Es casi un rito presupuestal. Cada cuatro años, con o sin la recesión y la crisis económica y social que hoy tiene el país y la ciudad debido al impacto del Covid-19, la administración distrital de turno le solicita al Concejo de Bogotá la aprobación de un cupo de endeudamiento.
En esta ocasión, y precisamente por la coyuntura en la que se encuentran Bogotá, Colombia y el mundo, a la alcaldesa Claudia López le tocó solicitar el cupo de endeudamiento más alto que un gobierno distrital ha pedido al Concejo: $10,79 billones.
- En contexto: Alcaldía-Concejo de Bogotá: ¿Diálogo de sordos?
Este proyecto de acuerdo (el 289) fue presentado formalmente el 19 de agosto. Ese mismo día la mandataria también socializó otra iniciativa que contemplaba la estrategia de reactivación económica y los alivios financieros pospandemia. Uno y otro conforman lo que se denominó el 'Plan Marshall para Bogotá'. Esta iniciativa (la 277) incluso había sido presentada formalmente al Cabildo el 11 de agosto.
Pese a que el día de socialización de ambos proyectos López le solicitó al Concejo que se tramitara con urgencia este paquete para reactivar la economía de la ciudad y poner a rodar su plan de gobierno, este miércoles, cuando se acaban las sesiones ordinarias, no solo no se aprobó ninguno de los proyectos, sino que ambos deberán ser presentados nuevamente en sesiones extraordinarias.
“Agradezco a todos los concejales, con quienes llevamos semanas estudiando los dos proyectos del Plan Marshall: el de cupo de endeudamiento e incentivos. Por temas jurídicos y una recusación, ambos se tramitarán en sesiones extras. Estoy segura que entre todos lograremos el mejor resultado”, trinó el martes en horas de la mañana la alcaldesa.
De hecho, ahora ya es claro que ambas iniciativas las deberá volver a presentar la Administración al Concejo y ambos deberán volver a surtir todo el trámite correspondiente desde cero, lo que implica que tendrán de nuevo un sorteo para determinar ponentes; estos deberán presentar nuevamente ponencias, sean positivas o negativas; y ambas iniciativas, eventualmente, deberán ser discutidas y aprobadas y/o rechazadas, punto del trámite que no alcanzó ninguno de los dos en las ordinarias. ¿Pero cómo se llegó a este escenario?
Un trámite truncado
El proyecto de acuerdo sobre el Plan Marshall fue retirado por la Administración distrital el 2 de septiembre, lo que desató una tormenta política entre el Concejo y el Palacio Liévano, controversia que aún retumba y que deterioró de manera significativa las relaciones del Cabildo con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.
“El proyecto de acuerdo sobre el Plan Marshall fue retirado por la Administración distrital el 2 de septiembre, lo que desató una tormenta política entre el Concejo y el Palacio Liévano”
Y el proyecto sobre el cupo de endeudamiento, que iba a ser debatido y tal vez aprobado y/o rechazado el martes en la Comisión de Hacienda, en donde se radicó, no progresó ya que la sesión se tuvo que cancelar a raíz de la recusación que presentó la bancada de Cambio Radical contra tres concejales del Polo. Ese recurso solo será analizado este miércoles en la última plenaria de las sesiones ordinarias.
Esta maniobra, que este martes la alcaldesa consideró como “un acto legítimo de bancada de oposición, pero tiene un efecto dilatorio del debate del cupo de endeudamiento que necesita con urgencia la ciudad”, terminó dándole oxígeno a los concejales que habían dicho claramente que discutir y aprobar en un solo día el cupo de endeudamiento más grande de la historia era una irresponsabilidad.
Por ejemplo, Susana Muhamad, de Colombia Humana, había dicho que “la realidad es que esos dos proyectos no había cómo discutirlos por términos”. Lo dijo desde cuándo se retiró el “Plan Marshall”. Entonces añadió que el afán de aprobar el proyecto “no es responsabilidad del Concejo. Es responsabilidad de la Administración por radicarla tarde. Tendríamos solamente un día para discutir y votar”.
