Nuevos desarrollos en el proceso por el cuestionado contrato firmado por más de un billón de pesos entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la Unión Temporal Centros Poblados para instalar siete mil puntos de internet en sitios apartados en el país.

Anoche un juez de control de garantías de Bogotá decidió enviar a la cárcel al condenado excontratista Emilio Tapia, al igual que a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal así como a Juan José Laverde, de la empresa Rave Agencia de Seguros.

El material de prueba da cuenta de que se habría falsificado la garantía bancaria para el contrato, que supuestamente fue suscrita el 28 de octubre del año pasado con el banco Itaú. Este documento fraudulento, al parecer, fue cargado al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) y presentado ante el Mintic.

Para la Fiscalía, presuntamente, se radicaron pólizas falsas para soportar una oferta en el proceso de licitación pública y quedarse con el millonario contrato, como efectivamente ocurrió. Esto evidenciaría que se indujo a error a los funcionarios encargados de la etapa precontractual y contractual.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, cargos que no fueron aceptados.

Tapia (condenado por su participación en el escándalo del ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá durante la alcaldía del también condenado y preso Samuel Moreno) así como Duque y Laverde fueron capturados por personal del CTI de la Fiscalía, en diligencias realizadas en Barranquilla (Atlántico) y Medellín (Antioquia).

Este resultado hace parte de una línea investigativa relacionada con las posibles falsedades detectadas. Simultáneamente, avanza otro frente de indagación que busca esclarecer el destino y uso de los dineros públicos comprometidos. Como se sabe, todavía no se ha podido recuperar el anticipo de $70 mil millones de pesos girados al contratista.

Durante la audiencia, Tapia solicitó que fuera recluido en una guarnición militar, pero el juez negó esa pretensión, afirmando que “representa un peligro para la sociedad, tanto así que se perdieron $70 mil millones de pesos, es el fraude más grande que ha conocido este despacho”.

El togado consideró que Tapia debe tener máxima seguridad en el establecimiento carcelario que sea recluido.

El abogado de la Unión Temporal, Jorge Pino Ricci, había declarado a mitad de semana, que Tapia fue el estructurador del contrato.

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Cargos disciplinarios

De otro lado, a mitad de semana por irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución del contrato la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra cinco personas.

Los indiciados disciplinariamente son Adriana Vanessa Meza Consuegra, exsecretaria general del Ministerio; Sandra Orjuela Méndez, ex subdirectora de Gestión Contractual; y Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura. Y los particulares son Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal, y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato en mención.

Para el Ministerio Público, Meza Consuegra tendría responsabilidad disciplinaria en la comisión de la falta gravísima prevista por participar en la etapa precontractual de la licitación pública y en la actividad contractual del contrato, desconociendo los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal.

Por su parte, Santofimio, director de Infraestructura del Mintic y supervisor del contrato, quien tenía a cargo la estructuración de los estudios previos y pliego de condiciones del proceso contractual en cuestión, aparentemente permitió que fueran modificadas las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor consorcio Telbroad-Profit, sin mediar estudios que sustentaran la modificación.

En el caso de Orjuela Méndez habría incurrido en irregularidades en la etapa precontractual al desconocer los principios de selección objetiva, al habilitar, mediante evaluación jurídica, la propuesta presentada por la Unión Temporal pese a que, al parecer, no cumplía con los requisitos exigidos en el numeral 8.3. de los pliegos de condiciones.

Sobre Duque Torres, representante de Centros Poblados, el Ministerio Público indicó que, presuntamente, falsificó las garantías bancarias por él suscritas y presentadas para amparar el buen manejo y correcta inversión del anticipo de los $70 mil millones de pesos (aún no recuperado), el cumplimiento general del contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, respectivamente.