Las controversias alrededor del proceso penal que venía adelantando la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe, que hoy lo tiene bajo detención domiciliaria, no terminan.
Aunque la causa penal en la que el exmandatario es investigado por incurrir presuntamente en los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, ya no se encuentra bajo la órbita de la Corte, sino que pasó a la Fiscalía; sin embargo, las críticas y denuncias del uribismo a la forma de actuar de la Sala de Instrucción de la Corte continúan aumentando.
Desde el miércoles pasado, el foco de atención está puesto -de nuevo- en los juristas que integran la Sala, que es presidida por el magistrado Héctor Javier Alarcón y completada por los togados Francisco Javier Farfán, Cristina Eugenia Lombana, César Augusto Reyes, Marco Antonio Rueda y Misael Fernando Rodríguez. La magistrada, como se sabe, tuvo que apartarse del proceso por un conflicto de intereses.
¿Por qué? Debido a que se han dado a conocer contratos suscritos con el gobierno anterior por el hoy magistrado Reyes, ponente del caso Uribe y quien sustanció la medida de aseguramiento.
Lo que el uribismo le reprocha a Reyes no es la legalidad de su actuación contractual, sino que mientras la magistrada Lombana quedó impedida para actuar en el caso Uribe, por su supuesta cercanía con el exmandatario, su colega no hizo lo mismo en torno a sus presuntos conflictos de interés; es más, cuando ella le pidió a Reyes transparencia sobre sus nexos con la esposa del senador Iván Cepeda (sujeto procesal en el caso contra el exmandatario), el magistrado no respondió y continuó con el caso.
Como se sabe, Reyes fue consultor de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en Colombia, cuando Pilar Rueda, la esposa del senador del Polo, coordinaba un programa de esa entidad.
El caso de Lombana es sui generis: hizo carrera en la Justicia Penal Militar y cuatro días antes de posesionarse en la Corte pidió una comisión al Ejército para conservar los derechos de carrera, con lo que continuó siendo miembro activo de la institución.
Cuando le llegó por reparto el caso de Uribe, fue recusada por Cepeda argumentando que siendo integrante de las Fuerzas Militares, durante el periodo presidencial de Uribe fue subalterna suya. Los demás magistrados le dieron la razón al congresista, apartándola del proceso.
Paradójicamente, según un documento que circuló ayer por redes sociales, al expresar su posición sobre la recusación a Lombana, Reyes recalcó en “dos cualidades deben tener los jueces: estar libres de conexiones e influencias inapropiadas con los poderes Ejecutivo y Legislativo, y con las partes del proceso; y ostentar la apariencia de ser libres e independientes frente a ellos, todo bajo el tamiz de los motivos legales de recusación y a los ojos de un ciudadano observador razonable”.
Para algunos juristas y no pocos dirigentes uribistas, al tenor de sus propias palabras, el magistrado Reyes debió poner en conocimiento de la Sala que antes de llegar a la Corte tuvo un contrato con el gobierno anterior para asesorar los listados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con los beneficiarios del acuerdo con las Farc.
Según el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), el contrato se firmó el 18 de julio de 2016 por $574.674.360 con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (Dapre), a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
El objeto era elaborar una base de datos que debía ser estandarizada en un formato HTML con cada una de las personas que, según las listas del Alto Comisionado, se encontraban detenidas con una medida de aseguramiento, para revisar el estado actual de su caso, las acusaciones y las condiciones carcelarias, especialmente, para los internos de la guerrilla de las Farc. También establecía consignar el estado de salud de estas personas.
En dicho contrato, Reyes figura como representante legal de la firma Nueva Justicia y Litigación Oral Consultores, pero el 5 de octubre de 2018, tres días antes de posesionarse como magistrado, cedió las cuotas que tenía en la empresa, lo mismo hizo su socio Fernando Jiménez, quien ahora es magistrado auxiliar de Reyes en la Sala de Instrucción.
