgo extremo, en donde hay disputa entre grupos armados ilegales o con la Fuerza Pública, hay economías ilegales, vulnerabilidad de la sociedad y poca presencia del Estado.

Y son siete los grupos armados ilegales que tienen capacidad de injerencia o perturbación en los comicios: Eln, Los Pelusos (disidencias del Epl), Agc (Clan del Golfo), las disidencias de las Farc, los grupos armados ilegales posdesmovilización de las Auc (por ejemplo Caparros, Pachenca, Rastrojos, la Oficina del Valle de Aburrá), otros grupos armados ilegales (GDO, grupos delincuenciales organizados como Pacheli, La Constru, Cordillera y otras bandas) y algunas expresiones armadas sin posibilidad de determinar su origen o nombre.

 

Días y meses intensos

 

El Gobierno nacional anunció que en adelante se intensificará el seguimiento del proceso electoral en todas las regiones del país, a través de las comisiones departamentales donde participan las autoridades regionales y locales.

“Los días y los meses que vienen serán intensos, pero los violentos no nos amedrentarán. Desde el Gobierno seguiremos trabajando sin pausa para atender las necesidades de más de 47 millones de compatriotas que sueñan con un mejor país”, manifestó la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

La alta funcionaria reiteró el llamado a los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular para que adopten los mecanismos de protección activados por el Estado, con miras a garantizar su integridad.

También reconoció que las elecciones que están en marcha suponen un gran desafío para el Gobierno nacional, puesto que las alertas por violencia y la injerencia de los grupos al margen de la ley volvieron a ser protagonistas.

“En coordinación con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y los organismos de seguridad del Estado, hemos puesto en marcha los mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio pleno de los derechos democráticos”, señaló.

 

Alto riesgo electoral

 

Entre tanto, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, alertó sobre la situación de alto riesgo electoral en 315 municipios y 30 departamentos.

El Índice de Riesgo Electoral (IRE), diseñado por la Procuraduría con base en mediciones de violencia, comportamiento electoral y capacidad institucional de las regiones, permitió identificar que 315 municipios se encuentran en riesgo alto para las próximas elecciones.

De acuerdo con la medición, los departamentos con mayor número de municipios en riesgo electoral son Antioquia (48), Cundinamarca (20), Norte de Santander (18), Tolima (18) y Nariño (17).

De los municipios en riesgo, 74 hacen parte de la Región Caribe y están ubicados en los departamentos de Cesar, Atlántico, Sucre, Bolívar y Córdoba; 66 están en el Eje Cafetero, en Antioquia y Quindío; 61 en la Región Centro Oriente, departamentos de Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá; 54 en la Región Pacífica -Chocó, Valle del Cauca y Nariño; 40 municipios en la Región Centro Sur, en Caquetá, Tolima y Putumayo; y 20 en la región de los Llanos, Meta, Arauca, Vaupés, Guanía y Vichada.

El procurador Carrillo le pidió al presidente Iván Duque la instalación inmediata de un Puesto de Mando, Monitoreo y Control que haga seguimiento y resuelva de manera urgente las amenazas contra los comicios.

“El momento requiere de una intervención intrépida y de una estrategia conjunta del Estado, ante el incremento de la situación de riesgo tanto de los líderes sociales como de los políticos, en pleno calendario electoral”, dijo Carrillo, quien señaló que el objetivo es el de lograr el monitoreo, a través de mapas de calor, de la situación de riesgo en los departamentos de Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, donde se registra el más alto índice de homicidios y mayor afectación de violaciones a líderes sociales y de defensores de derechos humanos, que permita la revisión y ajustes a los esquemas de protección.

Carrillo reveló el mapa de riesgo electoral de la Procuraduría que identificó las amenazas contra 47 líderes y lideresas sociales, candidatos a cargos de elección popular en Arauca (23), Antioquia (10), Cauca (9), Chocó (2), Norte de Santander (2), y Nariño (1). 11 de estos candidatos son mujeres.

"Los procesos electorales siempre son el peor escenario para que se agudice esa violencia", insistió Carrillo, anotando que "aquí la paz no le pertenece a ningún partido político, a ninguna ideología. La paz es patrimonio de todos los colombianos. Insisto, es el único legado que le podemos dejar las nuevas generaciones de colombianos".

 

Delitos electorales

 

A la par con el incremento de la violencia, se evidencia la preocupación por los delitos puramente electorales.

Hasta la semana pasada, el Ministerio del Interior reportó 1.468 quejas por presunta violación a normas electorales, indicando que en menos de dos meses las quejas se triplicaron, pues las registradas con corte al 18 de julio fueron 512, el 26 de julio 602, el 8 de agosto 989, 15 de agosto 1.195, el 22 de agosto 1.224 y el 30 de agosto 1.468.

El ranking de las 15 conductas irregulares más reportadas sigue liderado por la violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación con 14,77% de las acusaciones.

Las demás, en su orden, son intervención en política de los servidores públicos (10,10%), constreñimiento al sufragante (9,80%), trashumancia electoral (9,54%), corrupción de sufragante (4,97%), fraude en inscripción de cédulas (4,23%), inscripción de candidatos inhabilitados (3,28%), financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas (3,11%), tráfico de votos (2,94%), elección ilícita de candidatos (1,86%), conflicto de interés (1,77%), doble militancia (1,55%), violación al régimen de inhabilidades (1,47%) e irregularidades en la inscripción de candidatos (1,34%).

Además, son 694 los aspirantes inhabilitados para participar a cargos de alcaldes, concejales, diputados y ediles en los 32 departamentos para las elecciones de octubre.

Así lo informó la Procuraduría después de analizar 117.822 registros de candidatos inscritos, encontrando que 27 aspirantes se copiaron las firmas aportadas para inscribirse.

En las cifras, la Procuraduría señaló que de los candidatos impedidos 11 son aspirantes a asambleas, 20 a alcaldías, 602 a concejos, 15 a ediles en Bogotá y 46 a ediles fuera de la capital; los partidos políticos y movimientos que más se vieron afectados son el Partido Conservador con 113 aspirantes inhabilitados, seguido por Colombia Renaciente con 66, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y La U con 64 cada uno y Cambio Radical con 59.

Así mismo, en el informe se mostró que los departamentos con mayor cantidad de aspirantes impedidos fueron Antioquia con 10,8%, Cundinamarca con 10,4%, Valle del Cauca con 8,2%, Boyacá con 7,5% y Tolima con 6,9%.

 

Participación en política

 

De otra parte, Carrillo anunció las primeras acciones adelantadas contra mandatarios locales y funcionarios por posible injerencia en los comicios.

Hasta el momento son dos los alcaldes suspendidos provisionalmente por el término de tres meses: Adalberto Jesús Menco, de San Martín de Loba (Bolívar), por presunta participación en política, y Gustavo Aquileo Osorio, de Pedraza (Magdalena), por supuesta trashumancia electoral.

Carrillo advirtió que el órgano de control busca determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias de los investigados, quienes al parecer habrían participado en actividades proselitistas, estando en ejercicio de un cargo público.

Adicionalmente, el alcalde de Soledad (Atlántico), José Joao Herrera, fue apartado del Comité de Seguimiento Electoral del municipio, compulsando copias para que se inicie una investigación disciplinaria por presunta participación en política.

En ese mismo departamento, se confirmó la suspensión por cinco meses de la alcaldesa de Manatí (Atlántico), Kelly Paternina, por revocar el nombramiento de una funcionaria sin cumplir con los requisitos legales establecidos.