Los usuarios colombianos, personas naturales y empresarios, se han ahorrado $204.800 millones, gracias a las 2.386 intervenciones que hizo el Gobierno en agosto mediante la estrategia ‘Estado Simple, Colombia Ágil’.
Este resultado se debió a la reducción en tiempos de espera y desplazamientos, así como a otros beneficios, asociados a los costos que bajaron o desaparecieron en transporte, correspondencia, impresiones y fotocopias. A esto se suma la reducción o eliminación de algunas tarifas para acceder a servicios y documentos.
Señala un informe oficial que durante este mes se reportaron 38 acciones de racionalización, que corresponden a la simplificación de 22 trámites, la eliminación de 9 barreras y la intervención de 7 normas obsoletas o de alto Impacto.
Indica el análisis que 22 entidades, que incluyen cinco ministerios, tres superintendencias y tres alcaldías, hicieron aportes encaminados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a favorecer la productividad de las empresas.
En línea
Señala que entre las facilidades están la emprendida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) que puso en funcionamiento sistemas tecnológicos para consultas públicas en línea, a través de los cuales se puede consultar información como la base de datos de los productos bajo su competencia.
Algo similar hizo el Ministerio del Interior, al habilitar mecanismos en línea para consultas de información o expedición de certificados relacionados con grupos étnicos, organizaciones sociales y entidades religiosas.
Las intervenciones eliminan cobros y desplazamientos por consultas para acceder a información pública.
A su vez, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) facilitó el proceso para generar o gestionar la firma electrónica, instrumento que agiliza el cumplimiento de las obligaciones ante la entidad, entre estos presentar la declaración de renta.
También, la Superintendencia de Notariado y Registro definió los montos que podrán cobrar los notarios por la prestación de sus servicios, lo que garantiza que en todo el territorio nacional los usuarios paguen igual valor por el mismo acto.
En este mismo propósito, la Superintendencia de Sociedades virtualizó la participación en las audiencias y diligencias judiciales, así como la notificación de decisiones en los procesos de insolvencia.
Otras acciones
El sector agropecuario se vio beneficiado con medidas tomadas por la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, que simplificó tanto lineamientos como requisitos para el comercio exterior de los productos que controla. Además, el Ministerio de Agricultura creó un consejo nacional y un comité técnico para atender asuntos de bienestar animal.
La salud de los colombianos se verá beneficiada dados los derroteros establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el manejo del talento humano en salud durante la pandemia del covid-19.
A esto se sumarán las acciones que ponga en marcha el Ministerio del Trabajo para identificar y evaluar factores de riesgo psicosocial. También se favorece la agilización en la entrega de historias clínicas y resultados de rayos X por parte de servicios de salud de Bogotá.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó acciones que simplifican el acceso por parte de la población discapacitada a la información electoral. De igual modo, se facilita la inscripción de veedurías electorales, así como el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas.
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) tomó medidas para favorecer a los usuarios de sus servicios, mientras que el Ministerio de Hacienda simplificó procedimientos que impactan la ejecución presupuestal de las entidades del Estado.
En Risaralda, la Gobernación creó un aplicativo para refrendar el carné de aplicación de plaguicidas. Otras entidades que pusieron en marcha alternativas tecnológicas para los usuarios fueron el Hospital de Guarne (Antioquia), la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Universidad de Cartagena.
En la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) se eliminó un trámite que ya no estaba en uso, mientras que la Superintendencia de Servicios Públicos mejoró los procesos para que las entidades vigiladas le reporten información.
Entre las 2.386 acciones de racionalización que totaliza la estrategia, desde agosto de 2018, se discriminan en 1.685 trámites, 262 barreras y 439 normas obsoletas o de alto impacto.