Un balance “muy preocupante” sobre la situación de seguridad de los líderes sociales y políticos durante el primer semestre de 2020, presentó la Misión de Observación Electoral (MOE).
La MOE analizó el periodo de confinamiento estricto -25 de marzo a 11 de mayo- y destaca que si bien la violencia se redujo en 50%, durante ese lapso se registraron 248 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, una cifra mayor a la del mismo periodo de 2019 cuando no había restricción de la movilidad.
Por regiones, el informe dice que los departamentos más afectados siguen siendo Cauca, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Córdoba.
El informe destaca que en Vichada se presentó el primer crimen de un líder social después de cuatro años, mientras que en Nariño hubo una gran reducción de estas agresiones en el periodo en estudio pero se incrementó luego del confinamiento.
Además, el análisis muestra que de los 81 asesinatos que se han cometido en estos seis meses en todo el país, 52 se presentaron en territorios donde se aplican los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), es decir que 64,2% de los homicidios se dieron en zonas priorizadas por el Estado, lo que representa 39% más que en el mismo lapso del año pasado.
Un aspecto que resalta el análisis es que la violencia contra líderes sociales aumentó en número y en letalidad; es decir, el número de asesinatos creció 85% mientras las amenazas disminuyeron 24% en estos seis meses.
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Esto significa que “en la medida que los líderes sociales no tienen margen de negociación, debido a que representan los intereses comunitarios, los de sus vecinas y vecinos, sus voces son silenciadas por parte de los actores que buscan el control de los territorios”, señala el documento.
Líderes políticos
Contra ellos se registraron 89 casos en el primer semestre, 35% de ellos contra funcionarios electos en 2019.
En el primer semestre de este año fueron agredidos 8 alcaldes, 42 concejales, 3 ediles y 2 diputados, lo que concluye que “la intención es controlar no solo el actuar social, sino de los gobiernos locales a partir del sometimiento de sus líderes”, concluye la MOE.
“La intención es controlar no solo el actuar social, sino de los gobiernos locales a partir del sometimiento de sus líderes”: MOE.
Y con relación a los líderes comunales, el informe dice que se presentaron 35 hechos de violencia. De ellos 19 fueron asesinatos, dos atentados, tres secuestros, una desaparición y diez amenazas.
“Lo anterior refleja que el 60% de las agresiones contra este tipo de liderazgo fueron letales, lo cual es preocupante considerando que estos ciudadanos son la expresión de la democracia en el nivel más cercano a la población”, agrega el informe.
Las lideresas sociales sufrieron 57 atentados. Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “las agresiones a las lideresas son particularmente preocupantes, pues se convierten en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en los espacios de toma de decisiones y gobierno”.
Los ataques contra las minorías -líderes afro e indígenas-, representaron el 13% de los hechos registrados este año, siendo 58% agresiones letales contra los afrodescendientes y 70% en el caso de los indígenas.
De acuerdo con la MOE, son 109 los municipios impactados por la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en lo corrido del 2020. En el 67% de ellos (73 municipios) hay presencia de al menos un grupo armado ilegal.
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Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea (UE), consideró que el informe “constituye una alerta sobre los riesgos de la violencia para la democracia en Colombia”.
A su turno, Martin Sjögren, encargado de Negocios de la Embajada de Suecia en Colombia, señaló que este documento “pone en evidencia cómo las causas estructurales y propias del conflicto acentúan la violencia hacia las personas que nutren la democracia desde la base”.
Mientras tanto, la directora de la MOE concluye que “lo que está pasando es una tragedia en términos locales: cada día son mayores los ataques a los liderazgos que trabajan por transformar la realidad de sus comunidades”.
Entre las recomendaciones que contiene el documento dirigido al Gobierno se hace énfasis en la adopción de “medidas urgentes” de protección y que las autoridades investiguen las agresiones.