Wilson Ruiz, recién designado el miércoles pasado como ministro de Justicia, llega con varios importantes retos, pero quizás ninguno de la magnitud de la reforma al Código Civil.
La primera versión de dicho proyecto, que está en etapa de recibir comentarios y propuestas hasta el 23 de octubre, fue presentada el 30 de junio por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, fruto de un trabajo de varias décadas para actualizar y armonizar el Código de un grupo de profesores liderado por los juristas José Alejandro Bonivento y Pedro Lafont.
Según la información suministrada por el Ministerio, dentro de los elementos fundamentales que contiene el proyecto se destacan la constitucionalización del derecho privado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el bloque de constitucionalidad, la perspectiva de género y de inclusión de grupos históricamente marginados, así como la propuesta de unificación que plantea en relación con el régimen de obligaciones y contratos en materia civil y comercial, entre muchos otros temas.
Fuentes de la universidad agregaron que el trabajo se desarrolló con un espíritu de agilidad, actualización y desjudicialización, para incluir instituciones como la capacidad progresiva de los menores; la eliminación de la incapacidad legal por discapacidad física o síquica; la igualdad de todas las formas de familia; el valor jurídico de las declaraciones unilaterales; la imprevisión, la nulidad o resolución extrajudicial; la caducidad de las acciones y derechos; y el reconocimiento legal de múltiples negocios atípicos (leasing, factoring, colaboración empresarial, concesión, distribución, etc.). En general, se pretende la modernización de lo que con el paso de los años muestra grietas profundas.
Un aspecto clave es la unificación del régimen de obligaciones y contratos en materia civil y comercial
Al respecto el saliente ministro encargado Javier Augusto Sarmiento manifestó a comienzos de este mes que quedan múltiples escenarios de discusión para empezar a vislumbrar un consenso frente a esta reforma y para alcanzar la evolución del orden jurídico colombiano.
En julio, la exministra y procuradora electa Margarita Cabello anotó que “las tendencias modernas de justicia nos indican que este Código Civil debe estar fuertemente arraigado en los métodos de resolución de conflictos para que las controversias que se generen puedan ser resueltas de forma ágil, sencilla y económica a través de la conciliación, la mediación y el arbitraje”, explicó.
Sin embargo, un aspecto clave de la propuesta es la unificación que plantea en relación con el régimen de obligaciones y contratos en materia civil y comercial. “Al expedirse el Código de Comercio se generó una dualidad de codificaciones para regular las relaciones entre particulares, lo que ha causado problemas de interpretación que dificultan el flujo normal de los negocios y que han sido resueltos por la jurisprudencia con diferentes grados de éxito”, recordó.
La entonces ministra Cabello señaló que, tras la etapa actual de comentarios y propuestas, se procesará toda la información, la cual será manejada por un equipo de coordinadores y profesores de apoyo, y por un grupo de revisión y redacción. “El tiempo estimado para completar dicha labor es de cinco meses, a partir del cual esperamos poder presentarle al país una segunda versión del Código Civil. La meta es que podamos consolidar un proyecto muy bien estructurado para finalmente proponerlo ante el Congreso, donde iniciará su trámite para que se convierta en Ley de la República”, precisó.
Siglo y medio
La historia del actual Código Civil se remonta a 1853, cuando Andrés Bello redactó uno para Chile que fue adaptado por varios estados de la naciente República de la Nueva Granada, adoptándose oficialmente con algunas modificaciones para todo el territorio de los Estados Unidos de Colombia a través de la Ley 84, del 26 de mayo de 1873, decisión ratificada el 15 de abril de 1887 con la Ley 57.
Las numerosas reformas empezaron con la Ley 153 de 1887 llegando a perder muchos de sus rasgos, particularmente la pretensión de sistematización, que se rompió por un sinfín de normas expedidas paralelamente (y a veces en contravía) del Código, como ocurrió con el Código de Comercio que generó regulaciones inconexas entre sí.
El 28 de abril de 1980, el entonces presidente Julio César Turbay creó una comisión para revisar el Código Civil, integrada por los ya mencionados juristas Bonivento y Lafont, así como por Arturo Valencia, José Gabino Pinzón, Luis Manrique y Gilberto Peña, quienes entregaron este esfuerzo en 1984, aunque sin mayores ecos en el Congreso. La necesidad de una codificación moderna, que de una mejor respuesta a las necesidades sociales y evite la coexistencia de regímenes diferenciados para las obligaciones y contratos, motivó a la Universidad Nacional para retomar el trabajo.
Las numerosas reformas empezaron con la Ley 153 de 1887 llegando a perder muchos de sus rasgos, particularmente la pretensión de sistematización
Reforma judicial
Al anunciar la designación del ministro Ruiz, el presidente Iván Duque dijo que la primera tarea del jurista es seguir avanzando en los procesos de reforma, que se vienen discutiendo en el Congreso, tanto de la Ley Estatutaria como de los temas relacionados con el acercamiento de la justicia al ciudadano, el expediente digital, la consolidación y fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la jurisdicción agraria y otras iniciativas de la agenda legislativa del Gobierno nacional.
Como lo ha estado registrando EL NUEVO SIGLO, la exministra Cabello tenía muy adelantado el borrador de una reforma a la justicia desde hace varios meses y la idea era radicarla en el Congreso lo más pronto posible, con el objetivo de que pudiera cursar sus primeros cuatro debates antes de diciembre 20 y quedara lista para completar su trámite de aprobación entre marzo y junio de 2021.
Pero, como se sabe, la propuesta del Centro Democrático de tramitar la reforma a la justicia a través de una constituyente y luego por vía de un referendo, está ajustando los objetivos del Gobierno en este tema, aunque oficialmente no se ha dicho nada al respecto.
Por lo pronto, mediante un comunicado la bancada uribista en el Congreso le manifestó a Ruiz “su apoyo y entera disposición para aunar esfuerzos y sacar adelante aquellos proyectos que se consideren estratégicos en la búsqueda de una justicia firme, transparente y equitativa para todos los colombianos”.
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Pero no solo es el proyecto gubernamental. En el Congreso ya están otras dos iniciativas que también pretenden reformar la justicia. La primera fue radicada por el Consejo Superior de la Judicatura y plantea una reingeniería estructural a esta rama del poder público. La segunda es la impulsada por la Procuraduría, que tiene como foco principal la adopción de mecanismos que permitan un acceso más rápido del ciudadano a los jueces, fiscales y demás instancias judiciales.
Tareas
El presidente Duque también le señaló al designado ministro Ruiz la tarea de acompañar y liderar una parte sustancial de la política Ruta a futuro, que contiene los lineamientos de la lucha integral contra el problema de las drogas ilícitas, entre ellos la articulación institucional para romper las cadenas de abastecimiento y de lavado de activos, de modo que se puedan seguir judicializando y desvertebrando las estructuras criminales.
Igualmente, el jefe de Estado destacó que el titular de la cartera de Justicia tendrá a su cargo la tarea de seguir fortaleciendo el sistema penitenciario y carcelario.
De acuerdo con el mandatario, otras prioridades del alto funcionario se relacionan con la tarea de seguir construyendo, con el sistema judicial, el principio de colaboración armónica entre poderes.
Finalmente, indicó que dentro de las responsabilidades de Ruiz se resalta la prioridad que debe darse a todo el proceso de digitalización de la justicia.