Su preocupación manifestó ayer la Procuraduría General de la Nación por el incremento que se ha registrado en los primeros ocho meses de este año en accidentes por minas antipersonal en comparación con igual periodo del 2019.
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Según los registros de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hay 18 personas muertas y 96 heridas.
Así lo señaló el Ministerio Público al presentar el primer informe de seguimiento a la política pública de Acción Integral contra Minas Antipersonal. Por ello, el organismo hizo un llamado al Gobierno nacional para que fortalezca la implementación de esta política como garantía de no repetición para las víctimas y con el propósito de avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz.
De igual forma, rechazó la insistencia en el uso de este tipo de armas por parte de las organizaciones criminales y grupos armados ilegales, que entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio del presente año dejaron 433 víctimas en comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y en miembros de Fuerza Pública, principalmente en los departamentos Arauca, Antioquia, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
De acuerdo con la información reportada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre 1990 y julio de 2020 se han presentado 11.892 víctimas, de las cuales el 60.1% han sido militares y el 20% de los civiles afectados, es decir 1.220 corresponden a niños y adolescentes, víctimas de accidentes por Minas Antipersonal y artefactos explosivos improvisados (AEI). También ha habido un incremento en la proporción de víctimas civiles que alcanza al 58% del total de las registradas desde 2017.
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La Procuraduría urgió también al Gobierno priorizar la asignación para el desminado humanitario de los 166 municipios del país que aún no han sido intervenidos, con avance simultáneo de la estrategia de control y seguridad territorial, que garantice las operaciones de desminado y su sostenibilidad.
Actualmente, existen 391 municipios libres de sospecha de minas (212 liberados mediante operaciones de desminado humanitario y 179 mediante Consejos de Seguridad Municipal), 407 sin reporte de afectación y 322 municipios con algún tipo de sospecha y/o presencia de minas antipersonal.
El informe insistió además en la importancia de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) priorice un macrocaso sobre métodos y medios ilícitos de guerra durante el conflicto armado, así como la necesidad de avanzar en la inclusión de sanciones propias que privilegien el desminado humanitario y el suministro de información.
Las víctimas
El ente de control también solicitó al Gobierno brindar garantías a las comunidades afectadas por la presencia de minas antipersonal y avanzar en la atención y reparación integral de las víctimas.
Frente a la educación en el riesgo por las minas, el informe resaltó la inclusión en estos procesos pedagógicos de las comunidades étnicas y asociaciones de víctimas, para que sean desarrollados directamente en sus comunidades. Sin embargo, llamó la atención que este componente esencial de la política pública aún no tenga un plan operativo, fundamental para atender situaciones de emergencia en los territorios.
Para la Procuraduría, si bien la política pública contra minas ha progresado en cada uno de sus tres componentes (Atención Integral a Víctimas, Desminado Humanitario y Educación en Riesgo de Minas), el actual plan estratégico y sus dos planes operativos (Desminado Humanitario y Asistencia Integral a Víctimas) no incorporan indicadores, mecanismos de seguimiento y plazos claros que reflejen de qué manera el país cumplirá con todas las obligaciones adquiridas en la Convención de Ottawa para el año 2025.
En cuanto a la Asistencia Integral a Víctimas, el informe identificó brechas para el acceso a los servicios de salud, rehabilitación física, atención psicosocial y medidas de restablecimiento de derechos, debido a que gran parte de las personas afectadas se encuentran en zonas rurales con precario acceso al sistema, lo que dificulta la efectiva restitución de sus derechos.
La Procuraduría enfatizó en la necesidad de garantizar una mayor articulación entre la AICMA y otras iniciativas derivadas del acuerdo de paz, como la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la política de catastro o el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y la política pública de víctimas y restitución de tierras, lideradas por el Gobierno nacional. La persistencia de artefactos es un obstáculo para la adecuada implementación de estas iniciativas.