La expectativa sobre quién debe ser el nuevo o nueva titular de la cartera de Justicia crece día tras día. Como se sabe, ese ministerio permanece en interinidad desde el pasado 18 de agosto, cuando renunció Margarita Cabello con el objetivo de concentrarse en su candidatura a la Procuraduría General, tras ser tenada para dicho cargo por el presidente Iván Duque.
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Desde entonces en los corrillos políticos se han mencionado varios nombres como posibles titulares de esta cartera, siendo claro que el viceministro Javier Augusto Sarmiento, designado en calidad de encargado, no será nombrado en propiedad. Entre los perfiles que más suenan para llegar al gabinete están los de la actual secretaria Jurídica de la Presidencia, Clara María González, el exmagistrado Wilson Ruiz e incluso el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos.
Lo cierto es que para varios sectores resulta imperativo que se designe al Ministro de Justicia, ya que esa cartera tiene una serie de grandes temas que requieren definición inmediata.
“Como se sabe, Cabello tenía muy adelantado el borrador de una iniciativa desde hace varios meses y la idea era radicarla en el Congreso lo más pronto posible”
En primer lugar, claramente, está lo relativo a los proyectos de reforma de justicia. Como se sabe, Cabello tenía muy adelantado el borrador de una iniciativa desde hace varios meses y la idea era radicarla en el Congreso lo más pronto posible, con el objetivo de que pudiera cursar sus primeros cuatro debates antes de diciembre 20 y quedara lista para completar su trámite de aprobación entre marzo y junio de 2021.
Pero no solo es el proyecto gubernamental. En el Parlamento ya están otras dos iniciativas que también pretenden reformar la justicia. La primera fue radicada por el Consejo Superior de la Judicatura y plantea una reingeniería estructural a esta rama del poder público. La segunda es la impulsada por la Procuraduría General, que tiene como foco principal la adopción de mecanismos que permitan un acceso más rápido del ciudadano a los jueces, fiscales y demás instancias judiciales.
Respuesta pendiente
Aquí no solo está el reto de cómo integrar o complementar esos proyectos en aras de que el ajuste al sistema sea coherente, ordenado y eficaz. También le corresponderá a quien asuma el Ministerio tener que definir, de manera puntual y definitiva, si el Gobierno apoya o no la iniciativa del expresidente Álvaro Uribe -bajo detención domiciliaria- para que se arranque un proceso de convocatoria de un referendo, que tendría como propuesta principal la posibilidad de volver a la figura de una sola alta corte judicial, muy al estilo de lo que existía antes de la Carta del 91.
Como se sabe, esa propuesta ha generado mucho debate por cuanto sus críticos la asocian de inmediato con un presunto animo vengativo del Centro Democrático contra la Corte Suprema de Justicia, no solo por las polémicas alrededor del procesamiento penal al exmandatario, sino por otras controversias de años atrás relacionadas con los escándalos de la parapolítica y las ‘chuzadas’, o incluso el caso del exministro Andrés Felipe Arias.
De hecho antes de que Uribe pusiera sobre el tapete el tema del referendo, su colectividad estaba defendiendo la tesis de que para adelantar la reforma de la justicia se acudiera a una asamblea constituyente, propuesta que tenía dividida a la opinión pública y a los partidos políticos.
“Antes de que Uribe pusiera sobre el tapete el tema del referendo, su colectividad estaba defendiendo la tesis de que para adelantar la reforma de la justicia se acudiera a una asamblea constituyente”
Si bien el presidente Duque ha dicho que deben evaluarse todas las opciones para poder aplicar la reforma de justicia, no se ha pronunciado directamente sobre si apoya la opción de la constituyente o del referendo, o mejor apuesta por la vía del Congreso. Es más, aunque la semana pasada la senadora uribista Paloma Valencia dijo que el jefe de Estado sería partidario del referendo, desde la Casa de Nariño no confirmaron ni negaron esa versión. Sin embargo, EL NUEVO SIGLO conoció que al Gobierno no le gustó la afirmación de la congresista.
“…La Casa de Nariño sabe que no es momento de plantear una constituyente o un referendo, no solo porque la prioridad del país en estos momentos es atender la pandemia y arrancar la reactivación nacional, sino porque es claro que la mayoría de los partidos y el Congreso no le jalarían a esta clase de iniciativas estando ya Duque a menos de dos años de terminar su mandato y siendo un tema que despierta tantas susceptibilidades en la opinión pública”, dijo una alta fuente política de la coalición gubernamental.
La otra agenda
Pero la de la reforma a la justicia no es la única prioridad pendiente. Por ejemplo, se requiere que el Ejecutivo defina posturas frente a las propuestas de reforma al Código Civil; también es urgente que se continúe avanzando en el plan de contingencia alrededor del impacto del covid-19 en las cárceles, sobre todo en los aspectos relacionados con contener el volumen de contagios y acelerar los procesos de excarcelación dentro del decreto de emergencia que se dictó.
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El nuevo Ministro (a) también tendrá que ponerse al frente de la agenda legislativa, tanto de los proyectos en curso como de los recién radicados. Entre esas iniciativas está el que regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia; la regulación de los consultorios jurídicos, que ya va en tercer debate y solo le resta uno en la plenaria del Senado; también está en curso el proyecto relacionado con la ley estatutaria que crea la Especialidad Agraria; y no menos importante es la iniciativa que establece el Estatuto de Conciliación, sin duda uno de los aspectos a los que más le apuesta el Gobierno en su Plan de Desarrollo.
‘Papas calientes’
Un tercer flanco de la abultada agenda que tendrá el sucesor de Cabello (procuradora electa) tiene relación con una serie de temas coyunturales. Por ejemplo, una de las ‘papas calientes’ se refiere a las complicadas gestiones para lograr que Estados Unidos deporte a Colombia a los cabecillas del paramilitarismo Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar, que acaban de cumplir sus penas de cárcel allí, pero no quieren ser remitidos a nuestro país para seguir respondiendo por sus crímenes.
Como se sabe, este tema ha generado mucha polémica porque desde algunos sectores se acusa a la Casa de Nariño de no haber gestionado a tiempo las solicitudes de extradición, generando el riesgo de que Mancuso fuera deportado a Italia (trámite ya congelado) o que ambos aleguen que quieren quedarse en Estados Unidos por temor de sufrir atentados en nuestro país.
“La cartera de Justicia tiene que manejar algunos temas delicados en relación con la implementación del acuerdo de paz, especialmente en lo relativo a los asuntos jurídicos pendientes de concretar”
Otro de los temas candentes que debe enfrentar el Ministerio de Justicia se refiere a cuándo podrá el Gobierno definitivamente retomar las fumigaciones aéreas con glifosato sobre los narcocultivos. Como se sabe, si bien es cierto que este año se logró frenar la curva ascendente en la extensión de estos, luego de siete años de boom, la productividad de droga por hectárea aumentó así como la capacidad de exportación de cocaína. Es urgente que ese visto bueno sobre se dé por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes.
De igual manera, la cartera de Justicia tiene que manejar algunos temas delicados en relación con la implementación del acuerdo de paz, especialmente en lo relativo a los asuntos jurídicos pendientes de concretar.
Como se ve, la agenda del Ministerio es muy amplia y, por lo mismo, desde distintos sectores se piensa que tres semanas de interinidad en este cargo es mucho tiempo y que el Presidente debería proceder a la designación, más aun siendo claro que esta es una cartera en donde se ha designado desde primer día a perfiles jurídicos, sin ningún de padrinazgo político o partidista.