Dudas
Teniendo como telón de fondo el duro y conocido enfrentamiento político entre santismo y uribismo, el Centro Democrático considera que Reyes debió declararse impedido.
Hasta el propio expresidente Uribe trinó el miércoles, que “del contrato directo del magistrado Reyes con Santos no sé qué pensar, menos qué escribir”.
A su turno, en sus redes sociales, el Centro Democrático se preguntó “¿por qué la Corte Suprema no revisa los posibles conflictos de interés de los magistrados? ¿Qué querían ocultar? ¿Será que es un plan orquestado?”.
También se cuestionó si, “¿es casualidad que el magistrado Reyes, quien elaboró el auto en el que pedía la detención de Álvaro Uribe, haya recibido millonarios contratos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos? ¿O hay algo más?”.
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“En el marco de la ejecución del contrato del magistrado César Reyes con el gobierno Santos, ¿visitó algún testigo que tuviera relación con el proceso contra Álvaro Uribe?”, planteó la colectividad, agregando que “si entre las funciones del contrato del magistrado Reyes con el gobierno de Santos estaba visitar cárceles, ¿influyó en el caso de Álvaro Uribe?”.
Otros interrogantes del Partido fueron: “¿Por qué el magistrado Reyes, habiendo tenido contratos con el gobierno de Juan Manuel Santos, enemigo político de Álvaro Uribe, no se declaró impedido?”; y “¿por qué el magistrado César Reyes no informó del contrato suscrito entre él y el gobierno de Juan Manuel Santos?”.
Contratos
Sin embargo, Reyes no es el único integrante de la Sala con contratos que, en opinión del uribismo, debieron ser puestos en conocimiento de sus colegas.
Por ejemplo, al togado Farfán lo mencionan por tres contratos registrados en el Secop por $243.133.333, todos con la Contraloría General de la República: uno del 26 de julio de 2016 por $56.800.000, otro del 26 de septiembre de 2017 por $36.833.333 y el tercero del 16 de enero de 2018 por $149.500.000.
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Los tres tuvieron por objeto “la prestación de servicios profesionales brindando asesoría jurídica especializada al despacho de la dirección de investigaciones de la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva en temas específicos de acuerdo a las funciones de la misma y para el apoyo a la evaluación de antecedentes, sustanciación de indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal ordinarios y verbales y elaboración de conceptos, proyectando y/o revisando autos, resoluciones, oficios, comunicaciones, etc".
Además, "asesorar en la resolución de los recursos de ley que se presenten en los asuntos a cargo de la Dirección de Investigaciones y elaborando la respuesta a las tutelas y derechos de petición y demás solicitudes relacionadas con la función de la Dirección conforme las directrices del director”.
El expresidente Uribe tuiteó ayer que al de Reyes “se suma el contrato de Santos al magistrado Farfán, quien era riguroso contra interceptaciones ilegales. Me queda afirmar: ni qué pensar ni qué escribir”.
En Secop aparece también un contrato de Alba Lucero Alarcón, señalada en las redes sociales como hermana del presidente de la Sala, representante legal de Alarcón Prevenir Salud Ocupacional, por $19.800.000 firmado el 21 de noviembre de 2013 con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
“Contratar la realización de exámenes periódicos ocupacionales paraclínicos con el fin de la actualización de historias clínicas ocupacionales y desarrollar los programas de vigilancia epidemiológica que corresponde al subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, cumpliendo con la normatividad vigente en salud ocupacional”, indica el contrato de Alarcón.
Finalmente, Jorge Gregorio Rueda, señalado como hermano del magistrado Rueda, figura en el Secop con un contrato por $78.865.285 firmado el 1 de abril de 2016 con Ecopetrol para “prestar la atención integral de los servicios en medicina general que se encuentren debidamente habilitados ante la autoridad competente a los beneficiarios de Ecopetrol”.