Un problema de tiempos
A este respecto y para claridad absoluta de los lectores, el concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo, aclaró que un día después que se presentara el proyecto sobre el cupo de endeudamiento se hizo el sorteo de los ponentes, momento en el cual comenzaron a correr los 10 días hábiles reglamentarios para presentar ponencia.
“La Alcaldía tuvo suerte con los tres ponentes que le tocaron al proyecto, porque además de hacer ponencia conjunta, su entrega era para el 4 de septiembre, día en que se vencía el plazo (sin contar que podían solicitar la prorroga) y los ponentes adelantaron la fecha de entrega. La ponencia positiva fue con toda: toma tus $11 billones, pero por los tiempos reglamentarios dejaron un solo día para el debate, que era hoy”, le dijo este martes Carrillo a EL NUEVO SIGLO. Este cabildante, por ejemplo, tenía un banco de más de 100 preguntas para la Administración, de manera oficial.
“Si hubiéramos llegado hoy hasta la medianoche en la Comisión de Hacienda, de todas formas el cupo se habría hundido, porque a la medianoche, por reglamento, hay que levantar la sesión. Y el proyecto se cayó: ellos tienen que volverlo a presentar y a surtir todo el trámite por incompetencia de Luis Ernesto Gómez. Aquí no hay ningún otro responsable”, finalizó diciendo.
Este procedimiento está determinado en el Artículo 79 del reglamento del Concejo, que deja claro que todo proyecto que no fue discutido al término de las sesiones en que fue presentado queda archivado. Desarchivarlo es una opción para los proyectos de los concejales, no de la Administración.
¿Qué viene ahora?
De acuerdo con la concejal de la Alianza Verde, María Fernanda Rojas, para cualquier efecto el cupo se cayó y la Administración lo tiene volver a presentar.
Ahora, para volver a presentarlo, la Alcaldía deberá decretar sesiones extraordinarias y podría hacerlo, de acuerdo con la concejala, después de este miércoles, que es cuando se clausuran las sesiones ordinarias.
“Las siguientes ordinarias son en noviembre, entonces creo que la Administración lo va a presentar (la citación a extras y los proyectos) muy rápido, tal vez el jueves ¿Qué es lo que prevemos? Que lo van a presentar muy rápido. Cuando se cayó el ‘Plan Marshall’, el secretario de Gobierno dijo que lo estarían radicando de nuevo el 10 de septiembre. Yo supondría que radicarían el paquete completo ese día”, le dijo a este diario Rojas, quien añadió que las extraordinarias comenzarán cuando lo determine la Administración.
Falta de conocimiento
Ahora bien, ¿por qué se terminó presentando esta situación? Parte del tema fue un conjunto de factores que se fueron acumulando, lo que provocó una especie de ‘tormenta perfecta’. De acuerdo con el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, y con otros cabildantes, el retraso y la falta de conocimiento de la Administración sobre los procedimientos del Concejo fueron decisivos en este resultado.
“Yo sí percibo que al secretario de Gobierno le hace falta, en cierta forma, un conocimiento mayor del funcionamiento del Concejo y entender los roles que tenemos frente a la Administración. Eso es importante que lo tenga claro, porque él a veces quiere que el Concejo actúe y funcione como él lo considera y el Concejo es independiente (…). En Bogotá estamos en un liderazgo que, percibo, no le gusta mucho que le hagan control”, le dijo a este medio, días atrás, el concejal del movimiento Bogotá para la Gente.
Y lo mismo piensa el concejal Carrillo, pues según él Gómez cree que puede cambiar el reglamento del Concejo pero eso no es así.
“Lo más absurdo de todo es que una de sus manos derechas y su puente con el Concejo es Danilson Guevara, quien escribió el reglamento actual y vigente, pues fue secretario del Concejo el año pasado. Entonces yo no puedo creer que Luis Ernesto, teniendo a su lado a la persona que escribió el reglamento, no se lo sepa o no lo conozca, o no quiera acatarlo”, anotó Carrillo, quien aclaró que es la Administración la que va al Concejo a pedirle permiso para endeudarse.
