POR PRESUNTAS irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la Unión Temporal Centros Poblados para instalar 7 mil puntos de acceso digital en zonas rurales, la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra cinco personas.
Los indiciados disciplinariamente son Adriana Vanessa Meza Consuegra, exsecretaria general del Ministerio; Sandra Orjuela Méndez, ex subdirectora de Gestión Contractual; y Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura. Y los particulares son Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal, y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato en mención.
Para el Ministerio Público, Meza Consuegra tendría responsabilidad disciplinaria en la comisión de la falta gravísima prevista por participar en la etapa precontractual de la licitación pública y en la actividad contractual del contrato, desconociendo los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal.
Aseguró la Procuraduría que “algunas de sus presuntas acciones reprochables fueron: abrir la licitación través de la Resolución 719 del 23 de septiembre de 2020, adjudicar la región B de este proceso de selección a la UT Centros Poblados, mediante la Resolución 1138 del 9 de diciembre de 2020 y celebrar con esta misma el contrato de aporte 1043 del 18 de diciembre de 2020, con estudios previos insuficientes y pliegos de condiciones carentes de reglas objetivas y completas”.
Lo anterior -advirtió el ente de control- teniendo en cuenta que fueron modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones técnicas, financieras y jurídicas definidas por el estructurador del proceso contractual que había sido contratado por el FonTIC por dos mil millones de pesos, con la finalidad de elaborar la estructuración del proyecto de acceso público a internet para zonas rurales, sin que para tales modificaciones contaran con los estudios y análisis técnicos, jurídicos y financieros suficientes.
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Modificaciones
Por su parte, Santofimio, director de Infraestructura del Mintic y supervisor del contrato, quien tenía a cargo la estructuración de los estudios previos y pliego de condiciones del proceso contractual en cuestión, aparentemente permitió que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor consorcio Telbroad-Profit, sin mediar estudios que sustentaran la modificación.
En el caso de Orjuela Méndez habría incurrido en irregularidades en la etapa precontractual al desconocer los principios de selección objetiva, al habilitar, mediante evaluación jurídica, la propuesta presentada por la Unión Temporal pese a que, al parecer, no cumplía con los requisitos exigidos en el numeral 8.3. de los pliegos de condiciones. Esto porque con su propuesta presentó garantía bancaria de seriedad de la misma, sin que esta hubiese sido expedida realmente por el Banco Itaú, como lo aseveró el licitante en la oferta que presentó a la entidad contratante el 28 de octubre de 2020.
Sobre Duque Torres, representante de Centros Poblados, el Ministerio Público indicó que, presuntamente, falsificó las garantías bancarias por él suscritas y presentadas para amparar el buen manejo y correcta inversión del anticipo de los $70 mil millones de pesos (aún no recuperado), el cumplimiento general del contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, respectivamente.
Finalmente, frente a Izquierdo Rivera, el Ministerio Público estima que puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria al no haber verificado ni validado el cumplimiento de los requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario del 26 de marzo del 2021, en el que se dio aprobación para que el contratista utilizara los recursos, con cargo al primer desembolso a título de anticipo, toda vez que no verificó, ni garantizó la correcta citación al Banco Itaú al comité. De haberlo hecho, se habría evidenciado la falsedad de la que adolecía la garantía bancaria, antes del desembolso del valor del anticipo por parte del FonTIC.
Otras indagaciones
Ya la Procuraduría está investigando preliminarmente a la exministra Karen Abudinen, en tanto que la Fiscalía dictó medida de aseguramiento esta semana -y sus detenciones fueron avaladas el miércoles por un juez de control de garantías- a Emilio Tapia (condenado por el ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá y quien estructuró el contrato de Centros Poblados), el representante legal Duque (también en la mira del Ministerio Público) y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros.
De igual manera, la Contraloría adelanta pesquisas desde el flanco fiscal y ya tomó medidas cautelares de embargo.