A Gómez, consideró Carrillo, “el 63% de favorabilidad de la Alcaldesa le nubla el entendimiento. Él no va a hacer un trámite en el que nosotros estemos obligados a darle un cheque: él va a pedir permiso y nosotros somos pares de la alcaldesa, no somos sus firmones, pero eso es algo que él parece no entender”.
Por último, frente a otra de las objeciones al cupo de endeudamiento, en torno a que no es claro hacia dónde se direccionarán los recursos, el concejal Emel Rojas, de Colombia Justa Libres, le dijo a este diario que “el cupo de endeudamiento está discriminado por sectores, no es un cupo global, pero lo que sí es cierto es que al interior de los sectores no está claramente determinado cuáles serán las inversiones que se van a hacer”.
Y Carrillo, al igual que el concejal Jorge Colmenares, del Centro Democrático, dijo que el cupo debería bajarse al menos en cuatro billones: “No es posible que, en el primer año de gobierno, con los niveles de ejecución que hay, demos una capacidad de endeudamiento por encima de su capacidad de ejecución”.
"Contrarrestar la disminución"
El 19 de agosto, cuando socializó el proyecto, la alcaldesa López manifestó que los $10,79 billones ayudarían a contrarrestar la disminución de ingresos, las presiones de liquidez y el impacto en las finanzas de la capital y de los bogotanos, tras el choque económico provocado por la pandemia.
“’Con este proyecto de cupo de endeudamiento esperamos generar los 500.000 empleos que necesita la ciudad y que requiere nuestra reactivación económica en los próximos años’, recalcó la mandataria”
"Con este proyecto de cupo de endeudamiento esperamos generar los 500.000 empleos que necesita la ciudad y que requiere nuestra reactivación económica en los próximos años”, recalcó la mandataria.
Según la Administración, con los recursos se destinarían específicamente a las inversiones del Plan de Desarrollo 2020-2024 que tengan vocación de aumentar la actividad productiva de la ciudad y generen bienestar.
Las principales inversiones estarían destinadas a infraestructura hospitalaria y educativa; al fortalecimiento de la competitividad, la productividad e innovación del tejido empresarial de Bogotá y al apoyo a los emprendedores y las mipymes de la ciudad; al aporte inicial para la cofinanciación de la segunda fase del Metro, corredor verde de la Séptima, cable aéreo San Cristóbal, ciclorrutas y espacio público; y a la modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá, así como el fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia y Seguridad.
También se contemplan recursos para asignación de subsidios de vivienda y el mejoramiento de unidades habitacionales; mejoramiento de la vivienda de origen informal mediante el Plan Terrazas, y modificación del cupo de endeudamiento de la Empresa de Acueducto para atender financiación de facturas de servicios públicos. El proyecto recoge los saldos de cupos aprobados previamente por el Concejo (Acuerdo 690 del año 2017), pero no comprometidos aún, por $3,4 billones.
"Suficiente capacidad"
Las obras públicas contempladas deben potenciar el crecimiento económico. Según los análisis de la Secretaría Distrital de Hacienda, por cada billón de inversión en obras públicas, se crean en Bogotá 13.000 empleos directos e indirectos y se genera un incremento de 0,4 puntos porcentuales adicionales por año en el crecimiento económico de la ciudad.
“Afortunadamente, así como necesitamos recursos, tenemos la suficiente capacidad de endeudamiento, sin amenazar la sostenibilidad de la deuda, previéndose la financiación a través de un nuevo cupo que sea aprovechado con eficiencia y eficacia”, anotó el secretario encargado de Hacienda, José Alejandro Herrera.
Según Herrera, el más reciente análisis del perfil crediticio de Bogotá, realizado por Moody’s Investor Services, actualizó la calificación de la ciudad a Baa2 estable, destacando que el Distrito Capital “refleja una economía local diversificada, que respalda su fuerte recaudación de ingresos propios y su sólida liquidez”. Igualmente, en su reporte menciona como fortalezas crediticias de la capital sus sólidas prácticas de administración y gobierno.